El IFT impugnará ante el Supremo el padrón de datos biométricos para usuarios de celulares

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha aprobado este miércoles presentar una controversia constitucional ante el Supremo mexicano en contra de la creación de un padrón que contenga los datos biométricos para tener acceso a una línea de teléfono móvil. El organismo considera que la reforma aprobada por el Poder Legislativo “contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos conte...

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha aprobado este miércoles presentar una controversia constitucional ante el Supremo mexicano en contra de la creación de un padrón que contenga los datos biométricos para tener acceso a una línea de teléfono móvil. El organismo considera que la reforma aprobada por el Poder Legislativo “contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en la Constitución”.

Otra de las razones que ha dado el IFT para interponer este recurso legal es el costo que supone la obtención y resguardo de datos biométricos, como huellas dactilares, registros faciales o de voz. “No existe justificación para que el legislador determine que el IFT deba realizar las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener dicho Padrón, se hagan con cargo a su presupuesto”, ha manifestado el pleno de este organismo.

A mediados de abril, la Cámara de Senadores aprobó la creación de esta gran base de datos de los usuarios (nuevos y ya existentes) de telefonía móvil, que incluiría nombre, domicilio y sus registros biométricos. Al hacerse oficial este mandato, el IFT está obligado a crear lineamientos y designar recursos para almacenar y resguardar la información que recaben los operadores móviles de las más de 120 millones de líneas telefónicas que existen registradas en México. Para Irene Levy, abogada especialista en telecomunicaciones, se trata de una vulneración a la autonomía de este organismo. “Se trata de un conflicto porque por un lado la Constitución ordena conectar a los mexicanos y este padrón ordena desconectar a quienes no quieran o no puedan entregar sus datos biométricos”, precisa la abogada.

El IFT, al igual que otros organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han sido el blanco de ataques de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha propuesto en varias ocasiones su eliminación y reconcentrar sus facultades en el Ejecutivo.

Hasta el momento, varios despachos de abogados y organismos defensores de derechos digitales han asesorado a usuarios para evitar que en un futuro puedan ser desconectados ante la negativa de entregar sus datos biométricos para hacer uso de una línea. De acuerdo con datos de la organización civil Causa en Común, han recibido 6.500 solicitudes de usuarios para unirse a una demanda de amparo colectivo, mientras que otros 1.286 personas lo han hecho de modo individual.

Sin internet móvil, pero tampoco internet fijo

La promesa de que todos los mexicanos tengan acceso a internet como parte de un derecho fundamental está cada vez más lejos de cumplirse. Las políticas del Gobierno de México y de sus órganos legislativos, -como la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil- contravienen los mandatos constitucionales de brindar acceso a las tecnologías de información y telecomunicaciones, expresados en los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana. Aunque en diciembre pasado López Obrador aseguró que el número de comunidades con internet pasaría de 46.783 a más de 122.000 en el año 2020, aún no existen los parámetros para que esta conectividad sea efectiva.

Michel Hernández Tafoya, presidente de Observatel, organismo especializado en telecomunicaciones, indica que a dos años del inicio de la Administración no existe una Política de Inclusión Digital Universal, ni lineamientos para que las empresas de telecomunicaciones, públicas o privadas, puedan dotar de internet a las comunidades. “Yo esperaría que hubiera un cambio de prioridades con la pandemia, pero a dos años del inicio de esta administración desafortunadamente México es uno de los pocos países que no cuentan con esta política”, indica.

México es uno de los pocos países del mundo que no cuenta con una política que fomente la conexión de los usuarios a internet. De acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), al menos 73 países cuentan con una agenda digital, mientras que 118 países cuentan con un plan de desarrollo que considera el acceso a las tecnologías de información.

La pandemia por la covid-19 ha aumentado las necesidades del mundo de tener acceso a internet, y México no es la excepción. De acuerdo con el INEGI, solo el 52% de los hogares en México cuentan con servicio de internet en casa. Sin embargo, el teletrabajo y las clases a distancia han aumentado la demanda de los servicios de banda ancha fija de los mexicanos. Según el IFT, 64,7% de los usuarios con internet en sus hogares mencionó tener contratada una velocidad igual o mayor a 20 Mbps, mientras que en de 2019 la cifra era de 46.4%. Asimismo, la demanda de los servicios ha encarecido el costo de los paquetes de internet en el hogar en alrededor de 23% en el último semestre de 2020.

Hasta ahora, México ocupa uno de los peores lugares en cuanto a velocidad de conexión en banda ancha fija. De acuerdo con el índice global de velocidad de conexión elaborado por Speedtest, el país se encuentra en el puesto 80 de 141 países con una velocidad de descarga de 46 Megabytes por segundo (Mbps) en cuanto a conexión de internet fijo y ocupa el puesto 69 en conexiones de internet móvil con una velocidad de descarga de 36 Mbps.

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