El Gobierno investiga la gestión de las prisiones durante los años de Calderón y Peña Nieto

Los contratos de administración de ocho prisiones de gestión público-privada han irrumpido con fuerza en el escenario de corruptelas que alimenta el actual Gobierno en México. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) desmadeja el ovillo del caso Odebrecht, la corrupción en Pemex o el ...

Los contratos de administración de ocho prisiones de gestión público-privada han irrumpido con fuerza en el escenario de corruptelas que alimenta el actual Gobierno en México. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) desmadeja el ovillo del caso Odebrecht, la corrupción en Pemex o el desvío masivo de recursos a través de secretarías de Gobierno durante los años de Enrique Peña Nieto (2012-2018), un nuevo asunto asoma entre bambalinas, esta vez con el sistema penitenciario de fondo. Son miles de millones de dólares en gasto público, que expertos consultados por EL PAÍS llaman, en el mejor de los casos, “exagerado” y en el peor, “un robo”.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado que el costo de administrar estas ocho cárceles durante los últimos nueve años —todo el sexenio de Peña Nieto, más dos años de Felipe Calderón (2006-2012)— superó los 75.000 millones de pesos, a razón de 3.819 pesos por reo al día, unos 200 dólares. “Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo”, dijo el mandatario este miércoles en conferencia de prensa. A modo de comparativa, el Ejecutivo informó de que en los penales de Ciudad de México, el gasto diario por reo es de 500 pesos.

Se trata de prisiones de gestión público-privada, construidas por empresas que luego obtuvieron contratos para su administración. “Los beneficiarios de estos contratos estaban muy vinculados al poder”, ha dicho López Obrador. Las prisiones se construyeron durante los años de Felipe Calderón y los contratos de administración se firmaron a finales de su mandato, siete en diciembre de 2010 y uno en marzo de 2011. La doctora Elena Azaola, que ha investigado las prisiones mexicanas durante los últimos 40 años, explica que el origen de este modelo “es la existencia de grandes compañías con una gran capacidad de cabildeo y de corrupción de funcionarios. Al calor de la guerra contra las drogas [a principios de los años de Calderón] se preveía que la población carcelaria iba a crecer y por eso se hicieron estos centros”, explica.

En los años de Calderón, Azaola formaba parte del consejo ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública federal, encabezada entonces por Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. “En el tema de las cárceles le dije que no estaba claro que el modelo público-privado fuera el adecuado y que la relación costo beneficio no era la mejor”, dice.

Preguntada por las denuncias de abuso de López Obrador, Azaola recuerda lo que pensó entonces. “Y el robo… Yo siempre insistí en que revisaran los contratos. Lo palpa uno cuando ve todo ese exceso de kilómetros de concreto: ¡Tienen que recorrerlo en cochecitos de golf!”.

En el sexenio de Peña Nieto, Eduardo Guerrero dirigió durante un año el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependencia que gestiona las cárceles federales. “Cuando yo estuve, el 70% del presupuesto se iba en el pago de estos contratos. Es exagerado”, señala. “Debe llegarse a un acuerdo con los proveedores”.

Guerrero retoma uno de los puntos que tocó López Obrador el miércoles: el futuro. Los 75.000 millones de pesos abonados a los proveedores son apenas un tercio del monto comprometido hasta el fin de los contratos, que vencen en 2032. El total asciende a 266.000 millones de pesos, 14.000 millones de dólares al cambio actual. “Los costos son excesivos, porque hay una sobredimensión de lo que debe ser el centro. Por ejemplo, el penal femenil de Morelos se hizo en 105 hectáreas. Tú no necesitas tanto espacio, porque además lo vuelves inoperante”. Preguntado por si tuvo sospechas sobre el monto de los contratos que heredó, responde: “Nosotros nunca tuvimos acceso a costos ni a corridas financieras. No teníamos acceso a ese tipo de información. No te sé decir si tuve sospechas o no. Lo que sí te digo es que era exagerado”.

Para Saskia Niño de Rivera, directora de la organización Reinserta, dedicada a fiscalizar las prisiones, el tema de fondo es “el olvido del sistema penitenciario”. Niño de Rivera sostiene que “son muchos sexenios en que han usado el sistema penitenciario para enriquecerse, dar contratos, etcétera. Muchos de los contratos del sexenio pasado tuvieron que ver con campañas electorales. Hay mordidas por todos lados y acuerdos por todos lados de cómo van a inflar los precios”.

Al fondo, García Luna

En su denuncia del miércoles, López Obrador y su equipo señalaron los contratos de gestión de las prisiones, pero no dijeron nada de los acuerdos para su construcción o el dinero que se gastó en ello. El Gobierno no ha informado de si existe documentación al respecto o si hay investigaciones abiertas. En cualquier caso, el nombre de García Luna aparece de fondo.

En octubre del año pasado, López Obrador denunció en conferencia de prensa un contrato firmado durante los años de Calderón con una empresa, Nunvav, para un servicio en una cárcel en Guanajuato. Haciendo detalló más tarde que el contrato, firmado para adquirir un equipo de vigilancia, ascendía a 19 millones de dólares, de los que ya se habían desembolsado 14. La dependencia explicó que no pagó el resto porque no encontró evidencia de la puesta en marcha del sistema.

En su libro Los Millonarios de la Guerra, la periodista Peniley Ramírez narra cómo una familia de amigos de García Luna, los Weinberg, intermediarios de empresas de seguridad israelíes, consiguieron contratos del Gobierno federal durante los años de Calderón y Peña Nieto. Los Weinberg usaron una red de compañías para conseguir los contratos, entre ellas Nunvav. La denuncia que presentó hace unos meses la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante la FGR contra García Luna tiene que ver con los contratos de Nunvav.

No está demasiado claro qué otros contratos se firmaron entonces entre la Secretaría de Seguridad Pública y la red de los Weinberg. En su libro, Ramírez narra un episodio que, dice, contrastó con hasta cuatro fuentes. En abril de 2012, a unos meses del fin del Gobierno de Calderón, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública destruyeron documentos en la oficina de Vanesa Pedraza, funcionaria de la coordinación de asesores de García Luna. “Eran expedientes de concursos, contratación y supervisiones de contratos que los Weinberg habían obtenido con la Seguridad Pública. Los expedientes abarcaban la negociación del equipamiento con tecnología de seguridad para el nuevo sistema de cárceles federales”, narra la reportera.