Detenidos seis agentes de la Guardia Nacional por la muerte de una manifestante en Chihuahua
Los elementos participaron en el tiroteo en el que murió Jessica Silva cuando protestaba por el conflicto del agua en la presa La Boquilla, en septiembre
Seis elementos de la Guardia Nacional han sido aprehendidos por su supuesta responsabilidad en la muerte de Jessica Silva, una de las dos personas que perdieron la vida en las manifestaciones por la presa La Boquilla, en Chihuahua, el pasado 8 de septiembre. La Fiscalía General ha llevado a cabo la investigación de los seis sospechosos, a quienes se les imputan delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio....
Seis elementos de la Guardia Nacional han sido aprehendidos por su supuesta responsabilidad en la muerte de Jessica Silva, una de las dos personas que perdieron la vida en las manifestaciones por la presa La Boquilla, en Chihuahua, el pasado 8 de septiembre. La Fiscalía General ha llevado a cabo la investigación de los seis sospechosos, a quienes se les imputan delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio. La Guardia Nacional ha notificado este martes en Twitter que no se tolerarán “abusos o uso excesivo de la fuerza por parte de su personal, normando su actuación en el irrestricto respeto a los derechos humanos”. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, reconoció poco después del tiroteo en una conferencia matutina de Palacio Nacional que el hecho “fue un desgraciado, lamentable accidente”.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado la mañana de este martes que se castigará a los presuntos responsables de estos hechos. “Nosotros no vamos a encubrir a nadie, no hay impunidad en este Gobierno”, ha sentenciado. El presidente ha recordado que en su momento la Guardia Nacional y el Gobierno colaboraron con las autoridades ministeriales y de justicia para esclarecer lo ocurrido y delimitar responsabilidades por la tragedia de Chihuahua.
Jessica Silva perdió la vida la noche del martes 8 de septiembre. Ese día, la tensión por el conflicto del agua en Chihuahua escaló de forma violenta. Varios agricultores armados con bates y sus herramientas de labriego tomaron la presa La Boquilla y cerraron sus compuertas para detener el flujo de agua que México debe entregar a Estados Unidos. La lucha se saldó con varios heridos y dos muertos. El comandante Rodríguez Bucio alegó que los agentes de la Guardia Nacional “escucharon disparos”, pero que no sabían de dónde provenían. Entonces, “uno de los elementos dispara, desgraciadamente en ese momento uno de los cuatro vehículos que iban estorbando el movimiento del convoy que llevaba a los detenidos iba pasando a lado derecho del vehículo de la Guardia y fue que le pega a las dos personas”.
Los productores insistían en que necesitaban este recurso para sus campos en medio de una intensa sequía que aquejaba a la región. Las autoridades afirmaron que detrás del conflicto hay manipulación política de grupos opositores, pero también la presión de poderosos productores de nuez y alfalfa, que necesitan el agua para mantener sus enormes plantaciones. El presidente López Obrador ha enmarcado esas protestas como un intento de la oposición, Chihuahua es gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), por rivalizar con la Administración de Morena de cara a los comicios de 2021. El Estado del norte es uno de los 15 que elegirá nuevo Gobierno local.
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) rechazó las excusas del comandante Bucio. “Manifestamos nuestro desacuerdo con estas expresiones, pues no puede tratarse de un accidente cuando, en el contexto de un conflicto social, interviene la Guardia Nacional y el resultado es una persona fallecida y otra gravemente lesionada”. El colectivo pidió una investigación gubernamental objetiva “para que se haga justicia para la víctima y sus familiares”, a través de un comunicado.
La Guardia Nacional es la apuesta de López Obrador para tratar de devolver la paz al país. El cuerpo de seguridad fue creado en este Gobierno no sin polémica, ya que su formación se puso en manos de las fuerzas armadas, principalmente el Ejército. Esto provocó muchas quejas de los organismos de defensa de los derechos humanos, quienes argumentaron que la nueva fuerza debía ser comandada y guiada por un civil y no por quien ha sido responsable de numerosas violaciones de derechos humanos a lo largo de los años de la guerra contra el narcotráfico.