Nuevas sospechas contra Cienfuegos: el H2 quedó fuera de los “objetivos prioritarios” de la lucha antinarco

Uno de los pilares de la estrategia de seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto se enfocó en la detención de 122 “objetivos prioritarios”, definidos por el propio mandatario como los delincuentes de mayor peligro en el país. Sin embargo, en este listado nunca figuró Juan Francisco Patrón Sánchez, alias H2, líder de los Beltrán Leyva que fue señalado en Estados Unidos de haber recibido protección del exsecretario de la Defensa Nacional,...

Uno de los pilares de la estrategia de seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto se enfocó en la detención de 122 “objetivos prioritarios”, definidos por el propio mandatario como los delincuentes de mayor peligro en el país. Sin embargo, en este listado nunca figuró Juan Francisco Patrón Sánchez, alias H2, líder de los Beltrán Leyva que fue señalado en Estados Unidos de haber recibido protección del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. Incluso, el Cartel de los Beltrán Leyva, una escisión del Cartel de Sinaloa, fue una de las organizaciones menos afectadas durante la Administración anterior, según documentos entregados vía transparencia a este diario por las autoridades mexicanas.

Patrón Sánchez fue asesinado en febrero de 2017 en Tepic, Nayarit, tras un intenso enfrentamiento con miembros de la Marina, donde no hubo participación del Ejército. Se le llegó a considerar uno de los principales líderes de los Beltrán Leyva tras la captura de Héctor, el último de los hermanos que conformaron el cartel y que quedaba en libertad. Pese a que Patrón Sánchez fue identificado al inicio de la Administración anterior como uno de los líderes de las células escindidas de los Beltrán Leyva y tras su muerte en 2017 las propias autoridades mexicanas lo señalaron como “cabeza del grupo delictivo Beltrán Leyva” en el Estado de Nayarit y el sur de Sinaloa, su nombre ni su apodo figuran en el informe sobre los objetivos prioritarios “abatidos o capturados” entre 2012 y 2018, proporcionado a este diario por la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los 122 objetivos hay delincuentes de mediano perfil, pero también hay figuras por las que incluso el Gobierno ha ofrecido millonarias recompensas, como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, fundadores del cartel de Sinaloa; los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes de Los Zetas; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos de Amado, alias El señor de los cielos, quien fuera el líder del cartel de Juárez; Inés Coronel Barrera, el suegro de El Chapo Guzmán; Servando Gómez Martínez, fundador de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno, creador de la Familia Michoacana, y Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Del cartel de los Beltrán Leyva, el líder más visible que las autoridades se habían fijado detener era Héctor Beltrán Leyva, según el listado consultado. El H, como se le apodaba, fue capturado en octubre de 2014 por agentes de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y dos años después murió en prisión a causa de un infarto. Posteriormente, en febrero de 2016, el titular de la entonces Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, anunció la segunda detención más importante relacionada a ese cartel. Se trataba de Francisco Hernández García, alias El 2000, que había asumido el liderazgo de la organización tras la captura de Héctor. El operativo de la detención estuvo a cargo de la Policía Federal y del Ejército, según informó el funcionario federal.

Los otros cuatro capos relacionados a la organización Beltrán Leyva que aparecen en el listado de objetivos prioritarios están vinculados a las células que surgieron tras los diversos golpes que sufrió el cartel liderado por los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). A finales de ese Gobierno, el país quedó sumido en una crisis de violencia ante la ausencia de una eficaz estrategia de seguridad. El combate frontal y la captura de capos había ocasionado que los carteles se dinamitaran en pequeñas células ante la falta de los líderes, que eran capturados o asesinados en enfrentamientos policiales y militares. A principios de 2013, en el sexenio de Peña Nieto, la PGR tenía registros de 80 células y pandillas vinculadas con ocho grandes carteles de la droga. Los Beltrán Leyva eran justamente la organización con más escisiones: había 42 pequeños grupos que operaban en quince estados, desde Sonora y Nuevo León, en el norte, hasta Guerrero y Chiapas, en el sur, pasando por Ciudad de México o Morelos, en el centro del país.

Una de esas células de los Beltrán Leyva identificada por las autoridades de inteligencia desde 2013 era la encabezada por Patrón Sánchez, que en ese entonces tenía presencia en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) fechado en marzo de ese año. Pese a que en el documento, el H2 había sido señalado como operador de los Beltrán, no fue incluido en el listado de objetivos prioritarios elaborado al inicio de la Administración de Enrique Peña Nieto.

Además, mientras Patrón Sánchez fue excluido de ese listado, los que sí figuraban eran cuatro supuestos líderes de las otras células de los Beltrán Leyva. Dos de ellos: Daniel Fernández Domínguez, El Pelacas, y Wenceslao Carmona Álvarez, El Huerco, fueron detenidos en febrero y junio de 2014, respectivamente. Ambos estaban señalados de ser los líderes de La Oficina. El tercer objetivo que se fijó el gabinete de seguridad fue Victor Hugo Aguirre Garzón, detenido en marzo de 2015 e identificado por las autoridades como el líder del Cartel Independiente de Acapulco (CIDA). La cuarta captura fue la de Samuel Lizárraga Ontiveros, líder de los Mazatlecos.

En el listado de objetivos prioritarios figuraban los “delincuentes de mayor peligrosidad cuya captura resultaba esencial para mantener el estado de derecho”, según la Fiscalía. Este documento se elaboró con información de las distintas áreas de inteligencia que operaban en la Procuraduría General de la República, Marina, Ejército y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señalan expertos en temas de seguridad. Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM que se ha enfocado en estudiar a las Fuerzas Armadas, explica que en la elaboración de esta lista también habrían participado autoridades de Estados Unidos. “Ellos (EE UU) los seleccionaban con base en la importancia que estos individuos tienen en la exportación de drogas y la obtención de ganancias. Ellos van definiendo primero por organizaciones criminales y luego por personas”, menciona.

Para Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, experto en temas de seguridad nacional, la decisión final de incluir o quitar nombres del listado recayó en Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, Eugenio Imaz, del CISEN, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional y Vidal Francisco Soberón, de la Marina. Todos ellos eran integrantes del gabinete de seguridad nacional que operaba en ese entonces. El académico considera que esta lista elaborada al principio de la Administración se hizo de manera prematura, ya que en ese entonces el Gobierno federal de Peña Nieto aún no contaba con una estrategia definida en materia de seguridad.

Patrón Sánchez, originario de Mazatlán (Sinaloa), controlaba desde 2010 la parte norte de Nayarit, altamente productiva de goma de opio, lo que le generó redituables ganancias, pero también se encargaba de la producción de metanfetamina, con lo que ganó más poder, según una ficha policial dada a conocer en 2017 por el semanario especializado en temas de narcotráfico, Riodoce. Pese a ser el líder de unas de las células de los Beltrán Leyva, mantuvo un bajo perfil. Esto le habría ayudado a pasar desapercibido mediáticamente, hasta que Estados Unidos empezó a hacer revelaciones sobre esta organización tras la captura de Edgar Veytia, quien fuera fiscal en Nayarit. “Fue el Gobierno de Estados Unidos que le da seguimiento a esta organización del H2 y que puso especial énfasis en el pacto de impunidad que existía en Nayarit, fue quien dijo que faltaba ponerle atención a ese cartel en particular”, dice el investigador Rodríguez Sánchez-Lara.

La protección al H2

En las revelaciones hechas por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York ahora se sabe que Patrón Sánchez llevó su actividad criminal sin “interferencia significativa del Ejército” debido a los sobornos que supuestamente le habría pagado al exsecretario Cienfuegos. Según el escrito de acusación, el dinero que el narco le entregó al general le aseguró a El H2 que al menos entre 2015 y 2017 no hubiera operativos militares contra su grupo criminal y que se emprendieran ataques a sus rivales. Las pruebas obtenidas por Estados Unidos también revelan que el máximo responsable del Ejército en México habría intervenido para conectar a miembros del grupo H2 con otros oficiales mexicanos corruptos dispuestos a ayudarlos a cambio de sobornos y que además los alertaba sobre investigaciones seguidas en Estados Unidos en contra de ellos y les revelaba quiénes eran los informantes.

En el informe elaborado por el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la FGR se lee que de los 122 objetivos prioritarios en el sexenio anterior fueron capturados o “abatidos” (asesinados) 110. Los menos tocados fueron los Beltrán Leyva con la detención de seis de sus integrantes, así como los Arellano Félix y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la agrupación criminal de mayor expansión durante el sexenio de Peña Nieto. Los carteles más golpeados con detenciones y asesinatos de sus miembros durante seis años fueron Los Zetas y el cartel de Sinaloa.

La estrategia de disminuir la violencia con la captura de 122 objetivos prioritarios fue un fracaso: los índices delictivos no disminuyeron y los supuestos líderes capturados no lograron ser sentenciados. Como dio a conocer EL PAÍS en julio de 2018, una vez que estos individuos eran detenidos las autoridades ministeriales no lograban condenarlos ante los tribunales, en la mayoría de los casos por una serie de fallas al debido proceso. Al final del Gobierno de Peña Nieto, la Fiscalía solo había logrado cuatro sentencias ante el Poder Judicial, una por delincuencia organizada y las otras tres por delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Ninguno de los cuatro condenados había pertenecido a los Beltrán Leyva.