Hacienda y la plebe ante la emérita regularización

El rey emérito Juan Carlos I llevaba semanas recibiendo todo tipo de señales para que se confesara con Hacienda. Si regularizaba voluntariamente, es decir, antes de que le llegara un oficio de cualquier Administración reclamando esa deuda o abriendo diligencias sobre la misma, quedaría eximido de cualquier responsabilidad penal, según explica el artículo 305.4 del Código Penal. Finalmente, tras el puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, el abogado del rey emérito ha comunicado que su cliente ha procedido.

La actitud paciente demostrada por el ministerio fiscal y por la Administración tributaria en este caso pone de manifiesto que se quiere evitar al rey emérito el trago de un procedimiento penal que podría llevarle a la cárcel, aunque para ello tenía que pasar por caja. Este proceder, aun siendo extraordinario, no es nuevo. Es lo que hizo la Agencia Tributaria el 16 junio de 2010 cuando envió una carta a los 659 contribuyentes que aparecían en la lista Falciani, el informático del HSBC Suiza que se fue del banco con información de clientes que estaban ocultando dinero en este país a sus Haciendas. Hervé Falciani facilitó a la Administración tributaria francesa la documentación y de ahí llegó a la AEAT el listado con los españoles.

La carta de la Administración tributaria ofrecía la coartada para que entendieran que ese aviso era el salvoconducto para evitar la cárcel, ya que calificaba esa misiva como “un procedimiento de gestión tributaria que tiene por objeto el control del cumplimiento de sus obligaciones formales” y avisaba de que la “AEAT iniciaría un procedimiento de comprobación o investigación si una vez concluido el plazo (les daba 10 días) de atención al presente requerimiento no resulta adecuadamente justificada o regularizada su situación tributaria”. Esa carta fue determinante para que se considerara regularización voluntaria y, por tanto, no hubiera delito fiscal y así evitaran la cárcel. La diferencia entre procedimiento de gestión y procedimiento de comprobación era un abismo.

Desconocemos si esta vez se envió a palacio una carta similar o el aviso se produjo dando a conocer a los medios de comunicación la utilización irregular de fondos por parte del rey emérito, pero el efecto es el mismo. Fiscalía y Hacienda han esperado a que el rey emérito se retratara fiscalmente, sin enviarle formalmente notificaciones ni abrir diligencias indagatorias, igual que hace diez años con varios centenares de familias potentadas de este país.

El paso siguiente es que la Administración tributaria considere, como en aquellos casos de la lista Falciani, que esta regularización es “completa y veraz”. Los antecedentes nos llevan a pensar que en la Administración española hay enormes ganas, y es comprensible, de zanjar el asunto. Sin embargo, no parece que vaya a ser tan fácil en otras jurisdicciones, en Suiza sigue habiendo procedimientos abiertos, y menos aún que sus conciudadanos pasen página tan fácilmente y en medio de una enorme crisis.

Las informaciones aparecidas sobre los fondos que recibió el rey Juan Carlos I antes de abdicar son muy contundentes y en sustancia señalaban que el monarca habría recibido 100 millones de euros de Arabia Saudí, importe que se asocia a una comisión por la adjudicación de las obras del AVE de Medina a La Meca. Ese dinero fue depositado en dos fundaciones y luego fue a parar a la amiga Corinna y otras que no viene al caso repasar.

Como serían las cosas que el pasado 15 de marzo la Casa Real emitió un comunicado en el que el rey Felipe VI, para distanciarse de su padre, renunciaba a cualquier activo que pudiera llegarle por herencia “cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”. En el comunicado, hacía mención expresa de las fundaciones Lucum y Zagatka, donde la documentación publicada sitúa los fondos, y precisa que el rey emérito había pedido a su hijo que hiciera público “que de las dos fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S. M. el Rey”.

Este expediente lo sigue el fiscal de Suiza Ives Bertossa y la justicia española ha solicitado información, pero lo más probable es que acabe en archivo, ya que todo sucedió mientras que Juan Carlos I era el jefe del Estado y, como tal, tenía inviolabilidad. Por tanto, puede que el pago de 678.393,72 euros de la autoliquidación resulte “completo y veraz” para el Estado y, por tanto, que haya resuelto el riesgo real de entrar en prisión.

Sin embargo, el problema que tiene el rey emérito es que no tiene una versión de los hechos conocidos que resulte “completa y veraz” a ojos de sus conciudadanos. Veraz es aquel “que dice, usa y profesa siempre la verdad”, algo que no encaja con el caso. Para que Juan Carlos I recupere el crédito de los españoles es necesario un relato creíble de los hechos que contraste con los datos que convertirían al que ha sido el jefe del Estado durante décadas en un comisionista.

Puede ser comprensible que el Estado se conjure para aliviar la situación del rey Juan Carlos I, pero es ingenuo pensar que las dudas sobre el origen e importe del patrimonio de la familia real son cosas del monarca emérito, que en nada afectan a la percepción de la Corona, de la monarquía. Una institución que pasa de padres a hijos de una única familia y está vetada al resto requiere una dosis de transparencia muy superior, incompatible con la ley del silencio con la que opera. Es imprescindible que haya correlación entre privilegio, responsabilidad, ejemplaridad y rendición de cuentas.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y Profesor de la Universidad Complutense