Un año para vigilar el gasto público y seguir flexibilizando la economía

España acabará previsiblemente 2019 sin haber rebajado el déficit público ni una décima respecto al año pasado –cuando cerró en un -2,5% del PIB– e incumpliendo, por tanto, el objetivo del Gobierno de finalizar este ejercicio en un -2%. El dato, que forma parte de la actualización de las proyecciones macro del Banco de España, supone poner fin a seis años consecutivos de reducción continuada del desequilibrio en las cuentas públicas. Un esfuerzo de austeridad y control que comenzó en 2012, cuando el objetivo fue del -10,5%, y que se ha mantenido hasta lograr sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, gracias tambien y en buena medida al aumento de los ingresos públicos por la recuperación económica. Según el supervisor, la explicación al mal cierre de este año está en un crecimiento mayor de lo previsto de las remuneraciones y el pago de prestaciones sociales en las Administraciones públicas, un repunte que no ha podido ser suficientemente compensado por el crecimiento de la actividad económica, como tampoco por el buen comportamiento que el año pasado tuvo el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades.

La suma de todos esos factores sitúa el año que está a punto de acabar como un ejercicio perdido en términos de disciplina presupuestaria y obliga a mirar 2020 como un año en el que es necesario acentuar el control sobre el gasto público. Los datos del Banco de España señalan que el déficit irá reduciéndose gradualmente en los próximos años hasta alcanzar el -1,4% en 2022, pero que lo hará apoyándose en un crecimiento que cada vez será más débil, así como en la rebaja del coste medio de la deuda gracias al entorno de bajos tipos de interés que mantiene el BCE.

En ese contexto, medidas como la de actualizar la revalorización de las pensiones ligándolas al IPC, que el Gobierno ha comprometido ya en Bruselas, repercutirán en la ralentización del ritmo de reducción del déficit, especialmente en una coyuntura como la actual, en la que la demanda interna, especialmente el consumo, comienza a resentirse, y la actividad externa acusa los efectos de la desaceleración global. Como recordaba la semana pasada la presidenta del BCE, Christine Lagarde, los países de la eurozona deben seguir realizando reformas estructurales que flexibilicen y preparen sus economías para un entorno de menor crecimiento. España no es una excepción en un horizonte que pasa por controlar el gasto y adoptar las medidas de reforma necesarias para estimular ese menor crecimiento.