La tasa Google, una batalla perdida

Algo parecido a lo que acontece con ciertos juegos de azar, en los que normalmente “gana la banca”, está sucediendo con las empresas tecnológicas: en esta larga partida, la Unión Europea asume el rol de jugador y las multinacionales, el de banca.

Hace muy pocos días se hacía público el acuerdo alcanzado entre el fisco francés y Apple por el que Francia –a cambio de no iniciar un procedimiento sancionador largo y costoso– se conformó con embolsarse 500 millones de euros, cantidad que aceptó pagar Apple por reconocer que había venido redirigiendo rentas hacia países de baja tributación con el único fin de eludir el pago de impuestos, es decir, sin que exista una actividad real en estos países que justifique la recaudación. Así, con la conformidad al pacto, la delgada línea roja que suele separar la economía de opción de una reprobable ingeniería fiscal quedaba directamente cruzada, pero millonaria y voluntariamente saldada.

Por la confesión de Apple y por el intercambio de monedas para la caja francesa, parecía un gran avance en la lucha/persecución que, desde hace años, llevan a cabo la mayoría de los países europeos contra el fraude y la evasión fiscal, muy de moda, últimamente, entre las empresas dedicadas a servicios digitalizados. Una actividad que, por su intangibilidad, hace muy difícil determinar la ubicación física real y, por ende, dónde se prestan realmente los servicios por cuyos ingresos se debe tributar.

Esa noticia se convertía en un aliciente para seguir impulsando la medida que, desde 2017, estaban proponiendo algunos países europeos como Francia, Italia, Alemania y España que, hartos de la ingeniería fiscal creativa, trataban de implantar una medida que permitiera gravar no solo los beneficios de las conocidas Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), sino también su actividad (entre otras, el intercambio de datos, la actividad de intermediación, la publicidad online, ­etcétera). En concreto, el gravamen propuesto, consistente en la implementación de una tasa digital, pretendía establecer un gravamen del 3% para empresas con una facturación superior a 750 millones de euros en el mundo y a 50 millones de euros en la Unión Europea.

Si bien en estos dos años esa idea original se había ido diluyendo (se había llegado a aceptar gravar solo la publicidad online y declinar el resto de hechos imponibles) e incluso se habían sugerido alternativas paliativas (como la cláusula ocaso, que hubiese permitido ceder y declinar la tasa europea ante un eventual tributo de ámbito mundial; o que solo se activase la tasa cuando la OCDE fallase contra una de estas multinacionales), ahora ha acabado muriendo o, cuanto menos, pasando el muerto a la OCDE. Un entierro muy caro. Que no salga a la luz implica no recaudar unos 5.000 millones de euros por ejercicio.

Ha sido la falta de unanimidad en la toma de decisiones la que ha cortado las alas a la tasa digital europea. La exigencia de voto favorable unánime para la aprobación de asuntos relativos a materia fiscal es algo muy discutido y discutible, por cuanto lo razonable sería aplicar una votación favorable por mayoría cualificada. Así se evitaría que intereses minoritarios contrapuestos al criterio de una mayoría reforzada –­que no cualquier mayoría– puedan llegar a frustrar una decisión alineada con la lucha contra el fraude y la elusión fiscal y en favor de la armonización.

En este caso, Finlandia, Suecia, Irlanda y Dinamarca han votado en contra de la medida, alegando, entre otros, que afectaría a la competitividad (consideran que la medida discrimina a unas empresas con respecto a otras y ello puede incidir en su toma de decisiones empresariales), que tendría poco resultado visible (¿realmente 5.000 millones de euros por ejercicio es tanto?, ¿se logrará el objetivo perseguido consistente, básicamente, en que estas multinacionales dejen de escoger dónde tributar y se ciñan a tributar donde les corresponde?) y, la más sonada, que la medida podría enfadar a Trump y las repercusiones de su reactivo mal humor podrían ser irreversibles y muy negativas para Europa (¿y si Estados Unidos nos da la espalda, qué pasará?). Sea como fuere, solo cuatro votos en contra han sido suficientes para que la tasa digital europea no se ponga en marcha, de momento.

Tendríamos que preguntarnos si lo que subyace a su negativa es realmente miedo (razones alegadas y que, en teoría, fundamentan su negativa) o interés (Irlanda es un país de tributación favorable que ha venido recaudando lo que no le toca cuando se ha podido probar que la actividad real no se hacía en este país, sino en otros, y que este era el escogido por la única razón de su ventajoso tipo impositivo).

Habrá que ver si, en un futuro, la OCDE toma el relevo de la medida propuesta y, en su caso, de qué forma. Por el momento, este parón supone un paso atrás en la voluntad mayoritaria de armonización y una batalla perdida, que deja muchos heridos, en la lucha europea contra la elusión fiscal.

De nuevo, una cuestión de responsabilidad social: habrá que ir tomando consciencia de que el planeta no solo se hunde por la falta de compromiso con el medio ambiente, sino por la falta de responsabilidad y de empatía social y/o tributaria.

 Montse Hernández es consultora en Martínez Comín y profesora de la UPF