Las respuestas de Puigdemont marcarán la semana en los mercados y la inversión en Cataluña

De las respuestas que ofrezca al Gobierno el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dependerá la activación del artículo 155 de la Constitución, que permitiría al Ejecutivo relevarle y suspender la autonomía de la comunidad, o que las agitadas aguas del procés den paso al diálogo.

En concreto, el plazo dado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a Puigdemont, para aclarar si el pasado martes declaró formalmente la independencia de Cataluña, en su confusa declaración ante el Parlament, expira este lunes a las 10 de la mañana. Si la respuesta es positiva, tendrá hasta el jueves a la misma hora para decir si rectifica y se somete a la legalidad vigente.

El Gobierno ha advertido este domingo a Carles Puigdemont, que está "obligado a ofrecer una respuesta clara y sencilla" al requerimiento del pasado miércoles y "en los términos en los que se le ha formulado", y solo así podrá evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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Según han informado fuentes del Gobierno, cualquier "otra suerte de contestación" del presidente catalán, como "una carta o la simple reiteración de su discurso", no evitarán la aplicación del artículo 155, que prevé que el Gobierno pueda "adoptar las medidas necesarias para obligar" a una comunidad autónoma al "cumplimiento forzoso" de sus obligaciones "eludidas", informa Ep.

Si el presidente del Govern responde que no proclamó la autodeterminación, o se retracta antes del jueves, los inversores podrían comenzar a relajarse. De lo contrario, la contención y toma de posiciones con la que se vivieron los acontecimientos de la pasada semana amenazan con dar paso a una nueva vorágine de volatilidad y órdenes de venta que podría lastrar aún más la Bolsa y los bonos.

Prueba de la templanza de los inversores es que la semana pasada, en la que el desafío secesionista catalán alcanzó su cénit culminó con un alza del 0,71% para el Ibex 35. Pese a ello, los nervios están a flor de piel. En las dos jornadas posteriores al referéndum, el selectivo se dejó un 4% hasta perder los 10.000 puntos.

Y aunque a estas alturas vuelve a rozar los 10.300, igualando la cota con la que arrancó septiembre, sigue muy lejos de los 11.100 puntos que llegó a rebasar en mayo. De hecho, aunque el principal índice bursátil español acumula un alza del 9,69% en lo que va de año, el último mes y medio le ha dejado rezagado frente al resto de grandes índices europeos. El alemán Dax, por ejemplo, sube ya un 14,85% en el año, y el grueso de su escalada, un 8,76%, la ha afianzado desde inicios de septiembre hasta hoy, un periodo marcado por la apatía y la incertidumbre en España coincidiendo con el desafío del independentismo catalán.

Dentro de la renta variable, la banca ha sido el sector más afectado por las tensiones dada la importancia del mercado catalán (que le aporta el 18% del negocio). Pese a la decisión de CaixaBank o Banco Sabadell de mover su sede a otras comunidades para limitar la inseguridad jurídica, inversores como José Ramón Iturriaga, gestor de Abante, comunicaban su salida de estos valores hasta que se despeje el horizonte del reto secesionista “por el riesgo de que inversores extranjeros de referencia opten por salir” y hagan caer las acciones.

La tensión también ha marcado la deuda pública, con el bono español a 10 años rozando una rentabilidad del 1,8% tras el referéndum y la prima de riesgo superando los 130 puntos básicos después de haberse relajado por debajo de 90 el pasado verano.

La tensión, en todo caso, es especialmente relevante en el caso de la deuda pública catalana. El bono regional con vencimiento a febrero de 2020 soporta una prima de riesgo de más de 300 puntos básicos sobre las emisiones españolas equiparables.

El nivel da idea del grado de incertidumbre que rodea a la región y cualquier posible inversión en ella. De hecho, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor´s advertía el jueves en un informe que si la tensión política sigue al alza la comunidad autónoma podría acabar sufriendo en una recesión económica.

Dado su limitado acceso a los mercados en los últimos años, S&P no descarta además que Cataluña termine incurriendo en impagos a proveedores, o incluso a sus propios funcionarios, poniendo en riesgo algunos servicios públicos. La firma no prevé, de momento, rebajar la nota que concede al Reino de España por esta situación, pero no descarta reducir el rating de Cataluña.

Sus analistas advierten, además, que la banca y las grandes compañías con mayor exposición a la región serán los más afectados si las respuestas que Puigdemont ofrezca esta semana a Rajoy vuelven a oscurecer el horizonte.