Sala cuna: ¿política pública o justicia social?

Por definición, una política pública es cualquier acción gubernamental que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para esto se diseñan planes de acción, metodologías de implementación, financiamiento, identificación de beneficiarios, problemas de base y emergentes, y los ajustes necesarios que se requieran durante su ejecución.

Para un correcto diseño es necesaria la documentación, el análisis, los casos comparados, literatura, data y, por sobre todo, la legitimidad de la autoridad y gobernantes cuyo empuje, capacidad de movilización y adaptación den la viabilidad a la solución que se quiere implementar.

En discusiones de políticas públicas cuesta encontrar un ‘problema’ en que haya más acuerdo que en el impacto que para el trabajo de las mujeres tiene la actual norma de sala cuna, la misma que esta semana sufrió una vergonzosa caída en el Congreso lo que condenó al proyecto a no enmendar una falla legal, un impuesto encubierto que en Chile tienen todas las mujeres.

Sólo para dar un poco de contexto político —vergonzoso, por cierto— hay a lo menos dos fallas de origen en la discusión: el Gobierno presentó indicaciones al proyecto a escasos meses de terminar su mandato, con un Congreso en medio de un cambio casi total (se mantienen sólo la mitad de los senadores) y en un escenario de baja aprobación. La oposición, por su parte, no está dispuesta a sentarse a negociar un proyecto que de aprobarse sería una iniciativa ícono para la Administración saliente de Boric y que de seguro sería utilizado en una nueva aventura política, así como la Ley de 40 horas o la reforma previsional. ¿Incentivos alineados en las partes negociantes? Ninguno.

El principal argumento para el rechazo —en rigor, la no discusión y bloqueo del proyecto— es su financiamiento: un cargo fijo al empleador de 0,3% de la remuneración de todos los trabajadores, que equivale a cerca de 2.000 pesos chilenos. Sí, leyó bien: una política pública urgente y necesaria se rechazó por menos de dos dólares al mes por trabajador.

Por tanto, la legislación que hoy se mantiene es la obligatoriedad de las empresas de contar con el servicio o pagar los costos de sala cuna cuando tienen más de 20 trabajadoras provocando, obviamente, una menor contratación de mujeres, más informalidad, o una brecha de ingresos de hasta 30% sólo por el hecho de ser “más caras” al momento de contratarlas.

En cifras concretas, una tasa de desocupación de mujeres de 8,5% frente al 7,7% de los hombres y 150 mil mujeres persistentemente fuera de la fuerza laboral.

Pero esto no es todo. Según datos de ChileMujeres (donde, transparencia mediante, soy consejero) la tasa de participación laboral femenina llega a 52% frente al 73% de la masculina, una diferencia de 21 puntos, pero que llega a 38 puntos en el caso de madres con hijos menores de 2 años. En la misma línea, la informalidad laboral de las mujeres (27%) casi doblan a los hombres (15%) en empleos a jornada parcial.

Estas cifras explican la percepción de desventaja laboral que muestra el mismo informe de noviembre 2025: el 62,2% de las mujeres jóvenes cree que tener hijos implica una desventaja laboral.

Los esfuerzos de fundaciones como ChileMujeres han sido gigantescos, no sólo entregando datos concretos para la toma de decisiones, sino también mostrando el cómo terminar con la legislación vigente traería menos costos laborales en el largo plazo, al darle más competitividad al mercado y, por supuesto, todos los beneficios sociales de permitir a millones de mujeres la posibilidad de tener un trabajo digno y justamente remunerado.

No hablamos solo de políticas públicas, hablamos de justicia social. La misma que llevamos eludiendo por demasiados años.