Hay pega

Uno de los retos de mayor calado que tiene planteado la nueva administración es el del mercado laboral, ámbito en el que la evidencia de los últimos años habla de un problema estructural en el que convergen las manifestaciones sintomatológicas de un cuadro clínico/económico afectado por múltiples complicaciones.

¿Qué dice esa evidencia? Resumidamente indica que son muchos los millones de chilenos que pueblan las estadísticas de personas desocupadas, subempleadas o en condiciones laborales informales. Y que dichos fenómenos han sido extraordinariamente persistentes, con una tasa oficial de desocupación sobre 8% desde inicios de 2023, una tasa de informalidad en las inmediaciones del 26% por largos años y unos indicadores de subempleo que han estado en expansión, al punto que esa categoría representa hoy casi la totalidad de los nuevos puestos de trabajo que se generaron en el país el último año (94%), abarcando a más de 2 millones de chilenos que trabajan menos de lo que quisieran o por menos de lo que necesitan.

Se trata de un desafío de la mayor importancia tanto porque la tragedia de millones no es una mera estadística (como se cree dijo alguna vez Joseph Stalin), como porque es en esas cifras donde se manifiesta un cuadro clínico donde coexisten múltiples comorbilidades. En el fondo, Chile adolece de un mercado laboral deprimido que ha ido de la mano de unas tasas de crecimiento económico que con enormes dificultades avanza escasas décimas con el paso de los años y unos niveles de inversión que han estado igualmente empantanados.

A la trampa que se deriva de una economía complicada, se suman problemas estructurales que están al margen del ritmo de la actividad, como las regulaciones que han encarecido el costo de la mano de obra, y que lo han hecho en un contexto donde los desarrollos tecnológicos ofrecen alternativas de menor costo y mayor productividad; y una educación y formación técnica que necesitan alinearse más rápidamente con las tendencias y disrupciones que sacuden a los mercados para agregar valor a quienes se integran a la fuerza de trabajo.

La economía en 2026 se espera que vaya marginalmente mejor y la Ley de Permisos Sectoriales podría ayudar a que en algo se dinamicen las inversiones, pero la velocidad con que ambos fenómenos se traspasen al mercado del trabajo no será instantánea. A lo que se suman una transformación digital mantendrá un avance acelerado y un sector fiscal que está compelido a reducirse y a revisar profundamente no sólo el nivel y eficiencia del gasto, sino que también la justificación de muchos puestos de trabajo en el sector público.

Con un Congreso que se perfila altamente desafiante para la búsqueda de mayorías y con temas que podrían emerger en el debate laboral altamente sensibles en términos políticos, los retos de la nueva administración que asumirá en marzo son significativos, en especial a la luz de las diferencias programáticas de los candidatos que se miden en dos semanas y que van desde promover negociaciones sindicales multinivel y un ingreso vital, hasta la evaluación de las indemnizaciones por años de servicio y la flexibilización de regulaciones que dificultan la adaptabilidad laboral.

Las cifras mensuales que emanen del Instituto Nacional de Estadísticas probablemente se transformarán en una suerte de cuenta regresiva para el camino que tendrán que recorrer en una senda que exigirá mostrar resultados cuantitativos más temprano que tarde. Como se ve, para los equipos económicos que llegarán “hay pega”.