Inubicables los integrantes del Tren de Aragua que fueron liberados por la justicia chilena a cambio de 5.500 dólares

La Corte de Apelaciones de La Serena, en el norte chileno, ha ordenado este miércoles dejar nuevamente en prisión preventiva a cinco integrantes de células criminales ligadas al Tren de Aragua, formalizados por los delitos de secuestro y asociación ilícita, a los que anteriormente una jueza le había cambiado la medida cautelar por arresto domiciliario total a cambio del pago de una fianza. Uno de ellos se entregó de forma voluntaria a la Policía de Investigaciones (PDI), pero se desconoce la ubicación de los cuatro restantes, según informan los medios locales.

La decisión de encarcelar nuevamente a los acusados se da luego de que el Ministerio Público presentara un recurso en contra de la resolución de la jueza Daniella Pinto Cortés, del Juzgado de Garantía de Los Vilos, quien este lunes había cambiado la prisión preventiva que cumplían los cinco imputados desde fines de 2023 por arresto domiciliario total, firma mensual y arraigo nacional. La Fiscalía apeló el dictamen de Pinto argumentando que la liberación de los formalizados constituía un peligro para la sociedad. La Corte de Apelaciones de La Serena acogió la apelación.

La jueza Pinto les había otorgado arresto domiciliario a los cinco integrantes del Tren de Aragua luego de que la defensa de los acusados pagara una fianza de cinco millones de pesos chilenos por cada uno (unos 5.500 dólares). “Una caución [garantía] de menos de cinco millones de pesos no permitiría salvaguardar eficazmente el peligro de fuga”, afirmó este lunes la magistrada en la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de los imputados.

El sonado caso judicial escaló hasta La Moneda. El ministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, sostuvo que la decisión se dio en el contexto de un debate donde “al parecer, quien concurrió en representación del Ministerio Público no tenía pleno conocimiento de la carpeta de investigación”, aseguró este jueves con Radio Infinita. “No son cualquier tipo de crímenes y tampoco cualquier tipo de organizaciones y, por lo tanto, requiere una cierta proactividad, sobre todo cuando hemos puesto tanto énfasis en organizaciones criminales y hemos además regulado separadamente los aspectos procesales y los aspectos penales de ese tipo de organizaciones”, añadió el secretario de Estado.

Carolina Tohá, la ministra del Interior del país sudamericano, había sostenido sobre el asunto que el Gobierno de izquierdas “no interviene” en decisiones judiciales y respeta la labor de órganos que son autónomos. “Sin embargo, cuando se conoce el resultado de una audiencia de este tipo, cuesta mucho entender esa decisión, considerando los antecedentes de las personas en cuestión y el historial que hay de casos similares”, apuntó.

El exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, también criticó la medida a través de su cuenta de X (ex Twitter): “Grave caso de error judicial debe ser investigado y sancionado. No es posible en delitos de esa magnitud establecer fianzas en dinero. Si lo que se imputa son secuestros extorsivos, ¿de dónde viene el dinero para pagar la fianza? Inentendible”.

El recurso presentado por el Ministerio Público, aceptado por unanimidad en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, argumenta que la liberación de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Por su parte, la Fiscalía, anunció en un comunicado “que dispuso una investigación administrativa respecto a las circunstancias ocurridas en el contexto de la audiencia de revisión de medidas cautelares del lunes tres de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos”.

Los cinco personas a las que se les revirtió su medida cautelar habían sido imputados, junto a otras tres personas, por su participación en el rapto de una persona que pasó 13 días cautiva entre septiembre y octubre de 2023 en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, en el centro norte de Chile. También se les imputan los delitos de robo con intimidación y asociación ilícita. El grupo criminal integrado por ocho sujetos, entre ellos venezolanos, colombianos y un chileno.

El Tren de Aragua, una organización nacida en la cárcel Tocorón de Venezuela hace unos 15 años, fue detectada en 2021 por la Fiscalía chilena, que investiga tráfico de migrantes, explotación sexual, homicidios, torturas y tráfico de drogas. La primera pista de la presencia de la megabanda en Chile fue la detención de dos mujeres peruanas en la frontera del extremo norte del país sudamericano, en la Región de Tarapacá, portando ketamina, un fármaco para tratar la depresión grave que también se consume en fiestas. Las mujeres, que provenían de Bolivia, se excusaron diciendo que el Tren de Aragua las había obligado a ingresar la droga. Era falso, pero el argumento de las traficantes le sirvió a la Fiscalía conocer la organización. Así, empezaron a desentrañar una serie de hechos que ocurrían, entonces principalmente en el norte. Entre ellos, varios homicidios tan violentos que los cadáveres eran encontrados con más de 15 balas enterrados o abandonados en el desierto y con señales de torturas. Esto, pese a que los asesinatos no son el principal crimen que cometen sus integrantes, sino el último tras una cadena de ilícitos.

Se sabe que el Tren de Aragua se extendió por varias zonas del país y, aunque hoy hay abiertas varias investigaciones en reserva, han existido tres grandes operaciones a nivel nacional, desde la Fiscalía de Tarapacá, para desarticularlo. En Chile, la megabanda ha cometido delitos como trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres y adolescentes migrantes, sobre todo de nacionalidad venezolana, además de extorsiones, tráfico de drogas, torturas y asesinatos cuando sus víctimas no cumplen con los pagos a los que son obligadas.

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