Un detenido y la suspensión de un fiscal encienden el ‘caso Convenios’

La bola de nieve judicial desatada por el caso Convenios, la trama que investiga la Fiscalía chilena sobre el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas, crece con las horas. Un tribunal de la región de Los Lagos, en el sur de Chile, ha formalizado este sábado la primera detención para uno de los implicados por los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y estafa: Diego Ancalao, de 42 años, profesor y expresidenciable de l...

La bola de nieve judicial desatada por el caso Convenios, la trama que investiga la Fiscalía chilena sobre el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas, crece con las horas. Un tribunal de la región de Los Lagos, en el sur de Chile, ha formalizado este sábado la primera detención para uno de los implicados por los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y estafa: Diego Ancalao, de 42 años, profesor y expresidenciable de la Lista del Pueblo, la extinta agrupación de independientes de izquierda. Ha quedado con prisión preventiva. En paralelo, el Ministerio Público ha abierto una causa penal y ha suspendido a un fiscal de la sureña región, Marcello Sambuceti, por supuestamente haber orientado al gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, sobre cómo debía proceder durante las investigaciones de transferencias entre el Gobierno Regional y la corporación Kimüns, en el mismo caso protagonizado por Ancalao.

Los tentáculos del caso Convenios, que estalló a mediados de junio, se extienden ya por tres cuartas partes del territorio chileno. Cada día aparecen nuevas aristas sobre la trama de corrupción, como la catalogó el ministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero. El primer caso se destapó en el norte del país, pero este fin de semana la atención ha estado puesta en lo que ocurre en el sur. A fines de junio pasado, la Fiscalía regional de Los Lagos abrió una investigación por oficio debido a un convenio por 1.200 millones de pesos (1,4 millón de dólares) entre el Gobierno regional y la corporación Kimün, que debía ejecutar un programa de regularización de terrenos destinado a pequeños y medianos agricultores de la zona.

Ancalao, coordinador del programa de Kimün, se fue de la corporación cuando Fiscalía comenzó a indagar. El juez Francisco Almonacid, que dictaminó la medida cautelar contra Ancalao, explicó este sábado que “su libertad puede constatar un peligro para el resultado de las diligencias de investigación y en menor medida, por un riesgo de fuga”. Previo a su detención, Ancalao se defendió: “Yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”.

Cuando ya estaba la Fiscalía con la lupa sobre los traspasos de fondos públicos, el gobernador de la región de Los lagos, Patricio Vallespín, puso fin anticipadamente al convenio con Kimün, argumentando incumplimientos del contrato y, por lo tanto, que la corporación debía devolver el dinero que no se habían gastado: unos 1.042 millones de pesos (1,2 millón de dólares).

El vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, ha dicho que no tienen “ninguna posibilidad de devolver los dineros” porque la corporación no los tiene. Ñanculef ha sostenido que el presidente de la corporación, Jaime Huincahue, traspasó 900 millones de pesos (uno millón de dólares) para saldar deudas y poner capital en dos entidades que lideraba: el Instituto Profesional Los Lagos (IP) y el Centro de Formación Técnica Los Lagos (CTF). El 17 de julio, según el Diario Oficial citado por La Tercera, Huincahue vendió IP y CTF a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), presidida por Ancalao.

El Ministerio Público comenzó a rascar sobre los convenios del Gobierno regional de Los Lagos cuando se percató de que casi la mitad de los fondos asignados a fundaciones en 2022 fueron a parar a tres entidades privadas: la fundación Chinquihue –liderada por el propio gobernador Vallespín–, la corporación Kimün, y la fundación Participa.

El viernes, el Ministerio Público suspendió a Marcello Sambuceti, fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la sureña región por, supuestamente, haber dado directrices al gobernador Vallespín sobre qué acciones tomar durante las pesquisas, según informó el diario local El Llanquihue. La suspensión llega después de que la Policía de Investigaciones (PDI) realizara una serie de pericias en el marco de la investigación por las transferencias de fondos públicos a fundaciones, entre ellas, la dirigida por Vallespín.

La nueva arista

Uno de los primeros protagonistas del caso Convenios, Daniel Andrade, que una vez que estalló el escándalo fue expulsado del partido Revolución Democrática, del Frente Amplio del presidente Boric, habló este viernes por primera vez sobre la arista originaria de la trama que no da tregua al Ejecutivo. Aseguró que “mirando en retrospectiva” jamás debió firmar los millonarios convenios entre el ministerio de Vivienda y su fundación Democracia Viva. “Ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado”, añadió.

Sobre las declaraciones de Andrade, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó que “hubo un conflicto de interés abierto de distintos personajes, incluso de la secretaría regional ministerial, Seremi”, y que por eso le pidió la renuncia. Montes añadió que lo importante sobre el caso de Democracia Viva es que se devuelvan los fondos que se adjudicaron y se realicen las obras que se comprometieron.

Pero el ministro también se refirió este sábado a un asunto de máximo interés dado a conocer por el diario La Segunda: el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno decidió a mediados de 2022 acotar los reportes de transferencias. La entidad adoptó la medida cuando era encabezada por el ministro Giorgio Jackson, que entonces lideraba la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). “Podría haberse sabido más tempranamente todo”, sostuvo este sábado Montes sobre la decisión. “Lo que he oído de expertos es que efectivamente eso hubiese dado luces más anticipadas de los riegos que se estaban corriendo y de los hechos que podrían ocurrir”, añadió.

Jackson, el ministro más cercano al presidente Boric, ha sido un protagonista político del caso Convenios por ser el líder de Revolución Democrática, el partido que ha sufrido el mayor impacto por la trama de corrupción. Las presiones para que deje el Gabinete ya no solo vienen de la derecha, sino también de algunos parlamentarios oficialistas, de la Cámara de Diputados en su conjunto –que aprobó en la semana una declaración– y del empresariado.