Unidad sin fisuras, el desafío de las fuerzas transformadoras en el Consejo Constitucional chileno

Mucho se compara el proceso constitucional de 2021 y 2022 con el que transitamos hoy. Se habla de las mayorías cambiantes en Chile y de una especie de voluntad popular bipolar. Lo cierto es que la búsqueda de cambios sigue siendo tanto fundamental como movilizador de las decisiones políticas de los electores, aunque el sentido de esos cambios haya variado, como también las prioridades y las urgencias de la población.

Pretender hacer una homologación de ambos pro...

Mucho se compara el proceso constitucional de 2021 y 2022 con el que transitamos hoy. Se habla de las mayorías cambiantes en Chile y de una especie de voluntad popular bipolar. Lo cierto es que la búsqueda de cambios sigue siendo tanto fundamental como movilizador de las decisiones políticas de los electores, aunque el sentido de esos cambios haya variado, como también las prioridades y las urgencias de la población.

Pretender hacer una homologación de ambos procesos como el anverso del otro es una argumentación inexacta, a la vez que conveniente para quienes quieren adjudicar el fracaso de la convención anterior a las fuerzas transformadoras, en particular a las del Frente Amplio.

En la Convención Constitucional de 2021 y 2022 nuestra alianza no contó con la fuerza requerida para, por sí sola, vetar una norma ni menos aprobar alguna prescindiendo de otros sectores políticos. En contraste, un hecho ineludible de la elección del 7 de mayo pasado es el poder de veto de Republicanos [de la extrema derecha] y el de aprobar cualquier norma solo con siete votos extra de Chile Vamos [de la derecha tradicional].

Es de esperar que el anteproyecto, que en estos días la Comisión experta termina de preparar, continúe el camino de entendimiento sobre mínimos comunes que hemos recorrido hasta ahora. Para eso será fundamental saber si Republicanos podrá vencer su tentación de imponer una Constitución conservadora y autoritaria.

Este nuevo proceso constitucional parece más bien ser la negación del proceso anterior. Su repertorio es distinto al de antes, cuando las izquierdas diversas y dispersas concordaban como fundamental la profundización democrática y el aseguramiento pleno de derechos. Fue un proceso que, a la vez, por sus propias dispersión y diferencias, las izquierdas no lograron priorizar su propuesta y se terminó por constituir una constelación de causas que no convenció a la ciudadanía y la atemorizó por el salto que se requería dar hacia los cambios propuestos.

En ese entonces, la derecha no logró el tercio de veto, no pareció interesarse realmente en el debate constituyente y, asumiendo su irrelevancia numérica, casi siempre se marginó de la elaboración de las normas constitucionales. Sus esfuerzos se concentraron en erigir mañosas interpretaciones y mentiras sobre la destrucción de los símbolos patrios, la unidad del Estado y una apocalíptica avalancha estatista en la vida de las personas.

Sabían que tras un momento de gran descontento y fragilidad en su salida constituyente, las fuerzas reaccionarias podrían tener nuevos bríos, como finalmente fue. En esa estrategia, Republicanos y Chile Vamos trabajaron codo a codo, indiferenciados, al mismo tiempo que elegían parlamentarios y respaldaban a José Antonio Kast en su carrera presidencial.

Hoy la izquierda apuesta por una Constitución habilitante de la política, que regule el sistema político para fortalecer la capacidad de nuestro país de hacerse cargo de las demandas sociales y los debates pendientes que tenemos, y una primacía de los derechos bajo un Estado Social.

La derecha, mientras tanto, se debate entre respetar las bases institucionales acordadas en diciembre de 2022 o aprovechar su mayoría circunstancial para insistir en un concepto de Estado subsidiario y retroceder los avances que habían aceptado como sector durante los últimos años, redactando una Constitución programática de la derecha -tal como la de 1980, la actual- envalentonados por los resultados electorales de Republicanos.

No es exacto decir que la mayoría que antes tuvo la dispersa izquierda es homologable a la mayoría ideológica y militante que tiene el Partido Republicano, fuertemente hermanado con consejeros de Chile Vamos. La adscripción firme a un partido político que tienen las y los consejeros del Partido Republicano distingue a los integrantes de esta bancada mayoritaria; como también los diferencia el hecho de tener una clara línea ideológica, programática, caudales de financiamiento y una red a nivel internacional, tanto latinoamericana como mundial, al alero de los principales liderazgos neo-conservadores.

En este nuevo proceso está por verse si los Republicanos lograrán vencer su dilema interno y participar constructivamente de la redacción de un nuevo texto constitucional, cuestión que es muy difícil de asegurar. Muestra de ello es que los propios líderes republicanos silenciaron a sus consejeros luego de la inmensa contradicción entre el desborde de su rostro más votado, Luis Silva, y la impostada moderación de su líder político, José Antonio Kast.

Por otro lado, Chile Vamos se enfrenta a una difícil encrucijada: ha planteado el deseo de un proceso serio del que no se desentenderá, pero el resultado arrollador del Partido Republicano horadó tan dramáticamente su base electoral que los obliga a elegir entre dos caminos altamente costosos: o se parapetan en la derecha asumiendo el estilo agresivo de los Republicanos o muestran capacidad de diálogo para diferenciarse.

Por su parte, la bancada de la izquierda ya ha anunciado su primera definición: no se marginará de este proceso, como vaticinara la extrema derecha, seguramente proyectando lo que fue su propia actitud en el pasado.

La responsabilidad de avanzar en una nueva Constitución con garantías de derechos es previa y preponderante en cualquier análisis y definición. Esto, a su vez, significa que la izquierda no estará dispuesta a respaldar cualquier proyecto de Constitución. Trabajará de forma conjunta, meticulosa y dedicada, como lo ha hecho hasta ahora en la Comisión Experta, para construir acuerdos donde hay consensos, e identificar los disensos para evitar una imposición contingente que dañe la posibilidad de aprobar una Carta Magna democrática para Chile.

El actual es un escenario complejo para las fuerzas transformadoras, cuya proyección no solo tiene relevancia para la nueva Constitución, sino también para la distribución de fuerzas políticas y una posible anulación de la voluntad de cambio que representa nuestra coalición de Gobierno. Es imperativo fortalecer la alianza, terminar por fin su fragmentación para inaugurar un sano procesamiento de la diversidad política que nos constituye.

La bancada de consejeras y consejeros electos deberá representar a todo el progresismo y las izquierdas. El Frente Amplio, la fuerza más importante del oficialismo, tendrá un rol determinante en empujar la unidad sin fisuras y el compromiso que requiere el país.