“La cultura política de Chile, luego de payaseos y cantinfladas y desplantes ridículos, sigue estando sana”

El abogado chileno y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, una de las voces influyentes de la escena pública chilena, asegura que el acuerdo que se alcanzó esta semana en Chile por una nueva ruta constituyente “busca un equilibrio entre representación política y técnica, única forma ...

El abogado chileno y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, una de las voces influyentes de la escena pública chilena, asegura que el acuerdo que se alcanzó esta semana en Chile por una nueva ruta constituyente “busca un equilibrio entre representación política y técnica, única forma de salir del marasmo a que se estaba llegando” en su país. Autor prolífico de libros como Pensar el malestar, la crisis de octubre y la cuestión constitucional, que en marzo lanzará un ensayo sobre el cambio generacional, defiende el camino acordado por las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Rechaza que tenga un exceso de amarres, como opina una parte de la izquierda: “Será un debate constitucional a partir de un consenso superpuesto entre todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista. No se trata de límites que vengan de fuera del proceso político, se trata de un consenso gestado al interior del mismo. Llamarlo amarres es alterar su sentido. ¿Alguien diría que el consenso previo que dio lugar a la Constitución del 78 en España fue en realidad un amarre?”, se pregunta este jueves el columnista del diario El Mercurio en esta entrevista realizada en su oficina de la universidad.

Pregunta. ¿Cómo calificaría el acuerdo por una nueva Constitución?

Respuesta. Las sociedades no pueden funcionar bien cuando todo es contingente, cuando el futuro en vez de ser una promesa, se transforma en una sombra que se cierne sobre el presente. Tampoco funcionan en medio del delirio (el delirio americano como lo llamó Carlos Granés). Las sociedades requieren formas y procedimientos compartidos para adoptar decisiones. Por eso me parece que el acuerdo es una buena noticia: retoma una senda de ascetismo y racionalidad que ha sido una característica de la cultura política en Chile y que en el tiempo que pasó se había abandonado.

P. ¿Qué tan importante es para Chile?

R. Los países latinoamericanos no pueden permitirse el delirio: dejar que la imaginación y la verbosidad que funcionan tan bien en la literatura (y que tanto gustan a algunos intelectuales europeos que, sin embargo, no admitirían algo así en sus propios países) inunden el espacio de la política y las instituciones. Chile se ha caracterizado en la región por poseer altos niveles de institucionalidad, algo que se comprueba fácilmente si se le compara con Perú, Bolivia, Venezuela o Argentina. El acuerdo le permite retomar esa senda y reafirma que la cultura política de Chile –luego de payaseos y cantinfladas y desplantes ridículos– sigue estando sana.

P. ¿Qué ocurrió con la política chilena entre septiembre pasado, cuando se rechazó la propuesta de nueva Constitución, y este lunes, cuando diferentes fuerzas acordaron una nueva ruta constituyente?

R. Más bien hay que preguntarse qué ha ocurrido con la política chilena en los últimos cuatro años en que se eligió por segunda vez a un presidente de derecha por amplia mayoría (algo excepcional que nunca había ocurrido), para apenas 18 meses después transformarlo en el pararrayos de todos los malestares, dando lugar a un revuelta muy violenta que los partidos creyeron se curaba con la elección de una convención constitucional que, elegida por casi el 80%, acabó fracasando en un plebiscito donde dos tercios de la ciudadanía no aceptó lo que se proponía.

P. ¿Por qué la ciudadanía rechazó la propuesta?

R. Era un texto verboso, que alteraba la idea de nación que en Chile (no obstante la diversidad étnica que reclama reconocimiento) sigue siendo muy fuerte, que yuxtaponía demandas de muy diversa índole (feministas, ecologistas, preocupaciones por el calentamiento global, etcétera), que realizaba el ideal de algunos neoconstitucionalistas españoles (que han asesorado a Bolivia o Venezuela y que afortunadamente han tenido poco éxito en Chile) y que establecía cosas como el derecho al placer y otras cosas de tono new age. Bien mirado no es tan sorprendente además que en un momento de crisis, con un Gobierno con muy baja aprobación, se hubiera rechazado.

P. ¿Podría este proceso terminar mal?

R. Todo puede terminar mal, desde luego, y nada está garantizado. Pero lo más probable es que este proceso compuesto de dos fases, una técnica inicial donde se redactará un anteproyecto, y otra propiamente política donde 50 representantes electos por la ciudadanía decidirán un texto que será, finalmente, sometido a plebiscito, debiera tener éxito. Ya se conoció el camino del fracaso de manera que será más fácil ahora eludirlo.

P. ¿Qué ocurriría con Chile si este nuevo intento fracasa en 2023?

R. No parece haber razones para pensar que pueda fracasar. Y si fracasa tampoco el país dejará de funcionar: será la prueba que a veces se sobreestima el papel de las constituciones (Latinoamérica es el continente más pródigo en producir constituciones y ya me dirá usted si ha valido la pena). Las constituciones no resuelven los problemas, crean un ámbito para que el poder se constituya, se limite y se oriente. Tampoco en rigor los causan. En el caso de Chile es probable que por debajo de la cuestión constitucional exista otra serie de problemas subyacentes –generacional, educacional, migratorio– que las reglas constitucionales no resolverán y que son de largo plazo.

P. ¿Considera trascendente la participación de 24 expertos nombrados por el Parlamento?

R. Lo más llamativo es que hasta hace poco se decía ­–el presidente Gabriel Boric lo afirmaba con total convicción– que el problema de Chile era que los expertos habían suplantado la deliberación democrática, que habían poco menos que usurpado la voluntad popular. Era la queja contra los economistas que condujeron al país durante 30 años. Pero ahora hemos vuelto a ellos sospechando que quizá la técnica y la racionalidad tienen también un lugar en la vida colectiva. Es de esperar sí que se elija a técnicos expertos de veras y no a personas que pasan por tales y que por estos días abundan y que serán meros instrumentos de los partidos. Llama la atención que de un día para otro en Chile sea suficiente un certificado universitario para ser experto.

P. ¿Cómo queda hoy al Gobierno de Boric, luego del acuerdo político que permitiría una nueva Constitución?

R. El presidente Boric si actúa con sagacidad podrá conducir este proceso y adornar así su quehacer político que bajo otros respectos parece poco auspicioso. Aunque hay que recordar que el gobierno insistió mucho que su proyecto transformador estaba atado al texto constitucional que fue rechazado. Boric debiera elaborar un discurso que, sin renunciar a su propósito transformador, teja vínculos con la tradición. Él debiera recordar que entre tradición e innovación debe haber continuidad (sugiero que en este parte, él, que es un buen lector, relea a T. Kuhn).

P. La derecha cumplió su promesa y, pese a las presiones intestinas, acordó una ruta para superar la actual Carta Fundamental. ¿Qué distingue a esa nueva generación de la actual oposición?

R. El cambio generacional (que en mi opinión es uno de los fenómenos más relevantes del Chile contemporáneo, como espero mostrar en un ensayo que saldrá en marzo) ha afectado también a la derecha y de manera bastante benigna. Es una generación cuya identidad no se alimenta de la dictadura o los ideales conservadores extremos. No es una derecha cavernaria la de los jóvenes. Y en la izquierda el resultado está a la vista: ha producido a un político exitoso e inteligente, Boric, cuyo principal desafío es, sin embargo, no ceder frente a sus congéneres menos talentosos y menos inteligentes, jóvenes burgueses que creen poder redibujarlo todo.

P. ¿Cuál es la Constitución que Chile debe tener?

R. Una buena Constitución es un texto que, junto con reflejar un consenso traslapado de la sociedad, constituya al poder, establezca inmunidades a favor de los individuos –los derechos fundamentales– y oriente los esfuerzos de la comunidad a fin de que la clase y el origen social no tengan la última palabra en la trayectoria vital.

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