La crisis de salud en Ecuador toca fondo con cadáveres entregados en cajas de cartón y un sistema al borde del colapso

“¡¿Qué le damos?!”, grita la mujer que con su voz rasposa corta el bullicio de otros vendedores. Corre de un lado a otro, con un canguro apretado a la cintura y una gorra negra que apenas cubre el sudor de su frente. Ofrece su mercancía como algo esperanzador: “¿Agua, insulina, paracetamol, jeringas, guantes?”, enumera en el entorno del Hospital del Guasmo, el más grande de Guayaquil, ante la demanda de los pacientes a los que el sistema de salud no les provee ni lo básico.

“Deme una botella con agua”, pide una mujer del otro lado de la reja. Su rostro está marcado por la angustia. Dentro del hospital no tienen ni siquiera agua para darle un medicamento a su hija adolescente, que ha dado a luz a gemelas prematuras de 24 semanas y que están luchando por aferrarse a la vida. “Me han pedido unas sondas especiales que son muy caras, cuestan como 115 dólares cada una, y se utilizan para niños desnutridos”, relata la abuela, cargada de incertidumbre porque no sabe de dónde sacará el dinero para comprarlas. A la larga lista de insumos necesarios se suman el traje quirúrgico para el equipo médico que realizó la cesárea, así como los medicamentos durante la cirugía.

La escena se repite con otros familiares que entran y salen del hospital. “¡No tienen nada!”, grita un hombre mientras espera a uno de los vendedores en la puerta. Para Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el sistema de salud en el país está agonizando. Lo atribuye a dos factores: la falta de gestión y la corrupción. “Cinco ministros han pasado por el Ministerio de Salud, todos sin habilidades ni experiencia, son cuotas políticas, y advertimos que eso no debía suceder en Salud”, reclama Carrasco.

El último ministro estuvo solo cuatro meses en el cargo. Tras la derrota en la consulta y referendo del 16 de noviembre, el mandatario Daniel Noboa encargó a la vicepresidenta María José Pinto las funciones de máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública, sin especificar qué implicaba ese cargo. Pinto, empresaria textil de una reconocida compañía familiar, ya dirigía una comisión creada por el presidente en agosto para evaluar los problemas del sector sanitario, aunque los resultados de esa comisión siguen sin conocerse.

Mientras tanto, la gente muere esperando una cita médica, un tratamiento que nunca llega o se apaga en las camillas de hospitales donde los médicos —impotentes— no pueden salvar vidas.

En el hospital de Macas, en la Amazonía ecuatoriana, una madre del pueblo indígena achuar se abrazaba con fuerza a una caja de cartón. Dentro estaba el cuerpo sin vida de su hija de apenas un mes. Así la entregaron: sin respeto, sin pudor, sin siquiera la dignidad de un mínimo protocolo. Miembros de su comunidad dijeron que la niña había ingresado por fiebre y tos. Y la devolvieron a su madre como si fuera un objeto, en una caja de cartón sellada con cinta. “Sin medicamentos, sin insumos. Los médicos estamos convirtiéndonos en firmadores de papeletas de defunción”, denuncia Carrasco. En medio de este desastre, el Ministerio de Salud salió a dar respuestas vacías: anunció una “auditoría interna” y prometió sanciones para el personal involucrado en esta “irregularidad”.

El Gobierno conoce la gravedad de la crisis. Según un informe del Ministerio de Salud, el abastecimiento en los hospitales de todo Ecuador alcanzaba un promedio del 61%, lo que “evidencia una situación crítica que compromete la continuidad operativa de los servicios de salud a nivel nacional”. Pero en hospitales como el del Guasmo, el abastecimiento apenas llega al 41%, y en el Hospital de Monte Sinaí, en Guayaquil, no supera el 18%. En septiembre, el presidente Noboa declaró la emergencia para agilizar la compra de medicamentos e insumos.

La situación se agrava aún más debido a la disminución de la asignación presupuestaria desde 2023. El informe ministerial destaca que hubo “una reducción progresiva de las asignaciones anuales para atender las necesidades operativas, institucionales y las obligaciones acumuladas”.

Cuando Noboa asumió la presidencia, en noviembre de 2023, el Ministerio de Salud contaba con uno de los presupuestos más altos de su historia: 4.300 millones de dólares estaban previstos en la proforma presupuestaria para invertir en salud el año siguiente. Sin embargo, pocos meses después ese presupuesto se redujo en 2.959 millones de dólares, y para 2025 la caída ha sido aún mayor, hasta los 2.798 millones. Y no solo eso: aun con un presupuesto mermado, a finales de noviembre la institución solo había ejecutado el 45% de los fondos asignados.

La razón es que el Ministerio no cuenta directamente con el presupuesto asignado. Es decir: el presupuesto está en el papel, pero los fondos no están realmente disponibles para la institución. Esta misma situación podría repetirse el próximo año. El Ejecutivo y la Asamblea aprobaron un presupuesto de 5.136 millones de dólares para salud, pero sin especificar de dónde provendrán los fondos para financiarlo.

Alejandro Solano se toma la cabeza, apretándola con la palma de la mano como si intentara contener el dolor. “Debe ser la presión, que por estos días la tengo un poco alta”, dice, restándole importancia a lo que, en realidad, es el principio de una cadena de sufrimiento. Desde hace cinco años vive con deficiencia renal, una enfermedad que se desató tras no haber controlado a tiempo su hipertensión. Las consecuencias no tardaron en llegar: tres diálisis a la semana, de cuatro horas cada una. Es la única forma de salvar su vida. Ese es el tiempo necesario para limpiar su sangre. Así comenzó su calvario para mantenerse con vida.

Los hospitales públicos del país no tienen capacidad para atender a cerca de 20.000 pacientes renales, por lo que muchos de ellos son derivados a clínicas privadas con las que el Gobierno mantiene una deuda millonaria. “Ha sido angustiante llegar a la clínica y encontrarla cerrada porque no les han pagado”, recuerda Alejandro, quien pasó una vez más frente a las puertas cerradas de una clínica sin saber cómo cubrir los 1.500 dólares que costaba la diálisis privada. “El Gobierno nos condena a morir”, sentencia, con rabia contenida, quien lleva años luchando contra un sistema que parece no dar respuestas.

Los enfermos renales se han convertido en el rostro más visible de la crisis sanitaria en Ecuador. Apenas con fuerzas, salen a las calles a protestar, aunque ninguna autoridad de Salud ha escuchado sus reclamos. Cada semana se enfrentan a la angustia de ser notificados de que podría ser su último día de tratamiento o, peor aún, que en pleno proceso de diálisis les suspendan la atención cuando la empresa eléctrica corte el suministro por falta de pago, como ya les ha pasado. Según Alejandro, quien además preside una asociación de pacientes en su misma situación, al menos 300 personas han muerto en el último año en Guayaquil por no recibir el tratamiento adecuado. “Es duro recordarlo, aún más vivirlo. Sabemos que nos puede pasar en cualquier momento”, dice con resignación.