¿Estará Río de Janeiro más segura después de la Operación Contención? Los estudios sobre la mano dura en América Latina sugieren que no

El martes 28 de octubre, 121 personas—cuatro policías y 117 presuntos miembros de la organización criminal Comando Vermelho (CV) —murieron en un “espectacular” operativo policial ...

El martes 28 de octubre, 121 personas—cuatro policías y 117 presuntos miembros de la organización criminal Comando Vermelho (CV) —murieron en un “espectacular” operativo policial denominado “Operación Contención”, en una zona boscosa aledaña al conjunto de favelas conocidas como la Penha y el Alemão en Río de Janeiro. Ante la incursión de la policía, el grupo criminal respondió al operativo con balas y bombas lanzadas desde drones. Río de Janeiro, por momentos, quedó paralizada y los habitantes de la ciudad, con temor a un ataque de mayor escala por parte del CV.

Mucho más allá del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, las imágenes de cuerpos en las calles, algunos decapitados y con cabezas colgadas a lo alto de los árboles de una zona boscosa, reflejan el mensaje de muerte y su espectáculo. La operación, según el gobernador Claudio Castro, no buscaba recuperar el territorio bajo control del CV, sino frenar su expansión. De hecho, de los “más de 100” líderes del CV para los cuales fueron emitidas órdenes de captura —el objetivo expreso de la operación— 80 lograron escapar, incluyendo la persona más buscada (Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca). El operativo contó con un apoyo importante de la población. Según una encuesta publicada por el diario brasileño O Globo, el 64% de la población encuestada (del estado) aprobó la operación (de acuerdo a datos de la encuesta Genial/Quaest). Pero cabe preguntar: ¿Estará Río de Janeiro más segura después de esta operación?

A pesar de que la operación en la Penha y el Alemão fueron históricas en su letalidad, no constituye un hecho aislado en Río, ni en Brasil, ni siquiera en la región. Hace parte de una larga tradición de policiamiento letal y de represión estatal pesada. Es la misma estrategia conocida como “mano dura” que por décadas ha mantenido su popularidad sin derrotar a la criminalidad organizada.

Si bien las políticas de mano dura tienen una larga historia en América Latina, la operación en Río forma parte de una narrativa alentada por una nueva ola de extrema derecha. Según esta narrativa, la mano dura es necesaria para combatir el narcoterrorismo, el nuevo marco discursivo de moda en el hemisferio.

Si el pasado es prólogo, la evidencia apunta a que después de esta operación (y las que vienen, de acuerdo al anuncio del gobernador) Río de Janeiro no será una ciudad más segura. Como académicos que estudiamos la violencia, los grupos criminales y las políticas de seguridad desde hace décadas, hemos constatado cómo estas prácticas incuban y desatan procesos de violencia más cruentos. Históricamente, este tipo de operaciones en América Latina han reconfigurado a los grupos criminales, sus mercados ilícitos y territorio, afectando profundamente la vida cotidiana de la población que allí habita. Estas transformaciones suelen alentar la violencia en vez de aliviarla. En algunos casos estas operaciones logran “desplazar” o “eliminar” al grupo criminal, dejando un vacío de poder que provoca conflictos letales entre grupos que compiten por controlar los mercados ilícitos. Cuando se debilitan grupos criminales en un territorio, estos se vuelven el blanco de la acción de facciones enemigas que controlan sectores populares vecinos, llevando a cruentas luchas por el control territorial.”

En otros casos, las operaciones desatan guerras entre el Estado y los grupos criminales. De hecho, es un resultado esperado por los brasileños tras la operación en Río. Según la encuesta publicada por O Globo, el 52 % afirmó que tras la operación, se siente menos seguro y el 74 % declaró “temer una reacción” por parte de la organización criminal.

El uso de represión incondicional por parte del Estado, es decir, aquella que busca “erradicar” sin tregua al grupo criminal, por lo general induce una respuesta más violenta y letal por parte de estos grupos.

Por ejemplo, en los barrios de Caracas, en el marco de la intervención militar de lucha contra el crimen conocida como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2015, los grupos criminales no fueron disuadidos ni amedrentados. Se prepararon para responder. De la misma manera, décadas de operaciones policiales en Río de Janeiro, lideradas por múltiples gobiernos, han resultado en decenas de miles de muertes y en violaciones masivas de los derechos humanos, pero no han frenado la expansión del CV ni sus rivales, que hoy operan por todo Brasil. Aún peor, en los procesos de socialización de la violencia armada que ocurren en muchos barrios marginalizados de la región, nuevas generaciones de jóvenes han comprendido desde muy temprano que su vida es una banalidad para el Estado.

Estas operaciones tienden a desviar el foco de otros efectos perversos de las políticas de mano dura. Muchos de los grupos de crimen organizado más poderosos en la región—en Brasil, Venezuela y El Salvador— son producto y se alimentan del encarcelamiento masivo. Nacieron en medio del caos y el hacinamiento en las prisiones, organizándose como bandas carcelarias para instaurar orden y gobernanza en las prisiones. Alentados por las altas tasas de encarcelamiento, estos grupos de hombres mantienen un flujo e intensa comunicación con los territorios de donde provienen. Existe una sinergia entre estos territorios urbanos y las prisiones en gran parte, porque el Estado ejerce una vigilancia y un aprisionamiento excesivos en estos territorios. Los jóvenes de estos barrios saben que tienen muchas más probabilidades de acabar recluidos, independientemente de si están relacionados o no con los grupos criminales: saben que les conviene tener relaciones con los miembros de estos grupos para garantizar su sobrevivencia en las cárceles.

Estas políticas de seguridad y el uso desmedido de la represión estatal han nutrido el surgimiento de las poderosas organizaciones criminales de la región. Por ejemplo, la masacre en la prisión de Carandiru, que dejó 111 prisioneros fallecidos en 1992 en São Paulo, impulsó la creación del Primeiro Comando da Capital (PCC), hoy —junto con el Comando Vermelho— una de las más poderosas organizaciones criminales del Brasil.

Adicionalmente, se pierde de vista el papel crucial que tienen algunos actores que se aprovechan de su posición en el Estado para impulsar las dinámicas que sostienen a los negocios ilícitos —como la venta de drogas—y el control territorial de grupos criminales. Es ampliamente conocido en Río de Janeiro y otras ciudades de América Latina que policías y otros actores estatales se enriquecen de los pagos que reciben de los grupos criminales y de la venta de armas. Mientras una parte del Estado “combate” con operaciones “de contención”, otra parte (y, a veces, la misma) se lucra de la venta de armas y de protección. De hecho, en Río, cientos de favelas y barrios periféricos están controlados por grupos dedicados a la extorsión (y otras actividades ilícitas) llamados milicias, compuestos en su mayoría por ex-agentes policiales o policías jubilados. Esta ambigüedad y el doble rol de los funcionarios alimenta la violencia en las ciudades latinoamericanas.

Entonces, si décadas de políticas fallidas de mano dura no han reducido la violencia sostenidamente en las periferias latinoamericanas, ¿por qué persisten? Definitivamente, no es por falta de esfuerzos alternativos. En algunos casos puntuales, por ejemplo en el marco de la creación de las Unidades de Policía Pacificadora en Río, o las UPP, el Estado no recurrió a la represión incondicional de los operativos tradicionales. En cambio, condicionó la represión en función de los crímenes más violentos perpetrados por los grupos criminales, sin la pretensión de acabar con todos los mercados ilícitos. En el marco de esta política se observaron disminuciones importantes en la violencia letal. También en momentos excepcionales, cuando existe la voluntad política de un gobernador y su equipo, o cuando el poder judicial ha limitado el uso desproporcionado de la fuerza policial, se han observado no sólo reducciones de violencia policial, sino también caídas en la tasas de homicidio. Sin embargo, estas políticas no se mantienen en el tiempo y rápidamente dan paso a nuevas iteraciones de políticas de mano dura.

Una razón importante del uso reiterado de políticas fallidas radica en su popularidad y en su capacidad de crear “espectáculo”. En Venezuela la OLP fue una de las escasísimas políticas populares del gobierno de Maduro—un gobierno extremadamente impopular—entre diferentes sectores socio-económicos. No era de sorprender que Maduro y su ministro de interior y justicia implementaran esta política en plena crisis política y en contexto electoral. De hecho, uno de los hallazgos más robustos de los estudios sobre las políticas de mano dura es el siguiente: estas medidas generan más violencia, pero también aumentan el apoyo a los gobiernos en momentos de crisis. La aprobación del gobernador Castro aumentó 10 puntos porcentuales después de la operación. Este hito está impulsando una posible campaña al senado federal de Castro para el próximo año electoral.

Si bien las políticas de mano dura tienen una larga historia en la región, en tiempos recientes son presentadas como una estrategia para combatir el narcoterrorismo, lo que constituye un giro nuevo y sumamente peligroso. La articulación de las nuevas (extremas) derechas en la región—Brasil, El Salvador, Ecuador y Estados Unidos son ejemplares—ha promovido el uso de este término para justificar la militarización de la seguridad y la deshumanización de los que mueran en su guerra. Así se justifican los bombardeos en el caribe y el pacifico. Así se justifica el modelo Bukele. No son procesos aislados. De hecho, el gobernador Castro, buscaba—incluso antes de la operación—que el gobierno de los Estados Unidos declarara al Comando Vermelho como un grupo narcoterrorista. El término solo mete viejas prácticas en un nuevo saco justificando una mayor letalidad. Es por ello que no esperamos distintos resultados.

La mano dura contra el narcoterrorismo probablemente aumentará la violencia y la inseguridad en los espacios urbanos y en la región. Veremos entonces una continuidad histórica en cómo los Estados etiquetan a comunidades y organizaciones enteras, por ejemplo utilizando categorías como clases peligrosas, comunistas, criminales, y ahora narcoterroristas—que, según el contexto, justifican el uso extremo de la fuerza y el despojo de derechos y de protección legal.

Más allá del reiterado fracaso de las políticas letales, la matanza y su espectáculo plantean otra serie de desafíos. Las declaraciones oficiales que presentan una operación con más de un centenar de muertos como un “éxito” o un hecho “histórico” revelan un modo particular de interpretar el rol del Estado en garantizar la seguridad. Ese modo, entiende el orden como un problema cuya resolución depende, en gran medida, del uso de la fuerza y de la ejecución de ciertos sectores de la sociedad. Criminales o no, todas las personas tenemos derechos que deben ser respetados. En un marco sin garantías ante la violencia estatal, todos podemos ser sujetos de matanza.