La Fiscalía de Costa Rica ve “un trasfondo político” en el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

La mañana del viernes 12 de septiembre los principales noticieros costarricenses hicieron un enlace en vivo a tres operativos llevados a cabo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de León XIII, en el cantón de Tibás, San José y un tercero en Cañas, Guanacaste. Los oficiales habían capturado a cuatro sospechosos de haber planeado el asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam, un férreo crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, refugiado en Costa Rica.

La detención de los sospechosos ocurrió 86 días después que Samcam fuera asesinado de ocho disparos en la puerta de su casa, cuando un sicario aprovechó que el acceso al condominio Nápoles estaba en reparaciones para ingresar y descargar el cargador que, casi de inmediato, provocó la muerte de este estridente opositor desnacionalizado por el régimen sandinista y luego naturalizado español. El asesinato de Samcam retorció de horror al exilio político nicaragüense, que tiene como epicentro Costa Rica.

Antes de su asesinato, Samcam había sido amenazado de muerte, al igual que otros connotados opositores. Si bien había tomado sus precauciones de seguridad, las autoridades de la OIJ han revelado que previo a la ejecución del crimen su casa estaba siendo vigilada. El crimen del mayor en retiro no es aislado, ya que antes ya habían sido asesinados los opositores Rodolfo Rojas y Jaime Luis Ortega Chavarría. A eso se suma el doble intento de asesinato –también a manos de sicarios– de Joao Maldonado y su esposo, acribillados con más de una decena de disparos en ambas ocasiones.

El crimen de Samcam no sólo reconfirmó la sospecha de los exiliados sobre la “represión extraterritorial” que la pareja presidencial ejerce en Costa Rica, donde además de amenazas e intimidaciones, se han registrado casos de hasta registro de la basura de organismos de derechos humanos exiliados. Una represión transfronteriza que la viene documentando y denunciando el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (ONU).

Para Claudia Vargas, viuda de Samcam, la detención de los cuatro sospechosos supone un “avance significativo” en las investigaciones. “Es un periodo bastante decente, tomando en cuenta que hay investigaciones que tardan hasta un año o dos para dar resultados preliminares. Creo que se debió a la enorme presión internacional: llegaron embajadores de España, Chile y otros países a pedir apoyo y a personarse en la OIJ y en el Poder Judicial”, dice Vargas a EL PAÍS desde Ginebra, donde este 23 de septiembre comparecerá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los cuatro detenidos

Las investigaciones preliminares de la OIJ tienden a descartar que el crimen de Samcam tiene que ver con el narcotráfico, un grave problema que enfrenta Costa Rica y que ha elevado a niveles mortíferos la tasa de homicidios. Desde Managua, la propaganda sandinista insiste en esa tesis, pero el el Fiscal General de Costa Rica, Carlos Díaz, ha dicho que la principal línea de investigación es que el asesinato tiene un “trasfondo político”.

“Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense. No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, afirmó Díaz durante los actos de allanamientos.

El diario La Nación de Costa Rica posee copia del expediente judicial del asesinato de Samcam y, revelaron, que “miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y el G2, que son organismos de inteligencia del régimen nicaragüense de Daniel Ortega, habrían planeado el asesinato del general en retiro Roberto Samcam”.

Entre los cuatro detenidos por el asesinato está un hombre de apellido Chaves, de 35 años, identificado como el intermediario entre los autores intelectuales y materiales. También una mujer de apellidos Chacón Guillén, de 30 años, capturada en una vía pública, señalada como la esposa del intermediario y quien presuntamente pagó 50.000 colones (100 dólares) por el transporte de los sospechosos. A ellos se suman Cordero Robles, de 23 años, detenido en un allanamiento en la ciudadela León XIII, en San José, y Castro Pérez, de 33 años, arrestado en una vía pública, ambos presuntamente vinculados como transportistas. El que disparó sigue en fuga.

“Un joven en apariencia de 20 años de edad, que responde al apellido Carvajal, es el que ingresa al condominio y comete el homicidio en apariencia. Pero también, de acuerdo con la línea investigativa, tenemos ubicado —por primera vez— a un intermediario, cosa que no sucedió en el caso de (Joao) Maldonado”, precisó el director del OIJ, Randall Zúñiga, en declaraciones a Teletica el día de los allanamientos.

Sobre los avances del caso, la viuda de Samcam dice que le gusta la posición del fiscal general, “porque nos reivindica al exilio completo”. “Vincula al Ejército de Nicaragua y lo menciona sin miedo. Además, establece que hay patrones similares entre el ataque a Joao Maldonado y el de Roberto. Eso nos da la razón: hemos venido denunciando que existe una represión transnacional”, insiste.

“Roberto fue mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, analista político y escritor. Sus libros y su voz denunciaban la deriva autoritaria y la represión nacional y transnacional. Precisamente por hablar, por escribir y por no callar, fue asesinado. Su crimen fue planificado y ejecutado con precisión”, agrega.

Según Vargas, el asesinato de su esposo vulneró la soberanía de Costa Rica, el país con más refugiados políticos nicaragüenses. Insiste en que forma parte de un patrón represivo documentado: campañas de odio, vigilancia, desnacionalizaciones, atentados y asesinatos. “Se vulnero la frontera y el hogar como esencia misma de la paz y la comunidad internacional. Solicito protección para la comunidad de exiliados para que no se normalice que los países de refugio se conviertan en escenarios de asesinatos políticos. Esto no solo erosiona el derecho de asilo, sino que mina la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos”, plantea.

A pesar de lo traumático del crimen de Samcam, asesinado mientras su hija dormía en una habitación del apartamento, Vargas dice que “se ha secado las lágrimas para seguir”. “Han sido las dos cosas: llorar encerrada en un cuarto, pero también secarme las lágrimas y seguir. Soy consciente del rol político y de la importancia que tiene el asesinato de Roberto. Sé que este es el momento y no puedo echarme a morir en los primeros meses. He heredado una voz política: ya tenía una, pero ahora asumo también la de Roberto. Para él, el silencio no era una opción, y para mí tampoco lo es, menos ahora”, dice, muy esperanzada en el respaldo que le da la abogada española Almudena Bernabéu, considerada una caza dictadores, quien ha asumido la tutela legal del caso de Samcam.