Ortega y Murillo alargan un año su periodo presidencial en Nicaragua
Las elecciones se posponen hasta 2027 tras la aprobación sin discusión parlamentaria de una Constitución redactada a la medida del matrimonio presidencial
En tan solo cuestión de minutos y sin discutir, la Asamblea Nacional de Nicaragua —controlada por el Gobierno— aprobó este jueves la ampliación del periodo presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo hasta 2028, un año más del establecido por el calendario electoral previo. Según la nueva Constitución Política hecha a la medida de la pareja, el Ejecutivo lo ocupan ahora un copresidente y una copresidenta, una fórmula que garantiza la sucesión matrimonial del poder.
La nueva Constitución extiende la extensión del mandato a “las autoridades electas por el voto popular en las últimas elecciones generales, municipales y regionales”. En otras palabras, a todos los funcionarios sandinistas que administran el país en todos los niveles, ya que en las últimas elecciones, cuestionadas por la falta de transparencia y competencia, el oficialismo copó cada cargo público disponible.
El modelo de concentración del poder, que críticos a la administración sandinista califican como “totalitario y de partido único”, se consolidó con la profunda reforma constitucional aprobada en lo general en diciembre de 2024 y en lo particular durante todo el mes de enero por el Parlamento sandinista. La nueva Constitución Ortega-Murillo entra en vigencia este mismo jueves 30 de enero y sepulta las ruinas de la separación de poderes en Nicaragua, al reducir las instituciones y poderes del Estado a “órganos” que pasan a ser coordinados por la Presidencia.
Además, la pareja “copresidencial” podrá nombrar ahora a cuántos vicepresidentes quiera, sin que esos nombramientos pasen por el voto popular. Una ecuación, coinciden analistas políticos, que resuelve el embrollo de la sucesión dinástica. El más sonado para una vicepresidencia es uno de los hijos de la pareja, Laureano Ortega Murillo, promovido como delfín desde hace años por sus padres.
Entre otras decenas de cambios que modifican la identidad del Estado nicaragüense, la ampliación del mandato presidencial era lo que más expectativas causaba durante la aprobación paulatina de la reforma. Y es lo que los diputados han dejado para último momento. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, dijo que la ampliación del mandato se dio porque la Constitución “mandata que los períodos para los que son electos los cargos populares serán de seis años, de tal forma que, para invitar conflicto, queda en la ley de reforma reconocer que los períodos para cumplir con la Constitución se ampliarán a los seis años que mandata la Constitución”.
Elección a dedo de magistrados
En la víspera de la ampliación del mandato presidencial, los diputados otorgaron al matrimonio Ortega-Murillo el poder para elegir a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, una elección que antes correspondía a los mismos magistrados.
La nueva Constitución también garantiza el control de la pareja sobre las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía Nacional, señalados por organismos de derechos humanos de ejecutar la represión contra toda voz crítica. El artículo 97 legitima los grupos paramilitares que durante las protestas de 2018 fueron los responsables de asesinar a más de 350 personas, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una sangría que un grupo de expertos de Naciones Unidas califica como “crímenes de lesa humanidad”.
Reed Brody, un abogado estadounidense conocido como el Cazadictadores, lleva más de 40 años persiguiendo tiranos en América y África. “Daniel Ortega y Rosario Murillo han consagrado y afianzado su poder absoluto. Ahora controlan el poder judicial, el legislativo y el aparato electoral, con la facultad de suspender todos los derechos, desplegar al ejército en operaciones policiales y utilizar a los llamados ‘policías voluntarios’ como fuerzas de choque”, dice a EL PAÍS.
“Estos cambios grotescos marcan el fin del Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua. Oficializan el cierre del espacio cívico y garantizan que los ciudadanos no tengan a dónde recurrir cuando sus derechos sean violados”, agrega Brody, quien ahora forma parte del Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GHREN).