Rutas del GPS que cuestan vidas en Río de Janeiro: el drama de recibir un tiro al entrar por error en zona peligrosa
Una turista murió en diciembre y otro sigue gravísimo tras ser baleados en sendos incidentes tras llegar por equivocación a favelas dominadas por el narcotráfico
Perderse con el coche siguiendo las indicaciones del GPS puede tener un coste muy alto cuando parte de la ciudad está controlada por el crimen organizado. En Río de Janeiro, los casos de conductores de Uber o turistas que entran por error en una favela dominada por el narcotráfico y son recibidos a balazos no son una rareza. A mediados de diciembre, el turista argentino Gastón Fernando Burlón, de 51 años, se dirigía con su familia en coche hacia uno de los p...
Perderse con el coche siguiendo las indicaciones del GPS puede tener un coste muy alto cuando parte de la ciudad está controlada por el crimen organizado. En Río de Janeiro, los casos de conductores de Uber o turistas que entran por error en una favela dominada por el narcotráfico y son recibidos a balazos no son una rareza. A mediados de diciembre, el turista argentino Gastón Fernando Burlón, de 51 años, se dirigía con su familia en coche hacia uno de los puntos más visitados de la ciudad, el Cristo del Corcovado. Se perdió en las inmediaciones del turístico barrio de Santa Teresa, a los pies de la favela del Morro dos Prazeres. Unos jóvenes armados le mandaron parar, pero asustado, aceleró para escapar. Fue entonces cuando recibió un balazo fatal en la cabeza. Desde entonces está hospitalizado en estado gravísimo. Dos semanas después, la brasileña Diely da Silva Maia, de 34 años, tuvo un final más trágico. Había llegado a Río como turista para pasar unos días de vacaciones con unas amigas. La noche de un sábado se dirigían en Uber a una fiesta cuando el conductor, siguiendo el GPS, llegó por error a la favela de Fontela. Fueron recibidos con disparos. El conductor resultó herido. La turista murió en el acto.
Las víctimas suelen seguir dos perfiles: turistas o conductores de Uber que no conocen la ciudad y confían en el GPS. Entre los taxistas, mejores conocedores del callejero, estos errores fatales no son tan comunes. No es un problema nuevo, ni tampoco exclusivo de Río, pero las autoridades admiten que ha aumentado en los últimos meses. El secretario de Seguridad del Estado de Río, Victor do Santos, lo atribuye al aumento de disputas por el territorio entre facciones rivales. “Cuando un coche entra de repente, el delincuente imagina que es un adversario que quiere entrar a conquistar su favela, por eso la reacción es mayor. Hay una relación directa con esos incidentes, acaban efectuando disparos por no seguir las orientaciones”, explica por teléfono. Conducir despacio, bajar las ventanillas e iluminar el interior del vehículo son gestos que pueden ayudar a prevenir peligrosas confusiones. Las propias autoridades de Río piden a las empresas que orienten a sus conductores sobre estos protocolos.
Dado que es una realidad que no va a cambiar a corto ni medio plazo, en 2019 el Ayuntamiento de Río aprobó una ley que obliga a las aplicaciones de navegación (como Google Maps o Waze) a alertar cuando se entra en una zona de riesgo, pero su cumplimiento depende del voluntarismo de cada empresa. Los mapas que usa Uber, por ejemplo, llegan a bloquear regiones enteras consideradas extremadamente peligrosas, aunque se trata de casos muy puntuales y momentáneos. Otras aplicaciones, como 99, alertan al usuario, pero dejan que él decida si ir o no.
El sistema de alertas abrió varios debates: por un lado, ¿qué es un área de riesgo? La ley no define los criterios y las empresas no explican qué baremo siguen. Además, estas alertas dificultan aún más el ya precario acceso a transporte de los vecinos de las favelas, que también lamentan el estigma social que supone marcar su barrio en rojo en el mapa.
No hay una solución fácil. Desde la Asociación Brasileña de Movilidad y Tecnología (Amobitec), que reúne a empresas como Uber, 99 y IFood, afirman que están en diálogo constante con el poder público y que, en algunos estados, como en Río de Janeiro, la propia aplicación está integrada con el sistema de emergencias para que el conductor pueda notificar rápidamente a la Policía Militar sin necesidad de una llamada.
Los especialistas en seguridad pública, no obstante, creen que el foco debe ponerse en el Estado, no tanto en las empresas privadas. Para el coordinador del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) Pablo Nunes, las plataformas de transporte podrían estudiar cómo explotar el potencial de herramientas que surgieron de la sociedad civil en los últimos años, como la aplicación Fogo Cruzado, que avisa en tiempo real de dónde hay tiroteos, o las páginas de barrio en las redes sociales, que también suelen ser muy efectivas a la hora de avisar de incidentes violentos. No obstante, Nunes insiste en no externalizar responsabilidades: “Cuando tenemos sectores de la sociedad civil, de empresas privadas, teniendo que crear mecanismos para lidiar con una cuestión que debería ser pública, tenemos un problema”
Santos, en tanto que máximo responsable de la seguridad en el estado de Río de Janeiro, admite que en muchos casos los narcos extendieron su área de control unos metros más allá del núcleo central de la favela, llegando a sus accesos, las calles adyacentes de la ciudad formal; lo que coloquialmente en Brasil se conoce como “el asfalto”. Para blindarse de policías y bandas rivales en la entrada del territorio que controlan, en muchas ocasiones construyen barricadas en plena calle. El año pasado, la policía retiró 7.000 toneladas de esos obstáculos. A veces, incluso usan autobuses.
Para el secretario de seguridad, este dominio y sentimiento de impunidad ocurre por decisiones judiciales que en los últimos años han limitado las operaciones policiales en favelas. A pesar de la alarma social que causan las muertes en los encuentros fortuitos entre conductores y delincuentes, el estado de Río no está entre los más peligrosos de Brasil y el número de muertes violentas ha caído constantemente en los últimos años. Entre enero y noviembre del año pasado hubo 2.626 víctimas mortales, un 13% menos que en 2023. Es el número más bajo desde 1991.