El chavismo acusa a los opositores refugiados en la Embajada argentina en Caracas de “planes desestabilizadores”
La Fiscalía confirma la salida del político Fernando Martínez Mottola, quien estuvo nueve meses resguardado en la sede diplomática
El Ministerio Público de Venezuela informó este viernes de que Fernando Martínez Mottola, uno de los seis refugiados que permanecía en la Embajada de Argentina en Caracas desde hace nueve meses, “decidió colaborar activamente” con la justicia y declaró sobre los “graves hechos violentos, conspirativos, y desestabilizadores” que se estarían organizando desde la sede diplomática, sin presentar evidencias. Asesor de la coalición de partidos opositores Plataforma Unitaria y colaborador cercano del dirigente Juan Guaidó, quien lo envió como delegado a las negociaciones impulsadas por Noruega, obtuvo medidas cautelares de presentación periódica a tribunales. Hasta el momento Martínez Mottola no ha hecho declaraciones sobre su caso.
La crisis generada luego de que las fuerzas de seguridad aumentaran el asedio a la Embajada argentina, a lo que se sumó la detención hace unos días de un suboficial argentino y un empleado local de la sede diplomática, parecen haber terminado por empujar una negociación internacional para encontrar una salida a la situación. De esos pulsos dio cuenta esta semana el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, quien reveló lo que Caracas pedía a cambio de dar salvoconductos para salir del país a los seis opositores refugiados. No está claro qué condiciones han permitido la salida de Martínez Mottola. Desde los medios y tribunas chavistas se impulsa la interpretación de que la medida es consecuencia de una división del bloque opositor.
Martínez Mottola se refugió en la residencia argentina en Caracas el 21 de marzo, un día después que los cinco colaboradores cercanos de Machado hicieran lo mismo. A todos los acusan de conspirar contra el Gobierno de Maduro.
En los días previos a la Navidad, las presiones por la liberación de los detenidos durante las protestas post electorales y otros opositores perseguidos ha producido algunas excarcelaciones. Pero las capturas de dirigentes políticos continúan, en particular del entorno de María Corina Machado y su partido Vente, al que la Fiscalía venezolana califica de “organización extremista”.
La tensión aumenta con la cercanía al 10 de enero, cuando Nicolás Maduro jurará para un tercer mandato, pese a las denuncias de fraude electoral de la oposición, y Edmundo González ha anunciado que tiene la intención de volver al país para asumir el cargo de presidente, esgrimiendo las evidencias de las actas oficiales de votación presentadas que reflejan que ganó por un enorme caudal de votos.
Los familiares del exconcejal Jesús Armas, quien estuvo al frente del comando o comité de campaña opositor en Caracas, han denunciado que fue torturado mientras estuvo en paradero desconocido, cuando fue sacado a la fuerza de un restaurante por hombres encapuchados la semana pasada. Recientemente fue trasladado a la prisión del Helicoide, donde está recluida la mayoría de los presos políticos venezolanos. El último balance de la ONG Foro Penal señala que todavía quedan en prisión 1.877 personas, la mayor parte fue encarcelada luego de las protestas contra los resultados de elecciones anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
Por el caso de los adolescentes detenidos, más de un centenar, ha habido mayor presión. Este viernes liberaron a seis en Cumaná, en el oriente del país, y a tres apresados en Caracas. Del total quedarían todavía presos unos seis adolescentes.