El grupo Mugre Sur exhibe en el Quito Fest un muñeco ahorcado de Daniel Noboa

Había caído la noche en Quito. La lluvia torrencial empapaba el asfalto y el escenario en el Parque Bicentenario se teñía de un rojo intenso. El grupo de rap popular Mugre Sur llevaba ya varios minutos sobre el escenario, cambiando de disfraces estrafalarios, aquellos que han marcado la estética de sus performances. Una voz de locutor radial rompió el bullicio, anunciando el inicio de lo que vendría: un conteo regresivo… tres, dos, uno. “Llegó la hora cero. ¡Viva Ecuador!”, exclamaron los músicos. En el centro del escenario, los cantantes se mantenían inmóviles, apuntando sus micrófonos mientras entonaban sus versos. A un costado, una figura de cartón del presidente Daniel Noboa -idéntica a la que usó en su campaña electoral -empezaba a elevarse, colgada de una cuerda. La cabeza, cubierta con una bolsa negra, completaba la imagen surrealista. Los artistas cantaban una canción con letra de protesta contra el poder, entonada con el coro que hacía el público.

La escena generó una fuerte reacción entre los seguidores del mandatario y ha despertado el furor por marcar las líneas a la libertad de expresión, esta vez, a los artistas y sus presentaciones. “Condeno de manera enérgica estos actos que sobrepasan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, llevando implícito el mensaje de normalizar la violencia a pretexto de las fiestas capitalinas”, escribió en la red social X, Zaida Rovira, quien fue Defensora del Pueblo, abogada de derechos humanos, y ahora ministra en el Gobierno de Noboa.

El festival en cuestión, el Quito Fest, que se celebra desde hace dos décadas en conmemoración de la fundación de la capital ecuatoriana, fue el marco para la presentación de Mugre Sur. El festival es uno de los más grandes del país y es parte de la agenda de varios eventos que organiza el Municipio de Quito, que a su vez, entrega fondos para la realización del festival y de otras presentaciones culturales durante las fiestas de la ciudad que duran tres días. Es decir, recibe fondos públicos, y de eso se tomaron otras figuras políticas como los concejales Michael Aulestia y Wilson Merino que incluso pidieron la renuncia del director de Cultura del Municipio, quien recibió el respaldo del alcalde, Pabel Muñoz. “Sobre el arte y la cultura, cuyo valor es ser muchas veces la voz crítica de la sociedad, no caben procesos de censura”, defendió el edil.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. El Ministerio de Cultura, en un comunicado oficial, expresó su respaldo a la libertad de expresión, aunque insistió en que “los espectáculos públicos no deben ser utilizados como espacios para fomentar el odio y la división”. La declaración encendió aún más la conversación en redes sociales, en un país donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. En Ecuador, cerca de 20 personas son asesinadas a diario, muchas veces de forma atroz, con disparos en la cabeza o el pecho. La violencia carcelaria también ha escalado a niveles indescriptibles, como lo evidenció la reciente masacre en la Penitenciaría del Litoral, donde 17 presos fueron asesinados, algunos de ellos quemados, otros mutilados. En un hospital de Manta, una niña de 11 años lucha por sobrevivir después de recibir un disparo en la cabeza en medio de una balacera de sicarios. Ante estos hechos, el silencio institucional ha sido ensordecedor. No se ha visto la misma urgencia por condenar la brutalidad del crimen organizado que la mostrada ante una manifestación artística.

La historia de la relación entre arte y poder en Ecuador está marcada por episodios de censura. En 2013, el entonces presidente Rafael Correa reaccionó airadamente ante un gesto obsceno del artista Jaime Guevara, quien, durante el paso de una caravana presidencial, mostró a Correa un gesto obsceno de desprecio. El presidente no dudó en detener la caravana, bajar del vehículo y lanzar una serie de insultos, que después él mismo hizo públicos a través de sus enlaces ciudadanos. Un estudiante que replicó el gesto fue condenado a 20 horas de trabajo comunitario. En 2015, otro incidente conmocionó al país. Francisco Sampedro, un conductor de 57 años, fue detenido por portar un monigote de un borrego en su camioneta, en el contexto de una protesta contra el gobierno. Fue acusado de tráfico de armas químicas y nucleares, en lo que muchos vieron como un intento de criminalizar la protesta social. Después de 86 días en prisión y un proceso judicial que se extendió durante casi dos años, Sampedro fue finalmente declarado inocente.