La Unión Europea prolonga un año más las sanciones al régimen de Daniel Ortega
En la lista de designados figuran la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, y tres hijos de la pareja
La Unión Europea mantiene la presión sobre Nicaragua: el Consejo de la UE ha anunciado este martes la extensión, por un año más, de las sanciones al régimen de Daniel Ortega impuestas desde 2019, que afectan entre otros a la esposa del mandatario y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como a tres hijos de la pareja que gobierna con mano de hierro el país centroamericano.
“En vista de la situación en Nicaragua, el Consejo ha prolongado hasta el 15 de octubre de 2025 sus medidas restrictivas”, establecidas hace cinco años tras constatar la UE el “deterioro de la situación política y social” en el país centroamericano, señala un comunicado emitido en Bruselas.
La decisión permite mantener las sanciones —congelación de bienes de los designados en territorio europeo y prohibir a ciudadanos y empresas de la UE proveer de fondos a estas personas— a altos responsables del Gobierno nicaragüense, así como personas y entidades vinculadas a este. Actualmente, hay 21 nicaragüenses incluidos en la lista negra europea y tres instituciones: la Policía Nacional nicaragüense, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, al que acusa de haber “dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática”, además de ejercer un “férreo control de los medios de comunicación, mediante el cierre de emisoras de radio afines a la oposición democrática”.
Entre las personas físicas sancionadas destacan Rosario Murillo y tres hijos de la pareja presidencial. De la “copresidenta”, como la llama Daniel Ortega, los Veintisiete señalan, entre otros, que el propio Ortega reveló en febrero del año pasado que su mujer “es la instigadora de nuevos actos de represión, concretamente en relación con la expulsión y la privación de la nacionalidad de 222 presos políticos”.
“Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua”, concluye la UE en su descripción de los motivos de su inclusión en la lista de sancionados, donde figura desde agosto de 2021.
Entre los sancionados por la UE están también tres hijos de la pareja presidencial: Juan Carlos Ortega Murillo, director del Canal 8 —”una de las principales cadenas de televisión propagandísticas— y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo; Camila Antonia Ortega Murillo, asesora de la presidencia y asistente personal de su madre, y Laureano Facundo Ortega Murillo, también asesor presidencial. Sobre todos los sancionados pesa también una prohibición de viaje que les impide transitar por territorio europeo.
Las sanciones están vigentes desde que, en 2019, la UE manifestara su preocupación por el “continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en el país”. Desde entonces, el régimen de Managua ha expulsado del país a cientos de presos políticos, a los que ha despojado además de la nacionalidad nicaragüense. La última vez fue hace apenas unas semanas: a finales de septiembre, La Corte Suprema de Justicia, otro organismo controlado por Ortega, anunció que retiraba la nacionalidad a los 135 excarcelados y expulsados a Guatemala unos días antes.
“La UE reitera su llamamiento a la restauración en Nicaragua de las libertades fundamentales, la liberación de todos los presos políticos que quedan y el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos”, ha instado el Consejo de la UE en un comunicado, en el que también “subraya la necesidad de poner fin a las restricciones del espacio cívico y respetar el derecho a disentir” de los nicaragüenses.
El mes pasado, un grupo de expertos de Naciones Unidas publicó en Ginebra un duro informe en el que acusan a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de “coordinar” un aparato represivo dirigido desde el Estado para instaurar un sistema de terror con “graves violaciones y abusos a los derechos humanos”.