Rosario Murillo purga a ‘El Mapache’, el leal jefe de la escolta personal de Daniel Ortega

Ascendió en el escalafón policial bajo su sombra protectora y, pronto, se convirtió en su sombra. Eran poquísimos los movimientos del nicaragüense, Daniel Ortega en los que no estuviera, flanqueando su espalda, el comisionado Marcos Alberto Acuña Avilés, protegiéndolo a menos de un brazo de distancia y coordinando como jefe la escolta personal presidencial. Un trabajo casi a tiempo completo y que hacía, según fuentes policiales, con “dedicación total” al caudillo sandinista. Entre las filas de la Policía Nacional lo llaman El Mapache, debido a ese antifaz que el cansancio le fue pintando alrededor de sus ojos durante los 25 años que le sirvió al mandatario señalado por un grupo de expertos de Naciones Unidas de comandar crímenes de lesa humanidad.

En las fotos de Ortega que la propaganda sandinista distribuye, siempre aparece, casi en el mismo primer plano, el comisionado Acuña con walkie talkies dando órdenes a sus subordinados… o con un fusil cruzado sobre el pecho en las tarimas enfloradas al gusto de la copresidenta Rosario Murillo quien, el pasado 24 de julio, se convirtió en su verduga.

El Mapache fue destituido por órdenes expresas de Murillo, según Confidencial, el medio de comunicación que reveló la caída del oficial de alto rango. Horas después de la publicación de la redacción dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, la Policía Nacional emitió un comunicado señalando al comisionado Acuña de “desobedecer flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana”.

“En consecuencia y de conformidad a lo establecido en la Ley 872 [Ley de la Policía Nacional] y sus reformas, se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”, indicó la cuestionada institución policial.

“La misma noche de su destitución”, narra Confidencial, “Acuña fue internado en el hospital Carlos Roberto Huembes, que atiende a la Policía Nacional, para que lo estabilizaran, porque se le había subido la presión”. Desde entonces permanece incomunicado en el centro sanitario, custodiado por oficiales.

Ascenso y lealtad

El comisionado Acuña era parte del equipo de seguridad de Daniel Ortega desde los años noventa. Durante toda esa década, como oficial, se ganó la confianza del caudillo sandinista quien, en ese entonces como opositor, siempre mantuvo influencias en la Policía Nacional. En enero de 2007, cuando Ortega regresó al poder, El Mapache se convirtió en el jefe de la escolta presidencial, una unidad policial que no deja de crecer en número cada año.

Entre 2008 y 2010, Acuña logró ser ascendido a subcomisionado, comisionado y posteriormente a comisionado mayor. Un trayecto profesional que, según un oficial retirado de la jefatura policial consultado por EL PAÍS, debió costarle unos tres quinquenios… pero la lealtad a Ortega lo catapultó.

Otras fuentes policiales coincidieron que el comisionado conocía todos los movimientos de Ortega. Era su guardaespaldas de confianza, el preferido y el mandatario se sentía cómodo con él. “Un oficial muy profesional, de trato educado y respetuoso, con dedicación total a él y no a ella, Rosario Murillo”, dijo por su parte a Confidencial un exfuncionario del Gobierno sandinista.

El ascenso final del comisionado Acuña en el escalafón policial ocurrió en 2014, cuando –junto a otros comisionados leales y encargados de la represión de opositores–, Ortega le dio el grado de comisionado general a través del Acuerdo Presidencial 160-2014. El máximo reconocimiento para un oficial en la Policía Nacional. Por eso, entre la oficialidad, causó estupor la caída de El Mapache.

Las fuentes policiales citadas por Confidencial sostienen que la destitución del comisionado general Acuña está relacionada a las “relaciones de tensión” que mantenía en los últimos meses con la copresidenta Murillo. “La caída de Acuña, ordenada por Murillo, se produjo después de una discusión con la vicepresidenta el 24 de julio, en torno a una situación y un tema que no pudieron identificar”, asegura el medio de comunicación.

“Acuña siempre estuvo en la Dirección de Seguridad Personal, que es la que se encarga de la protección de personalidades. Desde muy temprano entró al cuerpo de escoltas de Daniel Ortega. Usualmente es un grupo de élite y en el que no hay mucha rotación, porque en esos grupos de escoltas lo que prevalece son las relaciones personales muy cercanas que se construyen; de muy alta confianza”, explica el oficial retirado de la jefatura policial. “Este muchacho creció y se promovió a la sombra de Ortega. Es alguien sumamente cercano. Entonces lo que yo veo, lo que sucedió con el comunicado que sacó la Policía, es que la que controla todo alrededor de Ortega es Rosario Murillo. Está virtualmente secuestrado por ella. Es decir, quien tendría la voz de mando, la autoridad sobre Acuña sería Ortega… a esas personas no las cambian así por así, a menos que ocurra algo muy especial”.

Purgas y “compactación del Estado”

La destitución del comisionado general Acuña ocurre en un momento de purgas en las instituciones de gobierno. Desde hace más de un año, fuentes sandinistas sostienen que la copresidenta Murillo ha ordenado las defenestraciones de decenas de altos funcionarios sandinistas, incluida la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. La mayoría de los destituidos “eran leales a él y no a ella”.

La gran purga de Murillo, con la venia de su esposo, se enmarca en el proyecto de sucesión familiar del poder. Ella ha purgado a funcionarios que no gozan de su absoluta confianza –o que le parece que ya no le son leales– para sustituirlos. De manera que, cuando sea el momento de ejecutar la sucesión dinástica, en la que el “delfín aupado” por Murillo es su hijo Laureano Ortega Murillo, no encuentre detractores. Esa es la conclusión que sacan analistas políticos y opositores.

La semana pasada, en medio de la destitución de funcionarios (muchos por supuestos casos de corrupción), la Presidencia anunció “una compactación del Estado”. Un “reordenamiento, reestructuración y rediseño” en las diferentes instituciones gubernamentales. Algo que ha generado diversas interpretaciones. La primera es que la “barrida” masiva de funcionarios estaría en sintonía con una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la deuda pública.

Otra hipótesis es que las finanzas estatales están en crisis o que la Presidencia pretende ejercer un mayor control en las ejecuciones presupuestarias debidos a los supuestos casos de corrupción denunciados extraoficialmente.

En el comunicado oficial sobre “la compactación del Estado”, el Gobierno alega “ahorro y eficiencia en el gasto y la gestión pública”. Sin embargo, los críticos consideran que también la medida está orientada a limpiar las planillas de funcionarios públicos que no han demostrado suficiente lealtad al proyecto de sucesión dinástica que empuja la pareja presidencial, en especial la copresidenta Murillo.

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