Noboa arrebata el control de las cárceles al crimen organizado

El perímetro de la cárcel de Guayaquil tiene menos militares custodiando el exterior. Lo que ocurre adentro está todavía bajo el blindaje de las Fuerzas Armadas que instalaron campamentos desde el 9 de enero en las prisiones más peligrosas de Ecuador, tras el decreto presidencial de conflicto armado interno, que autorizó su ingreso a las celdas de los reos, que por norma están impedidos a custodiar las prisiones. La violenta coyuntura de los primeros días del año, en los que siete cárceles fueron secuestradas por los presos, empujó a la medida extrema. Desde entonces los presos pasan sus días bajo régimen militar. Se levantan temprano. Limpian los diminutos cuartos donde viven hacinados. Salen al patio por grupos a ejercitarse bajo la orden de un oficial. Y vuelven a la celda donde pasan la mayor parte del tiempo, finalmente, incomunicados. El control también se ha establecido mediante la tortura. Bajo estos códigos, las cárceles de Ecuador cumplen siete meses sin masacres, el mayor periodo de tiempo en los últimos tres años, después de que se registraran más de una docena de eventos violentos entre las bandas criminales que se alojan en las prisiones, y asesinaran cruelmente a cerca de 500 personas.

Bajo el control del Gobierno, las cárceles han sido despojadas del dominio del crimen organizado, logrando eliminar disturbios y masacres, así como cortar la comunicación externa. Estos recintos albergaban a líderes delictivos que desde lujosas celdas con acceso a internet satelital y recursos financieros dirigían actividades ilícitas como el tráfico de drogas, los asesinatos por encargo y las extorsiones. A pesar de los esfuerzos de los últimos tres presidentes por denunciar que las cárceles operaban como centros de comando para mafias, justificando así la violencia dentro y fuera de las prisiones, el Gobierno ha logrado someter a los reclusos mediante la intervención de las fuerzas públicas. No obstante, la violencia en las calles continúa en aumento, a pesar de que el Gobierno reporta una disminución del 18% en los índices de violencia en febrero, durante el período de máxima restricción militar bajo estado de excepción. En contraste, junio registró 600 homicidios en un solo mes, evidenciando la persistencia del conflicto.

Sin disturbios ni masacres, y sin comunicación hacia el exterior, el Gobierno ha logrado arrebatar el control de las cárceles al crimen organizado. Estos lugares albergan a los cabecillas que, desde sus acomodadas celdas, con internet satelital y dinero, manejaban los negocios ilícitos como el tráfico de drogas, los sicariatos y las extorsiones. Los últimos tres presidentes repitieron el discurso que las cárceles servían de centros de operaciones de las mafias, y así justificar la violencia dentro y fuera de los presidios. Pero aún con los presos sometidos por la fuerza pública, el conflicto en las calles continúa escalando. Aunque el Gobierno habla de una reducción de la violencia del 18 por ciento, en febrero, cuando el estado de excepción atravesaba la etapa de mayor restricción militar, las muertes violentas se contuvieron y se registraron 367 crímenes, para junio la cifra alcanzó los 600 homicidios, sólo en un mes.

Las cárceles han servido siempre de trincheras de las bandas delincuenciales, y es un problema que atraviesa a todas las prisiones de Latinoamérica, pero no son ahí donde se articula todo el negocio. En el caso ecuatoriano, el Gobierno no entiende al enemigo y por lo tanto no sabe cómo reaccionar frente a él. Con eso coincide el analista Mario Pazmiño. “El crimen organizado tiene estructuras jerarquizadas, los cabecillas pueden estar en las cárceles, pero afuera tienen otros líderes para dirigir las operaciones”. Una evidencia es que el negocio del tráfico de droga no se ha detenido nunca. La Policía incauta al mismo ritmo que el año pasado cuando las cárceles estaban al servicio de los criminales. En lo que va del año, se han incautado más de 100 toneladas en sustancias ilícitas, que iban a ser enviadas al exterior.

“El crimen organizado ha demostrado que tiene la capacidad de reorganizarse con rapidez y tiene más recursos que el Estado”, afirma Pazmiño, quien también fue coronel del Ejército. Hasta ahora, ni las estrategias ni los operativos son eficaces y están al vaivén de la política del país y de la campaña anticipada. Un ejemplo de ello ocurrió el 17 de julio, cuando el presidente Daniel Noboa transmitió en vivo por YouTube cómo llegaba rodeado de un convoy de militares a Durán, la ciudad más violenta del país. “Tomaremos Durán por nuestras propias manos. No se sorprendan si lo que viene es drástico, solo prepárense que las mafias tienen las horas contadas”, dijo el mandatario con chaleco antibalas y casco, en una cancha de tierra, rodeado de sus ministros de seguridad, el ejército y policías. Su espectacular aparición se dio unos días después de que el alcalde de la ciudad, Luis Chonillo, quien ha sufrido dos atentados y gobierna desde la clandestinidad para resguardar su vida, llevara a cabo una campaña en redes sociales y medios de comunicación para exigir una intervención integral al Gobierno, que es responsable de la política de seguridad.

Cuando el show terminó, el presidente salió por las calles con una caravana de seguridad de 15 carros que levantaban polvo por las estrechas vías del barrio la Delia, mientras tres camiones con militares dieron una vuelta al sector y abandonaron Durán. “En una estrategia de seguridad, jamás se anticipa lo que se va a hacer. El Presidente fue a Durán a anticipar el plan a los criminales”, dice Pazmiño.

Para Córdova, la militarización de la vía pública está provocando que las bandas criminales también lo hagan. “Se llama militarización de doble vía. Las bandas comienzan a actuar de forma táctica. Hacen sicariatos donde corresponden. Hacen masacres donde necesitan”. La violencia es más sofisticada, como la última masacre en un bus que hacía la ruta de Guayaquil hacia Tulcán, en la frontera con Colombia. Los criminales abrieron una balacera contra el bus para detener la marcha del vehículo. Cuando se subieron, vieron la cara de cada pasajero y dispararon contra cinco personas, que son miembros de una misma familia, que eran el objetivo de los gatilleros.

“El escenario que vive Ecuador es la antesala del paramilitarismo, están demostrando una destreza táctica y de capacidad estratégica, no son asesinatos a lo tonto”, añade Córdova.

El crimen organizado contraataca, ya no desde las prisiones que se mantienen bajo el control militar, sino que se refuerza en las calles, donde los dólares del narcotráfico se lavan en la economía local, y los negocios formales absorben el capital criminal para sostenerse sin fiscalización ni consecuencias.

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