La policía de Brasil acusa a Bolsonaro y a varios generales retirados de golpismo

La Policía Federal de Brasil ha tocado la puerta en la casa donde veranea Jair Bolsonaro por segunda vez en dos semanas. Si a finales de enero preguntaban por su hijo Carlos, este jueves los agentes llegaron buscando al propio expresidente (2019-2022) por su supuesta relación con el ...

La Policía Federal de Brasil ha tocado la puerta en la casa donde veranea Jair Bolsonaro por segunda vez en dos semanas. Si a finales de enero preguntaban por su hijo Carlos, este jueves los agentes llegaron buscando al propio expresidente (2019-2022) por su supuesta relación con el fallido intento golpista de hace un año tras su derrota electoral. El ultraderechista, tres generales retirados que fueron ministros con él y varios asesores de su círculo íntimo son los objetivos de una operación policial que incluye la búsqueda de unas 30 personas, órdenes de detener a cuatro y registros diversos. Los agentes se han presentado en casa de los Bolsonaro en Angra dos Reis, a 170 kilómetros de Río de Janeiro, con una orden que obliga al patriarca a entregar el pasaporte y le prohíbe abandonar el país y entrar en contacto con el resto de los investigados. Horas después, el expresidente depositaba el documento de viaje en la policía.

El juez del Supremo Alexandre de Moraes, que lidera las investigaciones por el intento de golpe, firma el escrito de acusación. Sostiene que en noviembre de 2022, es decir, un mes después de las elecciones, Bolsonaro recibió de su asesor especial para asuntos internacionales un borrador de decreto para anular el resultado electoral y ordenar el arresto del propio magistrado Moraes, uno de sus colegas del tribunal y del presidente del Senado, según la investigación policial, basada en escuchas y la confesión del secretario particular del expresidente, informa la agencia Reuters.

El entonces mandatario en funciones pidió algunos cambios al texto, que fueron realizados, pero mantuvo la petición de nuevas elecciones y el arresto de Moraes, al que el bolsonarismo considera su bestia negra. Según el relato policial, entonces “Bolsonaro convocó una reunión con los comandantes de las Fuerzas Armadas para presentarles el decreto y presionarlos para que se sumaran al golpe de Estado”.

El cerco judicial en torno a Bolsonaro padre se ha ido estrechando desde que, al dejar el poder, perdió la inmunidad, pero nunca antes el expresidente había sido directamente abordado por los investigadores del caso más grave contra él, el intento de abolir violentamente el Estado de derecho. También supone un salto cualitativo que entre los buscados haya tres generales en la reserva: Walter Braga Netto, que fue ministro de Defensa y candidato a vicepresidente en la última elección, su sucesor en el ministerio Paulo Nogueira Batista, y Augusto Heleno, que dirigió un ministerio crítico como el de Seguridad Institucional. Entre los señalados por la policía, destacan también el antiguo jefe de la Marina Almir Garnier, el antiguo ministro de Justicia Anderson Torres, policía, y Waldemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, en el que milita Bolsonaro padre.

Bolsonaro, que está inhabilitado por la justicia para presentarse a las elecciones hasta 2030, se considera víctima de una persecución política: “Salí del Gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable. Que me olviden, ya tienen a otro gobernando el país”, ha declarado a Folha de S. Paulo.

La operación en curso, bautizada como Tempus Veritatis (hora de la verdad, en latín) ha sido ordenada por el Tribunal Supremo y se enmarca en las pesquisas sobre el intento de golpe de Estado perpetrado por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023, a la semana de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras ganar las elecciones.

La policía acusa a los investigados de “pertenecer a una organizacion criminal que intentó perpetrar un golpe de Estado” que mantuviera a Bolsonaro en el poder y obtener con ello ventajas políticas. Los investigadores apuntan a que se organizaron en células para difundir supuestos fraudes en las elecciones de 2022 con el fin de legitimar una intervención militar. Durante dos meses, miles de personas acamparon ante cuarteles militares por todo el país reclamando un golpe contra Lula. Solo tras la asonada fueron desmantelados. Uno de los detenidos es Filipe Martins, un militar que fue asesor internacional del mandatario de extrema derecha.

El presidente Lula se ha referido a la noticia del día en las primeras horas de la operación policial. “Creo que [el intento de golpe] no hubiera ocurrido sin él [Bolsonaro]”, ha dicho durante una entrevista con una emisora de radio, según ha recogido la agencia Efe. El izquierdista ha recordado que, tras la derrota, su rival de extrema derecha “se quedó en casa llorando y se fue a Estados Unidos. Debe haber participado en la construcción de esa tentativa de golpe. Vamos a ver lo que dicen las investigaciones”.

Para el analista Eduardo Heleno, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, la acusación contra Bolsonaro y los generales confirma una sensación compartida por muchos y “con esta documentación tenemos la noción de la gravedad de este movimienro contrario a los intereses de la república y antidemocrático”.

Los casos judiciales contra Bolsonaro padre obedecen a asuntos variopintos, desde golpismo a intentar quedarse con unas joyas que le regaló la familia real saudí cuando era presidente de Brasil. O la más reciente, molestar a una ballena jorobada durante un paseo en moto acuática. Desde que el Tribunal Supremo anunció, poco después de la fracasada asonada, que investigaba a Bolsonaro por incitación al asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, este caso contra él ha deparado pocas novedades relevantes, pero varios peones de su entorno han ido cayendo. De todos modos, el expresidente fue inhabilitado. En paralelo, el cerco se ha estrechado paso a paso.

Primero, la policía detuvo y encarceló a un comisario de policía que fue ministro de Justicia. El siguiente arrestado fue su secretario privado, un militar que le acompañaba constantemente y le llevaba el teléfono móvil. Después, el 29 de enero, los agentes llegaron a la casa de veraneo de los Bolsonaro en busca de Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro, al que investigan por espionaje ilegal a miles de adversarios de su padre. Ahora, son el líder de la derecha brasileña y algunos de los generales retirados y asesores que le acompañaron en el Gobierno los que están en la mira de la policía y los jueces. Aunque está inhabilitado, Bolsonaro no tira la toalla, calienta motores para las elecciones municipales de octubre próximo. Los comicios ayudarán a vislumbrar la actual correlación de fuerzas entre el bolsonarismo y el Partido de los Trabajadores de Lula.

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