Rosario Murillo ejecuta una gran purga en el Poder Judicial de Nicaragua: más de 900 funcionarios despedidos

Días antes que el comisionado general en retiro Horacio Rocha la desalojara de su despacho y la enviara a su casa por la fuerza, la presidenta del Poder Judicial de Nicaragua, la magistrada Alba Luz Ramos, disfrutaba con sus amigos de las fiestas patronales de la ciudad de Jinotega. La veterana funcionaria leal al mandatario Daniel Ortega no se imaginaba lo que se urdía en su contra: su decapitación por orden de la poderosa “copresidenta” ...

Días antes que el comisionado general en retiro Horacio Rocha la desalojara de su despacho y la enviara a su casa por la fuerza, la presidenta del Poder Judicial de Nicaragua, la magistrada Alba Luz Ramos, disfrutaba con sus amigos de las fiestas patronales de la ciudad de Jinotega. La veterana funcionaria leal al mandatario Daniel Ortega no se imaginaba lo que se urdía en su contra: su decapitación por orden de la poderosa “copresidenta” Rosario Murillo. La segunda al mando del régimen sandinista ha ejecutado al mismo tiempo una purga sin precedentes en el aparato de justicia, según diversas fuentes judiciales consultadas por EL PAÍS. Una “barrida” que alcanza a 900 funcionarios de todos los niveles, desde togados hasta conserjes y chóferes.

El pasado 24 de noviembre el comisionado Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional, expulsó a Ramos de su oficina y no le permitieron sacar sus pertenencias. La magistrada dijo sentirse “ultrajada” y protestó. Pero no podía hacer más, la defenestraron sin que pudiera apelar la decisión. La “orden de arriba” era darle un “tiro de gracia”. Un operativo que empezó 72 horas antes de su expulsión en sigilo con la intervención de cuentas bancarias y el sistema informático de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una institución clave en el engranaje represivo del régimen Ortega-Murillo, ratificando sentencias políticas y elucubrando persecución judicial contra toda voz crítica en Nicaragua.

La intervención policial del Poder Judicial incluyó la democión del secretario administrativo Berman Martínez y del director de Informática Martín García. Martínez era parte del círculo de confianza de la magistrada Ramos. Las fuentes coinciden en que la “investigación” encomendada al comisionado Rocha fue motivada por “actos de corrupción” de Martínez.

“La Alba Luz [Ramos] protegía mucho a Berman, que era secretario general de la Corte. Eran bien amigos porque él iba a las hípicas [desfiles de caballos], a todas las fiestas con ella. Se hicieron amigos en lo personal y ese fue el error de la Alba Luz”, dice a EL PAÍS una fuente del entorno de la cúpula del aparato de justicia. “Entonces, ¿qué pasa? La Rosario [Murillo] y la Alba Luz nunca han tenido una buena relación. Más bien ha sido una mala relación desde los años ochenta y resulta que la vicepresidenta aprovecha este caso de corrupción para volarse por fin a la Alba Luz, quien siempre ha sido protegida por Daniel Ortega”.

Para entender lo que describe la fuente judicial hay que recordar que el poder del régimen sandinista es bicéfalo: Murillo se encarga de la administración diaria del poder, pero desde 2018 ha copado espacios que Ortega solía controlar, como la Policía Nacional y otros poderes del Estado. De hecho, en los últimos años la “copresidenta” Murillo ha venido ubicando en las instituciones públicas funcionarios leales a ella, en la misma medida que ha desplazado a la “vieja guardia” del Frente Sandinista, como el comandante Bayardo Arce y del Coronel Lenín Cerna, por citar dos de los casos más escandalosos en los que la “copresidenta” se impuso y ganó amplio terreno político a lo interno del partido sandinista y el gobierno.

Después de 2018, cuando en Nicaragua se desató la violenta y alargada crisis sociopolítica, la presidenta del Poder Judicial renunció a su cargo en tres ocasiones. Sin embargo, Ortega le rechazó las cartas de renuncia y la exhortó a seguir en el puesto. Fueron años convulsos entre la magistrada Ramos y la vicepresidenta Murillo, a tal punto que la togada no asistía a los actos públicos presididos por la pareja presidencial. Una ausencia notable ya que todos los funcionarios públicos, en especial los titulares de los poderes del Estado, son obligados a asistir.

“O cuando iba a los actos vos le mirabas la cara empurrada [incómoda] a la Alba Luz… creo que después las cosas se calmaron y hasta vimos una foto de ella con la Rosario [Murillo] en mayo pasado. Pero la verdad es que la relación entre ambas siempre ha sido muy mala…. En las reuniones entre Presidencia y los cuatro poderes del Estado que se hacían una vez al mes, la Alba Luz era de las pocas, o la única funcionaria, que no se quedaba callada. Contradecía algunos disparates que la Rosario quería hacer en la Corte. La Alba Luz siempre ha tenido su carácter y eso ha chocado con la Rosario, que no le gusta que le lleven la contraria”, relata la fuente ligada a la CSJ.

Una barrida sin precedentes

Desde hace algunos años, diversas investigaciones periodísticas demostraron que la magistrada Ramos llenó los puestos del Poder Judicial con familiares, cercanos y amigos. Todos ellos fueron barridos por la vicepresidenta Murillo. Pero la “purga” es más grande: se trata de más de 900 despedidos no solo en la sede de la CSJ, sino en todas las oficinas judiciales a nivel nacional. Casi el 10% del personal total del ente judicial. Entre los defenestrados hay más altos magistrados, como Yadira Centeno de la Sala de lo Civil. El zarpazo también incluye a magistrados de Apelaciones, directores de áreas, jueces y secretarios en instancias centrales y locales, así como personal administrativo y de servicios.

“Ella ha venido ganando poder, eso es indudable. Creo que Daniel Ortega tiene cierto cansancio por su edad, por su enfermedad y cada vez ha ido delegando más poder en Rosario. Al ver esas alegaciones de corrupción en la Corte, pues no pudo seguir protegiendo a la magistrada Ramos. Ahora solo queda ver si él va a permitir que le abran un juicio o echen presa a la magistrada, como ha pasado con otros funcionarios despedidos. Pero lo más seguro es que no y la dejen por país por cárcel”, relata otra fuente ligada a la Presidencia sandinista.

Entre los leales a la “copresidenta” en el Poder Judicial se encuentra el magistrado Marvin Ramiro Aguilar García. Una circular enviada el pasado 31 de octubre a los trabajadores de la CSJ confirmó por primera vez la destitución de la magistrada Ramos. La comunicación presenta a Aguilar García como “presidente en funciones” de ese poder del Estado.

“Con instrucciones del doctor Marvin Ramiro Aguilar García, magistrado presidente en funciones de este Supremo Tribunal (...) se concede asueto con goce de salario el día jueves dos y asueto a cuenta de vacaciones el día viernes tres de noviembre”, se lee en el comunicado firmado por el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro Espinoza.

A pesar de ser uno de los incondicionales del régimen sandinista y de haber asumido el cargo de secretario político nacional, después de la renuncia del exmagistrado Rafael Solís en 2019, Aguilar García había figurado poco en las páginas informativas de los medios de comunicación del régimen. “Su mancha más destacada fue la designación (sanción) impuesta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020 por ‘coordinar los ataques contra miembros de la oposición prodemocracia’”, recuerda un perfil del funcionario publicado por el medio Divergentes.

El control de Murillo a través de Aguilar

Juan Carlos Gutiérrez Soto, politólogo e investigador, explica a EL PAÍS que, entre noviembre de 2018 y enero de 2019, el control político-institucional del Poder Judicial dejó de estar a cargo del magistrado Rafael Solís, padrino de bodas de Ortega y Murillo, y hombre de confianza de la pareja presidencial. Solís desertó al no estar de acuerdo con la represión iniciada en 2018.

“Si bien Solís contaba con la confianza tanto de Ortega como de Murillo, su línea de comunicación política era con Ortega. Por otro lado, la magistrada Alba Luz Ramos tenía limitados márgenes de poder dentro de la Corte. Sin embargo, era un voto de importancia dentro de las sesiones del Poder Judicial y contaba con una amplia red de funcionarios que le guardaban respeto o lealtad”, detalla Gutiérrez Soto, politólogo desnacionalizado por el régimen en febrero de 2023. “Las funciones político-institucionales del magistrado Solís fueron asumidas por el magistrado Marvin Aguilar, quien se acerca a Murillo a través de Moncada Lau [mano derecha de la Presidencia], quien funciona como vaso comunicante de las decisiones de Ortega y Murillo en la CSJ”.

Destituido hasta el primogénito de Ortega

Por ahora, la purga de la “copresidenta” continúa, incluso con el primogénito de su esposo, Camilo Ortega Herrera, hijo de Ortega con la exguerrillera Leticia Herrera. Fue destituido de su cargo como director de la División de Informática Registral del Poder Judicial. “Hay terror entre todos los que no hemos sido despedidos. Estamos paralizados”, dice a EL PAÍS un trabajador de la CSJ bajo condición de anonimato.

La “barrida” de Murillo ha implicado incluso cambios constitucionales: La Asamblea Nacional controlada por oficialismo le quitó la atribución a la CSJ de supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, nombrar a registradores públicos, así como de sancionarlos por faltas disciplinarias, a través de una reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua.

Además, de los 16 magistrados que constituyen el Poder Judicial, hay diez vacantes que tendrán que ser llenadas en los próximos meses. Las fuentes consultadas no dudan que será Murillo, en cierto consenso con Ortega, la que otorgue estos cargos. Enrique Saénz, exdiputado desnacionalizado y exiliado en Costa Rica, cree que esta “purga” es un “síntoma de descomposición de la dictadura”.

“Es la primera vez a lo largo de estos 16 años de gobierno que ocurre algo semejante. Se han visto eliminaciones y destituciones, pero focalizadas; una por aquí, después otra por allá. Diversos estudios académicos y políticos sobre los procesos de cambio social han documentado que una de las evidencias de la descomposición de un régimen dictatorial es el surgimiento de fisuras en el bloque de poder. Y en el presente episodio estamos ante la emergencia de una fisura. Ahora tenemos que esperar que se repita en otras instituciones y eso no quiere decir que vayan a caer mañana”, comentó.

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