El aumento del salario mínimo queda en manos del presidente Gustavo Petro
El desacuerdo entre los sindicatos, los gremios y el Gobierno, lleva a que el Ejecutivo tenga hasta el 30 de diciembre para decretar el incremento de la retribución para los trabajadores en 2026
La mesa tripartita de la negociación del salario mínimo ha terminado su plazo sin humo blanco. El pago que recibirán al menos 2,4 millones de trabajadores en Colombia quedará en manos del Gobierno de Gustavo Petro, que ahora tiene plazo hasta el 30 de diciembre para decretar el incremento. Las posiciones eran irreconciliables: las centrales obreras defendían un alza del 16%, que llevaría el sueldo base a 1,65 millones de pesos. Los empresarios, en cambio, ofrecían un alza del 7,21%, cifra que cubre la inflación esperada, la productividad y un margen adicional de 100 puntos básicos. La brecha entre las propuestas redujo cualquier espacio para la concertación, como ya ha ocurrido en los últimos dos años.
El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha lamentado la falta de acuerdo. “Mantendremos los esfuerzos de conversación bilaterales hasta el 30 de diciembre”, destacó ante los medios. Aunque ha intentado mantener un equilibrio, dibujó con claridad que las posiciones de los gremios y los sindicatos están anquilosadas. Mientras que Sanguino ha matizado el desacuerdo, Fabio Arias, presidente de la sindical CUT ha sido más severo: “Los empresarios no movieron su propuesta [del 7,21%]. Nuestra respuesta ha ido en consonancia con su actitud”, sentenció, y pidió al Banco de la República “bajar las tasas de interés” en su próxima reunión de política monetaria, programada para este viernes 19 de diciembre. Por su parte, la presidenta de Acopi (el gremio de las Mipymes), María Elena Ospina, destacó que la propuesta de los gremios es “irracional”, pues la decisión va más allá de subir el salario a los trabajadores: “Un acuerdo de dos dígitos conlleva muchos riesgos para la inflación y para los costos generales de las pequeñas y medianas empresas del país”, culminó.
La mesa estaba dinamitada desde antes de que se instalara. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio del comercio (Fenalco), había adelantado a EL PAÍS que no se sentaría a negociar una cifra que, en sus palabras, el Gobierno de izquierdas ya tenía definida. El ministro Sanguino lamentó en su momento la ausencia de Cabal en la mesa y defendió que el espacio buscaba el diálogo y el análisis técnico para acercar posiciones. “La ausencia de Fenalco deja sin voz a los tenderos y pequeños comerciantes en una discusión que afecta directamente su negocio”, advirtió el ministro en un comunicado de la semana pasada, recordando que el salario mínimo influye en la capacidad de consumo y, con ello, en la demanda del comercio minorista.
Ya el desacuerdo está refrendado y aunque el desenlace no sorprende, sí inquieta. El salario mínimo es mucho más que una cifra: es el ancla de más de 70 precios indexados —arriendos, matrículas, multas— y cualquier movimiento impacta en toda en la economía. Un aumento alto puede dar oxígeno a los hogares, pero también reavivar la inflación, justo cuando el Banco de la República intenta contenerla. El IPC cedió en noviembre, pero sigue por encima del rango meta, y el riesgo de un rebrote es latente.
Ese contexto convierte la decisión en un factor clave para la autoridad monetaria del país cafetero, que este viernes se juega la última carta del año en términos de decisión monetaria. Tras mantener la tasa inalterada en octubre, el mercado espera que esa senda continúe, pero el margen se estrecha si el aumento del mínimo dispara las expectativas inflacionarias. Cada punto adicional puede traducirse en más presión sobre los precios y en un dilema para el emisor: aliviar el crédito con más recortes o mantener la inflación en la raya. Algunos miembros de la Junta, incluido Leonardo Villar, han insinuado que el ciclo podría frenarse e incluso revertirse a finales de enero.
En el fondo, el fracaso de la concertación refleja una tensión estructural: proteger el poder adquisitivo sin desordenar las cuentas macroeconómicas. El Gobierno busca equilibrio (algo que demanda la ley), pero la historia reciente indica que la fórmula suele ser unilateral y que se ha convertido en tradición: el salario mínimo se ha fijado de forma unilateral en el 72% de los casos desde 1997, según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. El salario mínimo se convierte ahora en el pulso que marcará el inicio de la economía en 2026, y es inevitable que condicione la estrategia del banco central en un año que empieza con más preguntas que respuestas.