Bogotá suma aliados privados en su esfuerzo por frenar la violencia contra las mujeres
Con capacitaciones a trabajadores del comercio, conjuntos residenciales y constructoras, la capital colombiana busca ampliar la red que permite activar sus rutas de atención
Los empleados de 45 minimercados abiertos las 24 horas en Suba, la localidad más poblada de Bogotá con el 15% de sus casi 8 millones de habitantes, no solo informan a sus clientes sobre la oferta del día. También pueden orientar qué hacer en casos de violencia contra las mujeres, explicar qué entidades deben protegerlas e incluso activar la ruta de atención, dando aviso a las autoridades para prevenir feminicidios o agresiones. Esos negocios, del noroccidente de la capital colombiana, son los más recientes en vincularse a las llamadas Redes seguras, la estrategia de la Secretaría Distrital de la Mujer que suma al sector privado en la apremiante tarea de cuidar a la población femenina, más de la mitad del total de la ciudad. Según datos oficiales, 13 mujeres fueron víctimas de feminicidio hasta septiembre de este año, 7 más que el mismo periodo del año pasado. La cifra que reporta el Observatorio Feminicidios Colombia es considerablemente mayor: 53 víctimas entre enero y septiembre de este año.
Marcela Ramírez, subgerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de la cadena comercial mexicana Oxxo en Colombia, explica que sus colaboradores y colaboradoras han atendido capacitaciones para identificar la violencia física, psicológica, sexual y económica que afecta incluso a algunas de sus trabajadoras. El 72% de su fuerza laboral son mujeres y más de la mitad son cabeza de familia. “Tenemos tan normalizada la violencia contra las mujeres que no identificamos exactamente cuando la hay, ni qué es lo que no deberíamos permitir o lo que está penalizado”, señala. Próximamente, 26 de sus establecimientos se unirán al programa en la céntrica localidad de Teusaquillo.
La iniciativa nació con el nombre Espacios seguros durante la administración de la exalcaldesa Claudia López. Fue una respuesta al elevado riesgo de violencia machista en los confinamientos por la pandemia del covid-19. Tiendas, supermercados y farmacias se habilitaron como puntos que guiaban hacia la oferta de servicios del Distrito. Ahora, durante el Gobierno de Carlos Fernando Galán se han sumado nuevas cadenas comerciales, unidades residenciales, constructoras y gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en un intento por romper con la indiferencia ante el maltrato en los hogares y el acoso callejero.
La sensación de temor acompaña a las mujeres a diario. En Bogotá, el 64 % de ellas se sienten acosadas en la calle, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). “La violencia de género es un problema social. Nuestro compromiso es velar por entornos laborales y comunitarios seguros, promoviendo la prevención y una cultura de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia en los frentes de obra. El sector público lidera los mecanismos de atención y protección, mientras que el sector privado, en particular el de la construcción, tiene una amplia capacidad de relacionamiento con trabajadores y comunidades”, enfatiza Natalia Monroy, directora de asuntos corporativos de Camacol.
Aunque se conoce poco sobre acciones similares en otras ciudades, en Puerto Vallarta, México, se han implementado estrategias que incluyen a restaurantes y salones de belleza como una forma de impulsar la corresponsabilidad en la prevención del acoso callejero. En Madrid, España, funcionan los Puntos Violeta, espacios de información que el Ayuntamiento instala en eventos públicos, con asesoría a víctimas de agresiones sexuales.
Además de los feminicidios, en Bogotá han aumentado las denuncias de violencia machista, que, con frecuencia, anteceden el asesinato de mujeres. Hasta el pasado mes de septiembre se habían acumulado 37.744 reportes, 27.114 de ellos con mujeres víctimas, un 20% más que en el mismo periodo de 2024.
El aparato institucional de la capital incluye cerca de 80 lugares que deben asegurar a las mujeres atención integral en salud, acceso a la justicia y medidas de protección. Entre ellos están las Casas de Justicia, las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, las Comisarías de Familia y las Casas Refugio que ofrecen alojamiento, atención psicosocial y acompañamiento a mujeres en riesgo y a sus familias. También opera la línea púrpura, que da orientación telefónica gratuita durante las 24 horas y los 365 días del año. Psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras atienden a mayores de edad en una línea que no es de emergencias, como sería el 123, ni para interponer denuncias formales.
El reto no está solo en activar la ruta de atención, sino en hacer que funcione. En 2023, en pleno Día de la Madre, Erika Aponte, de 26 años y madre de un menor de 8 años, fue asesinada por su expareja sentimental en Unicentro, el centro comercial con más visitantes de la ciudad. El agresor ingresó a una pizzería donde trabajaba la víctima, quien había buscado ayuda de las autoridades días antes, le disparó y luego se suicidó. La secretaria de la Mujer, Laura Tami, reconoce que el desafío es ofrecer una protección real ante casos como ese. “Debemos hacer que todo este aparato funcione cuando una mujer levanta la mano para pedir ayuda. Cuando hacemos la promoción de la activación de la ruta, se vuelve una obligación principal”, afirma.
Para la abogada y defensora de Derechos Humanos, Yamile Roncancio, es difícil que Redes seguras sea efectiva. “Me preocupa que al siguiente feminicidio nos digan que un tercero falló. Para atender a las víctimas se requiere personal especializado y un seguimiento efectivo a las denuncias, que es lo que no hacen las Comisarías de Familia”, cuestiona. “El enfoque en derechos humanos de las mujeres debe atender a criterios de seguridad humana”, añade.
La secretaria Tami insiste a los ciudadanos en la importancia de formar parte de redes de apoyo para rodear a las mujeres que enfrentan círculos de violencia, buscar orientación o ayuda especializada y vencer el silencio. “Tenemos varios casos donde ha sido una persona que está cerca, el vecino, el vigilante, el que activó la ruta llamando al 123. Se puede salvar una vida”, puntualiza.