Óscar Naranjo: “Las estrategias de mano dura no son sostenibles en el tiempo y desvalorizan los valores democráticos”

Durante más de cuatro décadas, el general Óscar Naranjo ha sido una de las voces más autorizadas para comprender la anatomía de la violencia en América Latina. Su trayectoria es, en sí misma, un mapa de la transformación y de las limitaciones de los Estados frente al crimen organizado: fue protagonista de la caída de los grandes carteles colombianos de los años noventa; dirigió los servicios de inteligencia en los momentos de mayor amenaza para su país, impulsó reformas policiales que profesionalizaron la investigación criminal y participó, como vicepresidente, en la construcción de los acuerdos de paz que marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia. Esa combinación de experiencia operativa, visión estratégica y capacidad política lo convirtió en un referente hemisférico, consultado por gobiernos, organismos internacionales y centros académicos que buscan entender por qué, pese a los esfuerzos acumulados, América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo.

Naranjo (Bogotá, 68 años) observa el presente con una mezcla de preocupación y claridad analítica. El momento actual, advierte, es el resultado de un prolongado ciclo de fracasos: la fragmentación del crimen organizado en estructuras territoriales altamente disruptivas; la captura del debate público por posiciones ideológicas que impiden diseñar políticas basadas en evidencia; la militarización creciente de la seguridad como respuesta efectista; la incapacidad para fortalecer la inteligencia, la investigación judicial y la rendición de cuentas; y la emergencia de organizaciones que, tras la pandemia, ya no solo buscan enriquecerse, sino competir con el Estado por legitimidad social.

Desde esa perspectiva, Naranjo, en una videollamada de más de una hora con EL PAÍS, sostiene que la región enfrenta un desafío mayor que el de épocas pasadas: comprender que ya no basta con neutralizar capos ni desplegar tropas, sino reconstruir capacidades institucionales, recuperar territorios y devolver sentido al Estado de derecho.

Pregunta. ¿Qué particularidades ve usted en este momento en materia de seguridad en América Latina?

Respuesta. Estamos viviendo un acumulado de fracasos en una región que desde hace 40 años figura como la más violenta del mundo. América Latina experimenta una alta fragmentación de las estructuras de crimen organizado, con capacidad de producir impacto local, regional, incluso nacional. Han abandonado el propósito de los grandes carteles de acumular poder económico para influir en política, como cuando Pablo Escobar buscó convertir a Colombia en un narcoestado; han dejado atrás las estructuras centralizadas y verticales de mando y han puesto en marcha un proceso de gobernanza criminal territorial. Buscan controlar territorios para imponer reglas de comportamiento a los ciudadanos, cooptar autoridades locales vía corrupción o intimidación y proteger la fuente de sus economías criminales. Estas organizaciones están resultando muy disruptivas. Suelo poner como ejemplo el tren de Aragua: era impensable que una organización que funda un exsindicalista en una cárcel en Venezuela, que no trafica a gran escala, haya logrado penetrar 11 países de la región con unos propósitos muy diferenciales: la extorsión, el sicariato, el microtráfico, la migración y la trata de personas. Eso en una región que pensó que este era un problema de México, Centroamérica y Colombia, pero hoy ve igual alarma en Uruguay, Chile o Argentina.

P. ¿Cómo se debería combatir este nuevo ecosistema de violencia?

R. Para comenzar a tener resultados sostenibles en el tiempo habría que sacar la visión sobre la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado de una especie de secuestro ideológico. Mientras las organizaciones criminales se integran, la región se fragmenta en tres bandos, políticamente hablando. Un sector invoca la aplicación de la mano dura como si fuera una bala de plata para solucionar el problema. En el otro extremo, desde la izquierda se afirma que mientras haya pobreza y desigualdad habrá violencia. El tercer sector, que está bastante desaparecido, propone fórmulas de política pública basada en evidencia. Creo que los dos extremos terminaron secuestrando el tema. Lo que uno observa en la región es que las políticas públicas de seguridad están tremendamente narcotizadas. Necesitamos comprender mejor el fenómeno que tenemos enfrente. Por otro lado, hay una cosa que no se ha estudiado suficientemente: después de la pandemia tuvimos una evolución y una reconfiguración del crimen. Ante la ausencia de un Estado eficaz para llevar soluciones, ellos entenderion que podían tener aceptación social, iniciar un proceso para tratar de legitimar el crimen. Ese fenómeno postpandémico nos sitúa frente a una realidad que ya no está basada simplemente en la codicia de una economía criminal, nos pone de cara a un competidor con el Estado.

P. ¿A qué atribuye esos fracasos?

R. El telón de fondo es un debate en el que llevamos más de 50 años enfrascados, entre las visiones prohibicionista y libertaria o liberadora alrededor del consumo y la producción de drogas. Ahora, la llamada fallida guerra contra las drogas tiene dos caras. Yo defiendo que si no hubiéramos dado esa pelea, Colombia sería un narcoestado. Un segundo tema es la creciente respuesta efectista de los Gobiernos, que piensan que militarizar la lucha contra el narcotráfico generan resultados sostenibles. De alguna manera, esos anuncios están más encaminados a crear un clima de opinión que a lograr resultados. Lo que más me preocupa en estos tiempos es esa creciente militarización para enfrentar el crimen, cuando se debe hacer con investigación, con inteligencia, con policía científica y con capacidades judiciales para procesar y condenar responsables y luchar contra la impunidad.

P. Habla de la extorsión. ¿Cómo combatirla?

R. Esta oleada de crimen organizado postpandémica ha puesto de relieve que tres elementos fundamentales del Estado de derecho están debilitados: el principio del monopolio estatal de las armas; el monopolio de la administración de justicia y el monopolio estatal de impuestos. El tercero está perdido con la extorsión, que ingresó desde hace ya unos 15 o 20 años bajo lo que la literatura clásica denomina extorsión a la siciliana. ¿Qué significa? Que la víctima en una primera etapa considera que el extorsionista no es un victimario, sino que alguien que le presta un servicio, y solo después entiende que es un crimen. En América Latina nos hemos conformado con pedirle al ciudadano una denuncia formal ante las isntituciones, pero es no se le puede pedir a quien tiene miedo a que lo maten y a quien no sabe qué respuesta institucional se va a producir con la captura de su agresor. Hemos dado pocos pasos para que esa denuncia sea más colectiva, más anónima, y para que las autoridades actúen de oficio.

P. Parece que ahí hay falta de capacidad preventiva, autónoma del Estado. ¿En qué estado está la inteligencia frente al crimen?

R. Yo trabajé en inteligencia, fui director de ese servicio en la Policía de Colombia y creo que la inteligencia será siempre insuficiente mientras los gobiernos estimen que es una responsabilidad exclusiva y excluyente de esos equipos. La inteligencia debería ser un acumulado de saberes de la academia, los ciudadanos, el empresariado, las víctimas. Es normal que las instituciones del Estado tiendan a minimizar los problemas para evitar los mensajes negativos, apocalípticos, de que se está perdiendo la batalla contra el crimen. Tienden a ser triunfalistas y hay que asegurar que la inteligencia incorpore otras visiones. Por otro lado, la inteligencia y en general la institucionalidad de seguridad realmente tiene una rendición de cuentas cosmética, cuando no inexistente. Hay mucho miedo a ponerle la cara a los ciudadanos para decir en qué se acierta y en qué se fracasa. Sin rendición de cuentas desaparece la responsabilidad política, un tema del que poco se habla. Por ejemplo, es increíble que el acumulado de muertes violentas en el sexenio de Andrés Manuel López Oprador en México, pero nadie habla de eso, nadie ha llamado a cuentas sobre esas muertes.

P. ¿Por qué en América Latina no se ha sabido mejorar esos servicios?

R. Como la inteligencia estuvo inmersa en regímenes totalitarios o dictatoriales del pasado, hay corrientes de opinión política en América Latina que la ven con miedo. Los Gobiernos y los Estados no han logrado explicar que un buen servicio de inteligencia permite evitar la represión. Por otro lado, nuestras normas procesales penales no han logrado que los resultados de un proceso de inteligencia entren fácilmente en la investigación judicial y, por eso, muchas veces la inteligencia conoce cosas que no judicializa. Y, tercero, en muchos lugares de América Latina, e incluso en Estados Unidos, muchas personas que trabajan en investigación judicial o inteligencia terminan uniformadas, en las calles, portando un fusil, cuando son cosas contradictorias.

P. ¿La mano dura resuelve el problema criminal o solo lo desplaza territorial y temporalmente? ¿Es popularidad por ser eficaz o por la desesperación social ante la ausencia de alternativas creíbles?

R. Las estrategias de mano dura no son sostenibles en el tiempo y terminan abriendo compuertas al abuso, la arbitrariedad y la violación de derechos humanos. Pero, ante las crisis de inseguridad y de violencia, los políticos de manera facilista recurren a ellas como una fórmula electoral, aunque generan una desvalorización de los valores democráticos. En el fondo, estamos frente a un falso dilema entre quienes pregonan que hay que tener un Estado fuerte para abrir al disfrute de derechos y libertades ciudadanas, quienes dicen que primero aseguremos los derechos y las libertades, y luego vamos construyendo un Estado fuerte. Se puede trabajar simultáneamente en elevar capacidades de un Estado competente y efectivo sin afectar el disfrute de derechos y libertades, pero un candidato con este discurso no sale elegido en América Latina.

P. En medio de este panorama negativo, ¿alguien está logrando avances en seguridad gracias a las políticas basadas en la evidencia?

R. Enfrentamos lo que llamo la fascinación Bukele, quien está logrando una disminución vertical en la tasa de homicidios, una caída muy fuerte en la extorsión. Es un ejemplo muy contagioso, que crea nuevas dificultades para advertir que esas políticas terminan en autoritarismo y no son sostenibles. Además, hemos sido muy incompetentes para documentar las lecciones aprendidas. Lo que hicimos en Colombia entre 1989, el año terrible del asesinato de tres candidatos presidenciales, y 2016, cuando firmamos el acuerdo de paz, es admirable. Hubo un fortalecimiento institucional, se mostró la supremacía del Estado sobre el crimen, se creó un clima de aceptación a los temas de seguridad. Perdón que lo diga en primera persona, pero cuando me retiré de la Policía, en 2012, me preguntaba cómo era posible que un policía saliera con el 82% de favorabilidad, por encima de Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos. Al final de cuentas, un policía no es popular porque regula derechos y libertades, así que algo se hizo bien en mi país. Otro elemento es que el dilema entre Estado grande y Estado chiquito nos ha llevado a que no tengamos la tecnocracia suficiente para que haya políticas de seguridad de Estado, que cada Gobierno llegue de cero a montar una política. Y termino con una reflexión: cuando pensamos en lecciones, muchos de los que estuvimos a cargo sentimos un sentimiento nostálgico que nos impide decir: “Me equivoqué. Esto lo hicimos mal”.

P. Desde ese combate a la nostalgia, de lo que usted aplicó qué ya no es viable.

R. Nosotros enfrentamos organizaciones de carácter nacional o regional muy ampliado, con una línea de mando centralizada y vertical. Era legítimo pensar que atacar a objetivos de alto valor golpeaba seriamente una estructura. La evidencia demostró que era acertado. Aunque es cierto que con cada capo capturado aparecen cuatro capitos más, los que llegaban no eran Pablo Escobar ni Rodríguez Orejuela. Hoy, una política similar puede ser errada. En la región se producen muchas capturas, pero impactan menos incluso si son de los responsables de la organización, porque no tienen el poder que tuvieron otros en el pasado. En otra faceta, creo que Colombia ofreció una lección cuando cambió el modelo de persecución al cártel de Medellín, un despliegue masivo de fuerza, para perseguir el cártel de Cali usando inteligencia para generar operaciones de alta cirugía. Eso dio resultado. Pero hoy países como Ecuador están recurriendo a despliegues masivos, cuando sacar soldados a las calles hace poca diferencia. Es probable que ese tipo de disuasión militar produzca algún efecto en aguas internacionales, pero no en los países. Y un tercer elemento es algo que no hicimos con suficiente fuerza, rendir cuentas. Yo estaría más expuesto al escrutinio ciudadano, de los medios, de las agencias internacionales, sin temor.

P. Pensemos en casos concretos. En México, Claudia Sheinbaum está rehaciendo la política de seguridad. ¿Cómo lo está viendo?

R. Con la presidenta Sheinbaum, México abrió un espacio de oportunidad que tomó cuerpo cuando asumió el costo político de nombrar como secretario a Omar García Harfuch, que no es militar y es más técnico que político. Eso es muy valioso y esperaría que sirva para rectificar la herencia acumulada de los gobiernos de López Obrador, Peña Nieto y Calderón. Han ido dando pasos que gradualmente han ido rompiendo con la idea del apaciguamiento de López Obrador: aunque era más fuerte el refrán “abrazos, no balazos” que la realidad, se instaló en el imaginario de los ciudadanos y también de los criminales. Ahora han manejado de manera bastante inteligente el fortalecimiento de las capacidades de judicialización, aunque enfrentan el reto estructural de un país federal con más de 3.000 cuerpos de policía que no logran estandarizar sus procedimientos. En el centro, está cómo transformar la Guardia Nacional en un cuerpo competente que no sea ni una policía militar ni la policía típica de seguridad ciudadana, sino una de seguridad pública, encargada de la inteligencia, la contrainteligencia, el crimen organizado.

P. Pasemos a Colombia, donde Gustavo Petro ha priorizado su política de paz sobre la de seguridad ¿Hacia dónde debería ir el país para evitar un nuevo ciclo de la violencia?

P. Repensar la seguridad territorial tiene que ser una prioridad. Ante la una fragmentación y proliferación de grupos, la una multiplicidad de territorios afectados, se debe tener un enfoque territorial, para entender cada fenómeno y proponer cada fórmula de solución. En otro frente, debe haber un esfuerzo para que el fracaso de la paz total no implique el abandono de la implementación del acuerdo de 2016, que ha sido muy afecada. Además, Colombia había aprendido que los ceses al fuego al inicio de una negociación resultaban mal, como pasó en El Caguán, pero con la paz total se cambió ese parámetro. Como los militares que son binarios -guerra o paz, victoria o derrota, vida o muerte-, les resultó confuso el permiso de perseguir a unos criminales y no a otros, pese a estar en un mismo territorio y tener un modus operandi tan parecid. Hay que volver a esa claridad de los ceses, atada a una recuperación las capacidades de todas las instituciones de seguridad, desde militares y policías hasta la Fiscalía. Y, por último, hay que superar la paradoja de que gobierno de izquierda, en su última fase, eche mano de herramientas tan duras como los bombardeos o recetas del pasado como ofrecer una recompensas frente a cada hecho violento, cuando no hay prueba de su eficacia.

P. Por último, ¿qué puede aportar Estados Unidos en materia de combate al crimen, cuando inevitablemente todos los países de la región trabajan de la mano de sus agencias?

P. El primer esfuerzo que deberíamos hacer, los gobiernos, las sociedades y las instituciones, es entender la lógica política del presidente Trump. Yo concluyo en que se basa en la disuasión, disuasión dura. Si quiere unos arreglos comerciales, amenaza con aranceles y logra una negociación. Si quiere disminuir la migración, lanza una política dura que incluye redadas y logra una migración inversa. En materia de narcotráfico, su política de disuasión se está expresando en varias dimensiones. La más notoria es el despliegue naval del Caribe y en el Pacífico, pero también caracteriza a estos grupos como terroristas o multiplica los expedientes con fines de extradición. Si uno entiende que la disuasión dura está en el centro de la lógica política, puede saber cómo responderle. Por otro lado, la experiencia ha demostrado que la relación de las agencias norteamericanas con algunos países de la región trasciende los gobiernos y tiene una dinámica técnica. Hay que hacer un esfuerzo por preservar esa relación más horizontal en la que, claro, cada país defiende su soberanía y sus intereses, pero entiende que hay adversarios y propósitos comunes. Y, por último, la manera de responder a la creciente visión militarista para enfrentar el problema de las drogas es demostrar que se obtienen mejores resultados con la inteligencia, la judicialización y la condena de los narcotraficantes. No podemos abandonar esa tarea. Al revés, entre más crezca la idea de militarizar, más énfasis debemos hacer en que un Estado de derecho consiste en llevar los criminales ante la justicia y en que eso es efectivo.