La Fiscalía desarticula una red ilícita que se infiltró en la seguridad de Gustavo Petro

Una red ilícita que se infiltró en el anillo de seguridad externo del presidente Gustavo Petro ha sido desarticulada por la Fiscalía colombiana. El entramado, constituido por dos militares y una civil que se hizo pasar por policía, accedió a operaciones en contra de estructuras delincuenciales, a esquemas de protección y obtuvo información de seguridad nacional. Los involucrados fueron imputados por los delitos de simulación de investidura o cargo, revelación de secreto, concierto para delinquir y fraude procesal.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó en una rueda de prensa que aunque “es un hecho que tiene alguna relación” con una de las unidades que brinda la seguridad presidencial, “no está afectada, ni fue vulnerada la seguridad del señor presidente”. “No toleraremos ningún acto ilegal al interior de los miembros de la Fuerza Pública”, recalcó. Sánchez rebajó el alcance de la infiltración de esta red, pues sostuvo que las personas detenidas conocían únicamente la configuración de seguridad del perímetro para el tránsito de Petro, más no “una relación directa con el presidente, que ese es un anillo más cerrado”. En otras palabras, que el acceso se limitó a información secreta más general, que a datos específicos de la protección del presidente o sus desplazamientos.

El ente acusador ha identificado a los detenidos como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández. La mujer es acusada de haber asumido funciones exclusivas de los oficiales y de acceder, entre marzo de 2024 y abril de 2025, a información de carácter “reservado, secreto y ultrasecreto” relacionada también con procedimientos judiciales contra estructuras criminales como el Tren de Aragua, una banda internacional que Petro niega que sea terrorista (como la ha designado Estados Unidos).

Por su parte, la investigación apunta a que Jiménez y Padilla facilitaron la entrada de Salgado a las instalaciones militares y sirvieron de coartada a su cómplice. A Jiménez también se le atribuye “la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones”, lo que permitió a la mujer “disponer de detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad”.

El caso da fuelle a las denuncias de Petro de que en la Fuerza Pública hay injerencia externa. El presidente aseguró en junio que “la Policía está fuertemente infiltrada”, tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. A inicios de septiembre, Petro retiró al inspector general de las Fuerzas Militares, el general Hernando Garzón Rey, por “los fuertes indicios de asociación” con grupos narcotraficantes. El general era uno de los hombres con mayor poder en la jerarquía militar.

Una denuncia realizada por el sargento David Rubiano en mayo, revelada por El Tiempo, ya alertaba de un posible plan de infiltración en el Batallón Guardia Presidencial, encargado de la protección general de Petro. En el informe, el militar sostiene que una mujer fue presentada como oficial con el nombre de Stefanny en el destacamento, y que asistía a reuniones operacionales e ingresaba a instalaciones restringidas. Según él, la contrainteligencia confirmó que la mujer no era agente de la Policía, pero lo hizo cuando ya había adquirido información privilegiada.