Denuncian la retención de 45 militares por parte de campesinos en el Cauca

A través de las redes sociales se ha difundido en la noche de este domingo un video donde aparecen un grupo de campesinos de la vereda Los Tigres, en el suroccidente del país, rodeando a decenas de militares. Se trata de una nueva retención de soldados en manos de una comunidad, como la que ocurrió a cientos de kilómetros de allí, en la Amazonía, hace menos de dos semanas. En la zona del video, el municipio de El Tambo, del departamento del Cauca, hace presencia el grupo disidente de las extintas FARC conocido como Carlos Patiño, que forma parte del Estado Mayor Central al mando de Iván Mordisco. El ministro de defensa, Pedro Sánchez, exigió en la mañana de este lunes la liberación de los retenidos: “Denunciamos y condenamos el secuestro de 45 militares en El Tambo, Cauca, en la vereda Los Tigres. Unas 600 personas estarían participando en este delito y en la obstrucción de la función pública, delitos promovidos también por las disidencias del cártel del narcotráfico de alias Mordisco”.

Horas antes, el presidente Petro y la Procuraduría ya habían pedido la liberación de los miembros del Ejército. “El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X. La Procuraduría, por su parte, también se sumó a las voces que piden la libertad de los oficiales. “El Ministerio Público pide respeto por su integridad y recuerda que la acción del Ejército propende por la seguridad de los colombianos y por eso, sus integrantes deben ser respetados en todos los rincones del país”.

En la zona, las Fuerzas Militares ejecutan desde octubre de 2024 la Operación Perseo, con la que buscan recuperar el control de una de las zonas más abandonadas institucionalmente del país y con mayor concentración de cultivos ilícitos. Se trata del cañón del río Micay, que conecta a la más poblada región andina con el selvático litoral sobre el océano Pacífico. La presunta retención de los uniformados se suma a otras denuncias de ataques contra la Fuerza Pública. El pasado 3 de septiembre, dos militares fueron heridos en medio de un ataque en el municipio de Villagarzón (Putumayo), después de que personas sin identificar trataran de quemarlos vivos. Aunque el Gobierno ha atribuido el atentado a los Comandos de la Frontera, un grupo ilegal que opera en la frontera Amazónica y que está en negociaciones con el Gobierno, el mismo Ejecutivo aclaró después que buscan confirmar o desmentir esa hipótesis.

Una semana atrás, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo públicamente que otros 34 oficiales no podían salir de una vereda por la intervención de otro grupo de civiles en el municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare. “No es una retención, es un secuestro porque están contra la voluntad de ellos”, dijo en su momento. Dos días después, los militares salieron de la zona. La defensora del Pueblo, Iris Marín, se abstuvo de calificarlo como un secuestro y pidió respeto por las comunidades campesinas colombianas. “Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”.