La masacre del Alto Remanso: un año de impunidad

A un año del operativo del Ejército que dejó 11 muertos, entre ellos varios civiles, en la vereda Alto Remanso de Putumayo, aún no hay conclusiones ni justicia en el hecho que sacudió al país. Eso reclaman desde la zona varios de los familiares de las víctimas que estaban reunidos en un bazar donde había también miembros de un grupo de disidencias de las FARC. “Lo único que ha avanzado es que se terminó de construir la placa huella [base de concreto en una vía] por la que nos habíamos reunido en el bazar”, contó Hover Pama, tío de Brayan Santiago Pama, el menor muerto en Alto Remanso. “Hace un...

A un año del operativo del Ejército que dejó 11 muertos, entre ellos varios civiles, en la vereda Alto Remanso de Putumayo, aún no hay conclusiones ni justicia en el hecho que sacudió al país. Eso reclaman desde la zona varios de los familiares de las víctimas que estaban reunidos en un bazar donde había también miembros de un grupo de disidencias de las FARC. “Lo único que ha avanzado es que se terminó de construir la placa huella [base de concreto en una vía] por la que nos habíamos reunido en el bazar”, contó Hover Pama, tío de Brayan Santiago Pama, el menor muerto en Alto Remanso. “Hace un año repicaban los teléfonos y todos los medios querían saber qué pasó. Ahora estamos solos y no tuvimos ni un acompañamiento psicológico”, dijo.

En febrero pasado, la Procuraduría vinculó a seis militares de alto rango en su investigación por la masacre. De acuerdo con “pruebas y testimonios recaudados en indagación previa”, el órgano disciplinario señaló que “podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares”. Una vez ocurrió el operativo, el entonces presidente, Iván Duque, señaló a todos los muertos como disidentes de la guerrilla de las FARC, pero rápidamente comenzaron a denunciarse inconsistencias sobre el operativo y la presencia de civiles.

Desde ese momento, el Ministerio Público tomó en sus manos la investigación al Batallón contra el Narcotráfico No. 3, que participó en el operativo. Internamente ya remitió la investigación a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, entre cuyas competencias está la de investigar a oficiales militares con rango de generales.

Sin embargo, ese proceso está en la etapa inicial de indagación preliminar, se queja Tito Augusto Gaitán, de la Asociación Minga y uno de los abogados de víctimas. “Y la indagación penal está también en fase preliminar. La Fiscalía aduce que sigue realizando esfuerzos probatorios para determinar si se indicia la comisión de un crimen. Tampoco permite la intervención de las víctimas”, agrega. Él representa a Pama y a una de las mujeres que resultó herida. La Fiscalía le aseguró a EL PAÍS que “se espera que en los próximos dos meses ya se tenga un esclarecimiento integral de lo ocurrido” y que “la investigación ha dado buenos resultados”.

Este martes, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos también urgió a la Fiscalía a que acelere la investigación. “Aún el Estado no toma decisiones de fondo sobre este grave caso”, dijo, e instó a las “entidades competentes a atender a la población rural y étnica afectada que sigue sufriendo los impactos del operativo”.

La acción militar se ejecutó en medio de una fiesta popular que estaba anunciada y en la que se sabía que habría civiles. El Ejército pretendía capturar a un líder de las disidencias, pero no cumplió su objetivo. En su lugar, disparó en varias ocasiones a la caseta donde se mezclaban campesinos e integrantes del grupo armado. Entre los muertos estaba el gobernador indígena del Cabildo Kicwa Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche; el presidente de la junta de acción comunal, Divier Hernández; y su esposa, Ana María Sarrias, que estaba embarazada. La ONUDH recordó que, además de las víctimas mortales, cinco personas resultaron heridas.

Una filtración que obtuvo Guacamaya Leaks, a la que tuvo acceso EL PAÍS gracias a la organización francesa Forbidden Stories, reveló el cruce de comunicaciones de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU cuando el operativo desencadenó en masacre. En uno de los documentos se observa una carta que la oenegé Human Rights Watch envió al ministro de Defensa de esa época, Diego Molano, así como la respuesta de John Henry Arango Alzate, entonces director del departamento de derechos humanos del Ministerio, a Jorge León González, jefe del Estado Mayor Conjunto Militar. En ella le pedía analizar la solicitud, pero argumentaba que las preguntas sobre el origen, la progresión y los resultados de la operación infringían cuestiones de seguridad nacional y eran clasificados.

“Hemos investigado el caso de El Remanso durante el transcurso de este año. Existen evidencias sólidas de que soldados del Ejército mataron a varios civiles y hubo varias irregularidades en el operativo militar y su posterior manejo. Esperamos que la Fiscalía avance pronto hacia una imputación de cargos”, dijo Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch a EL PAÍS.

En la misma filtración se ven las denuncias públicas de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y una carta interna en la que Arango Alzate le dice a León González que considere revisar los hechos y presente también la “versión y posición institucional que en derecho corresponda”. También aparece la solicitud de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de reunirse con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Por todo el caso, este martes, la ONU urgió al Estado a “avanzar en la reforma a las doctrinas militar y policial, y a que se priorice la protección de la población civil en el diseño y ejecución de las operaciones militares y operativos policiales, de acuerdo con recomendaciones internacionales”.

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