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Esteban González Pons, Mariano Rajoy y Alberto Fabra / JORDI VICENT
Si uno sigue con atención a Mariano Rajoy parece que realmente pretende ganar sin que nadie se entere. Pasar desapercibido hasta la noche electoral, cuando ya todo esté hecho. Así ascendió siempre en política: sin hacer mucho ruido. Y parece que quiere repetirlo.
Valencia podía ser un exceso, dialéctico y escenográfico, pero Mariano Rajoy supo evitarlo. El candidato del PP logró convertir el acto central de la campaña, celebrado ayer ante más de 15.000 personas en la plaza de toros, en un mitin moderado.
Es imposible que a estas alturas los españoles no sean conscientes de que la crisis económica afecta con crudeza a Europa y a países muy cercanos. A estas alturas también es improbable que los electores no perciban que algunos cambios de Gobierno -de izquierda a derecha- no han supuesto un alivio para las azotadas economías, caso de Portugal y Reino Unido.
Cayo Lara, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, acudió ayer a Valencia espoleado por los sondeos electorales que otorgan a la coalición de izquierdas un porcentaje de votos que doblaría sus resultados de las últimas elecciones generales.
Todos los sondeos coinciden en que el único escaño que el partido ecologista Equo puede tener en el Congreso de los Diputados lo tendrá por Valencia, coaligado con Compromís que, a su vez, es una suma de otros tres partidos: Bloc, Iniciativa del Poble Valencià y Verds.
Mariano Rajoy le ha dado en bandeja al PNV munición para que pueda exhibir su perfil más soberanista y el líder peneuvista, Iñigo Urkullu, no la desaprovechó ayer. La alusión hecha el sábado por el candidato popular en Pamplona a la posibilidad de derogar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, fue recibida por Urkullu como "el mayor exponente de la existencia de un conflicto político" vasco.
César Guerrero está pendiente de desahucio y se ha convertido en activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) puso en marcha en mayo una línea de préstamos especiales para reactivar la economía de Lorca tras el terremoto, que dejó una factura de 238 millones en pérdidas directas. Seis meses después del seísmo, solo dos de las 3.000 empresas de la ciudad murciana se han acogido a la iniciativa.
"Ay pena, penita, pena, pena. Qué pena tenemos todos. Nos venden a las empresas...". Un grupo de plañideras con narices rojas cantaba esta adaptación de la copla al cadáver de Rubaljoy. Lo llevaban en un féretro al inicio de la marcha de indignados que recorrió ayer el centro de Madrid.
ETA y su colectivo oficial de presos querían una solución conjunta para los reclusos de la banda. El Gobierno, el Partido Popular y la Audiencia Nacional insistían en que cualquier beneficio tendrá que solicitarse según lo que disponen las leyes, y las normas penitenciarias se basan en el tratamiento individualizado de cada interno, sea o no terrorista.
La juez de Lugo María Estela San José remitió el pasado 31 de octubre al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre un supuesto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias del ministro de Fomento José Blanco en relación con el empresario gallego Jorge Dorribo, que fue encarcelado a finales de mayo.
Cambiar la actual gestión colectiva de contrataciones en origen por un sistema de puntos donde se prime la cualificación y la experiencia del trabajador extranjero. Y, de paso, que el empleado se "comprometa" a cumplir las leyes, a respetar los valores de la sociedad española y a aprender las lenguas oficiales del país.
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