España
Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'
Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana.
El yate del poderoso empresario Enrique Ortiz fue escenario de fiestas, celebraciones y ágapes de lujo, regados con el mejor vino y champán, para que los dirigentes del PP de Alicante se reunieran y celebraran alguno de sus logros políticos. Ya lo admitía, el 28 de agosto de 2009, la esposa del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.
"Tienen una estrategia clara", aseguró José Luis Rodríguez Zapatero a la salida del hemiciclo, tras escuchar el primer debate de Alfredo Pérez Rubalcaba como todopoderoso vicepresidente primero. Se refería a la forma en la que el PP se lanzó ayer con toda su artillería contra el nuevo hombre fuerte del Gobierno.
Las lesiones más graves sufridas por los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola a manos de agentes de la Guardia Civil "no son compatibles" con la versión ofrecida por los acusados. Los médicos forenses que reconocieron a los terroristas tras su detención, ratificaron que las principales heridas, están causadas por "impactos directos".
El PP está inquieto. Todos los dirigentes consultados tienen la sospecha de que algo se está moviendo en la línea básica en la política antiterrorista marcada por el Gobierno: mano dura, goteo de detenciones y desarticulaciones de la dirección de ETA y freno a Batasuna, cuyo principal dirigente, Arnaldo Otegi, está en la cárcel.
A Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE, le esperaba sobre la mesa, nada más tomar posesión del cargo, la petición de disolución de las ejecutivas de la Agrupación Insular de Tenerife y la local de Santa Cruz de Tenerife. Y lo ha hecho.
Ayer era un boquete, pero hoy es una crisis. Por mucho que desde todos los ámbitos socialistas se insistiera en ceñir a una cuestión personal la renuncia a su escaño del número dos del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, la consecuencia de esta decisión ha sido un bofetón político al secretario general y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Después de casi tres años de demora en la renovación del Tribunal Constitucional, los partidos han decidido aplazarla aún más. Hasta diciembre no serán elegidos en el Pleno del Senado los cuatro magistrados que ya están acordados y seleccionados. Todo para asegurar la elección del próximo presidente del Tribunal Constitucional.
Un grupo reducido de jóvenes, en su mayoría menores de edad, formó ayer barricadas con contenedores y neumáticos en llamas en el barrio melillense de Cabrerizas para protestar por no haber sido seleccionados en los programas de empleo de la Delegación del Gobierno.
El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena de 20 años y nueve meses de prisión impuesta al guarda forestal Santiago Mainar por el asesinato del alcalde de Fago (Huesca), Miguel Grima, en enero de 2007. La Sala Penal ha desechado la petición del abogado defensor de Mainar, Marcos García-Montes, de que se ordenase repetir el juicio.
