El mayor plan de ajuste de la democracia
Ni adelanto electoral ni cuestión de confianza ni crisis de Gobierno. "Ya le digo de entrada que no". De ese modo tan tajante descartó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la posibilidad de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero adelante las elecciones generales o, incluso, se presente a una cuestión de confianza, reclamadas la víspera por algunos representantes de la oposición, entre ellos, Josep Duran Lleida, de CiU, poco antes de salvar, con la abstención de su grupo, la votación del decreto en el que se jugaba la estabilidad económica del país y la del Gobierno.
Mariano Rajoy tuvo ayer la mala pata de tener que foguearse con lo más granado del empresariado catalán apenas transcurridas veinticuatro horas desde que la economía española, y sobre todo el Gobierno, salvaran el cuello con la aprobación, por los pelos, de su plan antidéficit.
"El Gobierno no ha recuperado la credibilidad perdida en estos últimos meses. Este Gobierno no da para más. El país quiere una clarificación electoral y lo bueno para el país sería acabar con esta incertidumbre mediante una convocatoria electoral", aseguró el portavoz de CiU en el Congreso, en un duro alegato contra el Gobierno socialista.
Los detectives privados no han escapado a los efectos de la crisis. La información cuesta, y renunciar a saber si la pareja es infiel, si una patente ha sido copiada o sacrificar la certeza de que nuestro arrendatario no subalquila nuestro apartamento sirve para ahorrar.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular a cuenta de la deteriorada situación económica y la forma de salir de ella se ha traducido en encontronazos políticos y versiones contrapuestas, que ahora han alcanzado a las conversaciones entre el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, a iniciativa del primero, antes de verse las caras en el Congreso.
Las cuentas están más claras. La Casa del Rey emitió ayer un comunicado en el que anuncia la cuantía de la herencia del empresario menorquín Juan Ignacio Balada Llabrés, fallecido el pasado 18 de noviembre, y cómo se va a repartir. El legado asciende, según las cifras oficiales facilitadas por el palacio de la Zarzuela, a 9,8 millones de euros, pero hay que restar 1.833.000 euros en concepto de bienes inmuebles que de momento no se pueden repartir -se trata de fincas que tienen inquilinos o de terrenos que hay que vender-, con lo que quedaría una cantidad cercana a los ocho millones.
Soraya Rodríguez, la secretaria de Estado de Cooperación, sueña con poderles decir pronto: "De verdad, ahora ya se acabó". Esa fue la primera frase que pronunció ante Alicia Gámez, el pasado 10 de marzo en Ugadadugú, cuando la mujer fue liberada tras tres meses y medio de secuestro.
El Ministerio de Defensa considera "vergonzoso" lo ocurrido el pasado fin de semana en Formentera, adonde fueron trasladados, en tres aeronaves del Ejército (un helicóptero de rescate Puma, un avión CN-235 y un aviocar C-212) los invitados a la boda de un militar.
Un fotógrafo de este periódico retrató un llavero con la imagen de Franco y la frase "no se os puede dejar solos" que salía de uno de los bolsillos del uniforme de un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía el pasado 12 de abril durante una intervención policial en Sagunto (Valencia).
La policía detuvo ayer en Granada a 83 personas en relación con un supuesto fraude de alrededor de tres millones de euros a la Seguridad Social y al Servicio Público Estatal de Empleo. Según informó el Ministerio de Trabajo, el presunto delito consistía en que empresas de la construcción con nula o escasa actividad daban de alta a supuestos trabajadores durante el tiempo mínimo exigido por ley para poder cobrar después una prestación social.
