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La vicepresidenta Elena Salgado / CLAUDIO ÁLVAREZ
El Gobierno envió ayer a los grupos de la oposición su prometida batería de propuestas con el fin de llegar a un pacto contra la crisis. Una de ellas era especialmente llamativa por la previsión que la acompañaba: crear en dos años 350.000 empleos fomentando con incentivos fiscales la rehabilitación de viviendas y edificios.
El plan que presentó ayer el Gobierno contiene pocas novedades respecto las líneas ya planteadas en la Ley de Economía Sostenible y el Plan de Austeridad aprobado, pero destacan las medidas para facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos y los nuevos incentivos a la rehabilitación de viviendas: en las deducciones del IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual, amplía el nivel de renta para poder beneficiarse, de 24.000 euros anuales a 33.007,2 euros.
La Audiencia Nacional tiene indicios de que hubo una "cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ETA", especialmente por medio del etarra Arturo Cubillas Fontán, responsable del colectivo de ETA en esa zona de América y que en 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.
El magistrado norirlandés Tom Burgess acordó ayer dar su aprobación a la extradición a España del etarra Iñaki de Juana Chaos, reclamado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de exaltación del terrorismo. La defensa de De Juana anunció que casi con absoluta seguridad recurrirá la decisión, por lo que el etarra, que en 2008 huyó primero a Irlanda y luego a Irlanda del Norte al enterarse de que se le buscaba, no será de momento trasladado a España.
La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró ayer inflexible. En presencia del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que la mejor forma de evitar los ataques especulativos, denunciados por Grecia y España, es cumplir el Pacto de Estabilidad y recortar el déficit público al 3% del PIB.
El lunes 1 de marzo de 2010 es ya una fecha para enmarcar en la democracia española. Ayer se hicieron públicas las declaraciones de actividades privadas de los parlamentarios, que a partir de ahora se pueden consultar en las web del Congreso y el Senado.
Sigue el mercadeo en los nombramientos de altos cargos del Consejo General del Poder Judicial. El pleno del Consejo nombró el pasado jueves como miembro de sus servicios de inspección a José Sierra, el juez de Madrid a quien la Audiencia Provincial censuró por haber abierto una causa general contra la clínica madrileña Isadora y tres de sus médicos por realizar supuestos abortos ilegales.
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