La situación en el País Vasco
La seguridad que muestra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en la legalidad y constitucionalidad de su proyecto de ley para la consulta que pretende convocar el 25 de octubre no se corresponde con las dudas que se pusieron de manifiesto en el máximo órgano jurídico consultivo de la comunidad autónoma, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, cuando tuvo de emitir su dictamen preceptivo.
La detención, ayer, de las hermanas Blanca y Maribel Bruño Azpiroz, acusadas de pagar "voluntariamente" a ETA 6.000 euros, según un documento hallado en el ordenador de Francisco Javier López Peña, Thierry -uno de los jefes de la banda detenidos en Burdeos- abre la puerta a la investigación judicial de una fuente de financiación de ETA muy hermética y desconocida.
El debate económico
El Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, se movilizó ayer para intentar disipar las acusaciones de pasividad ante las dificultades económicas y el paro de los transportistas.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, tienen pendiente una batalla ante el Consejo de Ministros del próximo 20 de junio contra el aumento de nuevos altos cargos (los nombrados por el Consejo de Ministros) en aras de la austeridad que reclaman a la Administración General del Estado ante la ralentización de la economía.
El presidente del Congreso, José Bono, arrancó un aplauso unánime de los diputados, hecho infrecuente, cuando agradeció ayer al presidente de México, Felipe Calderón, la acogida que brindó su país a más de 30.000 españoles que fueron forzados al exilio, "por defender la libertad y la legalidad", tras la Guerra Civil.
El perito policial Manuel Escribano -autor del polémico informe del caso del ácido bórico- consumió ayer gran parte de la segunda jornada del juicio que se celebra en Madrid contra cuatro altos mandos de la policía científica. A sus jefes se les imputa haber falseado (sustituido por otro) un informe que elaboró Escribano en el que trazaba una relación entre ETA y el 11-M.
Tres años de cárcel. Ésa es la pena que solicita la fiscalía para Sergi Xavier Martín, de 22 años, por la agresión a una joven ecuatoriana en un tren de Barcelona y que registró una cámara de seguridad. Le acusa de un delito contra la integridad moral, junto con otro delito de lesiones con la agravante de xenofobia.
J. M. PARDELLAS / L. VARELA | Tenerife / Pontevedra
Rescate en alta mar de seis náufragos del pesquero 'Tuly'
NATALIA JUNQUERA | Madrid
