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El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo procesó ayer a 29 de las 116 personas que él mismo había imputado por su relación con los atentados de los trenes de la muerte cometidos el 11 de marzo de 2004 en Madrid.
El auto de procesamiento contra la célula autora de la matanza del 11-M recuerda que varios documentos de análisis de los servicios secretos sobre la amenaza internacional terrorista en los meses previos a los atentados señalaban que España, por su implicación en conflictos internacionales, podía convertirse en "objetivo coyuntural" de grupos islamistas.
Los miembros de tres células islamistas creadas en Madrid que quedaron dispersos tras varias golpes policiales se unieron a un grupo de delincuentes fanatizados, capitaneados por Jamal Ahmidan, El Chino, para perpetrar el 11-M.
Fuentes próximas al juez Juan del Olmo señalaron ayer que si en los 1.460 folios del auto de procesamiento por los atentados del 11-M de 2004 no se hace referencia a la participación de ETA en los hechos es porque "lo que no existe no se menciona en el sumario".
Los geos heridos en el suicidio de Leganés relataron al juez los momentos previos al estallido
La investigación refleja que los detonadores hallados en Alcalá condujeron a los asesinos y que la metralla de las bombas era idéntica
El auto incluye declaraciones sobre la gestación del grupo que acabó ejecutando la matanza
El juez Del Olmo estima en el auto de procesamiento una "cantidad orientativa" de 400.000 euros en concepto de indemnización por cada uno de los 191 fallecidos en los atentados del 11 de marzo.
El nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, esbozó ayer los principios en los que basará la política antiterrorista ante la que puede ser fase terminal de ETA: firmeza en la aplicación de la ley, eficacia de los cuerpos de seguridad, unidad de los demócratas, respeto a la memoria de las víctimas y esperanza en el logro de la paz.
ETA asegura en su último zutabe (boletín interno) que tiene intención de llevar el proceso político iniciado tras la declaración de alto el fuego permanente del pasado 22 de marzo "hasta el final", aunque advierte de que si no se dan pasos valientes "éste no va a seguir adelante".
Las discrepancias, cada vez menos soterradas, volvieron a agrietar ayer el consenso entre los cuatro partidos que participan en la creación de la comisión gestora que sustituirá al actual Ayuntamiento de Marbella, disuelto por el Consejo de Ministros tras la Operación Malaya contra la corrupción.
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