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José Luis Rodríguez Zapatero
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, se comprometió ayer con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a participar en el proyecto de reformas constitucional y estatutaria que ha promovido, aunque sin renunciar a su plan soberanista.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, abogó ayer por pensar "muy seriamente" sobre la posibilidad de adaptar el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo -firmado en 2000 por el PP y el PSOE para luchar contra ETA- a los nuevos desafíos del terrorismo internacional islamista.
El coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), explicó el pasado día 20 en la Comisión de Investigación del Congreso que el confidente Rafá Zouhier informó por primera vez sobre el atentado el 16 de marzo, cinco días después del 11-M, tras reconocer en televisión a uno de los implicados y que se puso en contacto con el agente Víctor para darle datos sobre Jamal Ahmidan, El Chino.
La policía sólo sospechó que el Skoda Fabia recuperado en Alcalá de Henares el 14 de junio podía estar vinculado con el 11-M cuando un empleado de la empresa de alquiler Hertz, dueña del coche y a la que se lo devolvió sin haberlo revisado, le informó, el 15 de junio, de que en su interior había una maleta cerrada y dos cintas en árabe.
Mariano Rajoy, líder del PP, calificó ayer de "absolutamente deleznable" que "el Ministerio de Exteriores" haya "filtrado" que el anterior Gobierno utilizó los servicios de un lobby (grupo de presión) para hacer gestiones a favor de la concesión de la medalla de oro del Congreso de EE UU a José María Aznar.
En torno a un millón de personas residentes en 30 de los 44 municipios de la provincia de Cádiz se quedaron ayer sin suministro eléctrico, en algunos pueblos durante más de dos horas, al no poder atender la compañía Sevillana Endesa la gran demanda originada por las altas temperaturas.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que anula la expulsión de un inmigrante condenado a tres años de cárcel. El precepto aplicado prevé la expulsión automática para extranjeros condenados a penas inferiores a seis años y fue incluido en el Código Penal en septiembre de 2003, a instancias del entonces vicepresidente del Gobierno y hoy secretario general del PP, Mariano Rajoy.
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