El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, anunció ayer en rueda de prensa que la intención del Gobierno es que la nueva Ley de Extranjería, cuyo borrador se hizo público el miércoles, entre en vigor el 1 de enero próximo, sin más demoras, y, llegado el caso, sin necesidad de consenso. En esta línea, Fernández-Miranda no tuvo reparo en admitir abiertamente que el reglamento de la actual ley, aún sin redactar pese a que la normativa establece que deberá estar aprobado antes del próximo 2 de agosto, ni siquiera llegará a ver la luz. Todos los esfuerzos del Ejecutivo se concentrarán en sacar adelante la pretendida reforma, pese a las voces en contra de los partidos de izquierda, los sindicatos y las ONG.
Los extranjeros no son iguales que los españoles. Ésta es la filosofía que impregna la reforma de la ley de Extranjería preparada por el Gobierno. Aunque cumplan todos los requisitos legales y cuenten con un permiso de residencia permanente, los derechos de los inmigrantes serán "comparables" a los de los españoles, pero nunca idénticos. El PP se propone modificar el artículo 3 de la ley vigente para suprimir la frase según la cual los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución "en igualdad de condiciones que los españoles".
El Tribunal Supremo ha informado al Ministerio de Justicia de que el ex juez Javier Gómez de Liaño, expulsado de la carrera judicial por un delito de prevaricación, no puede ser reintegrado a la judicatura porque su expulsión de la carrera judicial "ya ha sido cumplida" de forma irrevocable. Liaño "carece de la templanza y el equilibrio necesarios para el desempeño de una función tan delicada como la judicial", afirma el Supremo, por lo que nadie puede garantizar que en otros procesos el ex juez no intentase "imponer su voluntad, incluso contra la de la ley."
El presidente de la patronal guipuzcoana Adegi, José María Korta, afirmó ayer que la violencia de ETA es el principal obstáculo para alcanzar el pleno empleo en la provincia. "La continuación de la violencia, la ruptura de la tregua y la inestabilidad política están impidiendo dedicar las energías necesarias para que las empresas sean más competitivas", por lo que Korta instó a los dirigentes políticos e institucionales a "actuar con sensatez, lealtad y altura de miras para lograr la cohesión de la sociedad" vasca.
