Un juez federal ordena dejar de compartir datos de Medicaid de inmigrantes con el ICE

Un juez federal de California ha prohibido a las autoridades de salud de Estados Unidos compartir información de inmigrantes pacientes de Medicaid, el programa de salud pública, con los servicios migratorios. La orden es un revés al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. y a la Administración Trump, que ha impulsado esfuerzos entre diferentes agencias federales para proporcionar datos que ayuden a localizar y detener inmigrantes.

En junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) entregó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) datos personales como nombre, números de seguro social y dirección de pacientes inscritos en Medicaid. En julio, los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) firmaron un acuerdo que no fue divulgado públicamente que permitía al DHS acceder diariamente a los datos de los 79 millones de usuarios de Medicaid a nivel nacional. Más de 20 Estados demandaron, incluyendo California, Nueva York, y Washington.

Los Estados demandantes argumentan que el uso de datos de Medicaid para estos fines va en contra de protecciones de confidencialidad establecidas por la ley federal de Medicaid, y se desvían de su propósito fundamental de administrar el programa de salud. También alegan que el temor a que las autoridades migratorias obtengan sus datos personales podría disuadir a muchos a inscribirse o renovar su cobertura, lo que afectaría la salud pública.

El Gobierno de Trump ha prometido deportaciones masivas y, según diversos reportes, ha establecido cuotas de 3.000 arrestos diarios, lo que ha resultado en un clima de terror en algunas comunidades de inmigrantes, donde muchos aseguran que temen salir a la calle, incluso para ir al trabajo, llevar hijos al colegio o al médico. La Administración ha pedido también al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir los datos fiscales de personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El juez federal Vince Chhabria, quien emitió la orden, dijo en su fallo que el uso de datos de los CMS para aplicar las leyes de inmigración “amenaza con interrumpir de manera significativa” un programa “fundamental para proporcionar cobertura de salud a los residentes más vulnerables del país”.

Un portavoz del HHS aseguró que el departamento actuó dentro de su autoridad y en “total cumplimiento” de las leyes “para garantizar que los beneficios de Medicaid se reserven para las personas que tienen derecho legal a recibirlos”. También culpó a la Administración Biden de abrir “las compuertas para que inmigrantes ilegales explotaran Medicaid”.

“CMS está tomando medidas contundentes contra los Estados que podrían estar usando indebidamente fondos federales de Medicaid para subvencionar la atención de inmigrantes ilegales. Este esfuerzo de supervisión —respaldado por el intercambio legal de datos entre agencias con DHS— se centra en identificar despilfarro, fraude y abuso sistémico”, respondió en un correo electrónico.

La ley de Medicaid establece que para recibir cobertura, las personas deben tener un estatus migratorio legal —como ciudadanos, residentes, refugiados, asilados, o estatus de protección temporal (TPS). El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado en los últimos meses el TPS a ciudadanos de varios países, así como programas humanitarios que ofrecían una residencia temporal, dejando a cientos de miles de personas en el limbo.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo en un correo electrónico que Trump había prometido proteger Medicaid y que “CMS y DHS están explorando una iniciativa para garantizar que los extranjeros ilegales no estén recibiendo beneficios de Medicaid que están destinados a los estadounidenses respetuosos de la ley”.

También dijo que compartir esa información era “esencial” para “identificar quién está en nuestro país, incluidos criminales violentos; determinar qué amenazas a la seguridad pública y al terrorismo pueden existir para neutralizarlas; eliminar a estas personas de los padrones electorales; y detectar qué beneficios públicos están usando estos extranjeros a expensas de los contribuyentes”. “California debería entender bastante bien este principio a estas alturas, ya que tuvieron que anunciar que congelaban la inscripción en Medi-Cal para inmigrantes ilegales a principios de este año”, agregó.

Medi-Cal es el programa de seguro médico público de California para residentes con bajos ingresos, que es financiado en parte por el Estado y el gobierno federal como parte de Medicaid. California anunció que recortará servicios de ese programa a partir del año próximo ante un déficit estatal.