Las organizaciones pro migrantes se movilizan contra la deportación masiva de Trump

El miércoles 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante y este año el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con su plan de deportaciones masivas bajo el brazo vuelve la fecha más significativa. Decenas de organizaciones pro migrantes han convocado movilizaciones para llamar la atención sobre la cuerda floja en la que se sustentan los más de 11 millones de indocumentados que residen en el país y que el presidente electo pretende expulsar. Marchas, talleres, manifestaciones, convocatorias para la prensa y llamamientos a los legisladores y al presidente Joe Biden para que actúen y protejan a los migrantes antes de que el 20 de enero traslade el poder al magnate llenan la agenda de la semana.

Ante la desesperación de temer ser expulsados, al menos 10 personas originarias de El Salvador y Honduras comenzaron este lunes en Washington una huelga de hambre para pedir a Biden, que renueve su TPS (Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en inglés) antes de que Trump ocupe el Despacho Oval.

Evelin Hernández llegó el sábado desde Los Ángeles a la capital del país para participar en la huelga de hambre. Salvadoreña de 50 años lleva 33 residiendo en Estados Unidos y es activista de los derechos de migrantes. Casada con un ciudadano mexicanoamericano y con tres hijos nacidos en Estados Unidos, decidió defender sus derechos y los de sus compatriotas con una medida extrema como dejar de ingerir alimentos: “Estoy aquí porque hay muchos beneficiarios de TPS que por cuestiones de salud no pueden participar en este esfuerzo. Yo me siento capacitada para poder apoyar y mandarle el mensaje al presidente Biden de que él tiene el poder en sus manos de extender el programa TPS 18 meses más, que no deje a la comunidad centroamericana en el limbo”, explica en conversación telefónica a EL PAÍS.

La inclemencia del tiempo no permitió que se manifestaran frente a la Casa Blanca, como estaba previsto. Los agentes de seguridad no les dejaron instalar carpas en las que refugiarse del frío y la lluvia, por lo que se trasladaron temporalmente al United Methodist Building, en la avenida Maryland, el único edificio no gubernamental en Capitol Hill. Los participantes iniciales de la huelga de hambre llegaron de varios Estados: Massachusetts, Nevada, Texas y California, pero se espera que a lo largo de la semana lleguen más migrantes de otros Estados para unirse a la protesta convocada por la Alianza Nacional del TPS.

Creado en 1990 para permitir la residencia a las personas cuyos países de origen son considerados inseguros, los salvadoreños, con 195.000 beneficiarios, son el mayor grupo del programa, seguidos por los hondureños (57.000) y haitianos (50.000). La mayoría lleva más de dos décadas en el país y ha formado familias, muchas veces con ciudadanos estadounidenses y tienen hijos nacidos en el país de acogida, por lo que su expulsión significaría una dramática separación familiar. Trump ya ha anunciado que para evitarlo, deportará a las familias enteras, lo que plantea muchos interrogantes logísticos y legales.

El permiso de los salvadoreños, que debe renovarse cada 18 meses, caduca en marzo y la prórroga debe ser aprobada con dos meses de antelación, por lo que instan a Biden a que lo haga antes del 8 de enero. Después de esa fecha quedarán en el limbo y con pocas esperanzas de que el magnate renueve su permiso. En su primera presidencia, Trump intentó sin éxito acabar con el programa, pero su plan de deportaciones masivas, que pretende iniciar el primer día de su mandato, incluye el TPS en la lista de los amenazados de ser expulsados.

“Trump no nos va a extender el TPS, lo sabemos por las amenazas que ha hecho en todas las entrevistas de medios de comunicación que ha dado. Por eso queremos asegurar que el presidente en curso lo haga”, explica Hernández.

Los ruegos a Biden para que proteja a los migrantes del TPS y también a los de DACA (el programa que beneficia a los extranjeros que entraron ilegalmente cuando eran niños) se han repetido desde que Trump obtuvo una abrumadora victoria en las elecciones del 5 de noviembre. La semana pasada, los senadores demócratas latinos se juntaron para instar al presidente a que actúe con premura para asegurar la protección a los migrantes de ambos programas.

Trump “intentará cumplir sus promesas de deportación masiva, separación familiar, dañando a nuestras comunidades y destruyendo nuestra economía, razón por la cual es aún más crítico que el presidente Biden tome medidas para defender y proteger a nuestras comunidades”, señala Murad Awawdeh, copresidente de FIRM, el movimiento para la reforma migratoria que agrupa 38 entidades de 32 Estados.

El miércoles, dos marchas convocadas por CHIRLA, una por la mañana y otra por la tarde, desembocarán en un centro de detención de ICE (Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés). El mismo día, la Coalición de Inmigrantes y Ciudadanos de Pensilvania (PICC, por sus siglas en inglés), también ha convocado una manifestación. En el transcurso de cinco días, hay al menos 14 eventos convocados en 13 Estados para protestar. La campaña Home is Here, organizada para defender a los beneficiarios de DACA, los llamados dreamers, enviará este martes una delegación de cientos de migrantes y aliados de todo el país al Congreso para pedir a los legisladores que rechacen la agenda antiinmigrante de Trump.

Aunque la mayoría de los migrantes amenazados son latinos, no son los únicos afectados. Jung Woo Kim, codirector del Consorcio Nacional Coreano Americano de Servicios y Educación (NAKASEC), que también participa en las movilizaciones, apunta: “Mientras el Congreso trabaja para aprobar un presupuesto antes del 20 de diciembre, debe actuar para proteger a las familias inmigrantes, incluidas las comunidades asiático-estadounidenses, de las dañinas políticas de deportación y detención impulsadas por la Administración Trump.

En su primer día de huelga de hambre, Evelin Hernández se muestra valiente ante lo que pueda pasar: “El miedo me lo robaron cuando me trataron de quitar el TPS (en el primer mandato de Trump). Ahora estoy lista para pelear e ir hasta donde tenga que llegar con tal de defender mi derecho”.