El Miami Dade College aprueba donar un terreno para la biblioteca presidencial de Trump pese a un bloqueo judicial

El Miami Dade College votó otra vez a favor de ceder un terreno en el downtown de la ciudad al Estado de Florida para construir la biblioteca presidencial de Donald Trump, a pesar del rechazo expresado por la mayoría de más de un centenar de personas que asistieron este martes a una audiencia pública de la Junta de Fideicomisarios en el campus de la universidad en Hialeah. La Junta había acordado en septiembre donar el terreno al Estado, pero ese intento fue bloqueado por un tribunal a mediados de octubre en una demanda alegando falta de transparencia en el proceso.

Decenas de personas que tomaron el podio el martes, incluyendo exalumnos, maestros y activistas comunitarios, criticaron a la Junta de siete miembros, entre ellos la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, por haber cedido el terreno en primer lugar sin buscar ningún beneficio para la universidad, así como por no haber dado al público la oportunidad de hablar la primera vez que se llevó a cabo la votación. Varias personas dijeron que había sido una “mala decisión” y “una traición” de una entidad que debería velar por los intereses de la universidad pero que eligió priorizar “ganar el favor” de la Administración Trump.

La Junta se reunió a finales de septiembre en una reunión especial para discutir “posibles transacciones inmobiliarias”, en la que terminó cediendo al Estado el terreno que la universidad adquirió hace más de 20 años y tenía reservado para ampliar su campus en el downtown de Miami. Una semana después, Florida donó la propiedad a la organización a cargo de construir la biblioteca de Trump.

Una demanda interpuesta por Marvin Dunn, un historiador de Miami —quien estuvo presente en la votación del martes—, alega que el proceso violó la ley de transparencia estatal conocida como Florida Sunshine, ya que el aviso público de la reunión de septiembre no especificaba qué terreno cedería ni para qué fines, y no fue suficientemente divulgado.

La jueza del Undécimo Circuito de Florida Mavel Ruiz determinó en octubre que probablemente Dunn tenía razón y que la Junta debía votar otra vez o seguir con el litigio. Cuando la semana pasada fijó la próxima audiencia para agosto, la Junta anunció que se reuniría para votar de nuevo y agilizar el proceso.

Los ánimos se caldearon en varias ocasiones durante la audiencia del martes, con abucheos frecuentes y algunos gritos e improperios, mientras los miembros de la Junta, con rostros impasibles, escuchaban a los residentes uno por uno. Seis de los miembros estuvieron presentes y uno participó de manera remota.

Un punto recurrente entre quienes se pronunciaron en contra de donar el terreno es su ubicación junto a la icónica Torre de la Libertad de Miami —un símbolo del exilio cubano— para honrar a un presidente cuya Administración “ataca cruelmente a los inmigrantes”. El Gobierno de Trump está llevando a cabo una ofensiva nacional contra los migrantes, con decenas de miles de arrestos en sitios de trabajo, carreteras y cortes de inmigración —incluso de ciudadanos estadounidenses— que ha generado un clima de terror entre las comunidades extranjeras.

El sitio a donde llegaron los primeros refugiados de Cuba es el último lugar donde debería construirse una biblioteca “para honrar a un presidente que vilipendia a los inmigrantes”, dijo una residente. La mujer agregó que era “inapropiado” e “inconsistente” con los residentes de una ciudad donde más del 70% de los residentes son hispanos y más de la mitad, migrantes.

Raúl Hernández, de la Iglesia Congregational United de Coral Gables, se refirió al asunto como “una abominación”, advirtiendo que “el régimen de Trump va a pasar” pero la biblioteca quedará para la posteridad.

Una exalumna de la universidad criticó “que este sea el legado del Miami Dade College, apuntalar a un Gobierno autoritario que está secuestrando a nuestra gente” y “aterrorizando a nuestros residentes”. “Construir esta biblioteca es una bofetada en la cara” de los migrantes, agregó. La mujer contó que su tío, de 76 años y quien lleva más de 45 en EE UU, fue detenido hace una semana por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y la familia no ha sabido de él.

Muchos espetaron a la Junta que no había cumplido su función como fideicomisarios, al aprobar una transacción sin obtener ningún beneficio para la institución. El terreno de poco más de 1 hectárea está tasado en unos 67 millones de dólares, pero tiene un valor estimado en el candente mercado de bienes raíces de Miami que podría superar los 300 millones, lo que presentaba una jugosa oportunidad.

“No hay compensación para la universidad. La transacción propuesta no garantiza que se construirá una biblioteca presidencial” o se utilizará con fines de lucro, dijo Andrés Rivera, uno de los abogados que representa a Dunn en el litigio.

Una transacción inmobiliaria de ese calibre podría potencialmente beneficiar a la universidad con millones de dólares, pero, en cambio, la Junta optó por regalar el terreno, indicó Billy Corben, un cineasta de Miami. “Consigan un buen trato. Negocien. Esto no es Cuba comunista. No tenemos tribunales secretos que expropian propiedades de sus dueños y se las dan a gente rica en el gobierno”, apuntó entre una ovación.

Tras concluir los comentarios del público, Marcell Felipe, miembro de la Junta designado en 2023 por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, lanzó una reprimenda colectiva contra los comentarios críticos que recibió un sonado abucheo. También arremetió contra el periódico local Miami Herald por su cobertura, y acusó a los reporteros de mentir y amenazó con demandar. Felipe fue uno de los impulsores de la renovación millonaria de la Torre de la Libertad, también propiedad del Miami Dade College, que concluyó en el verano.

Tras la audiencia, Richard Brodsky, el otro abogado de Dunn, explicó a EL PAÍS que continuarán con el litigio a pesar del voto de este martes, porque la demanda se basa en que la universidad violó la ley de transparencia de Florida la primera vez que votó, y que volverlo a hacer no cambia eso.