La guerra texana al porno

Un par de clics pueden dar acceso a todo el porno del mundo, a millones de videos y miles de páginas disponibles para cualquiera, sin importar la edad. Texas quiso poner fin a esto el año pasado con la polémica ley HB 1181, que exige que las entidades que distribuyen contenido para adultos verifiquen que quienes lo consuman sean adultos. La norma no se lanzó contra todas las compañías: algunos sitios y redes sociales que sí permiten material explícito (X o Reddit) quedaron a salvo. “Una plataforma digital no es pornográfica si menos de un tercio de su contenido no es material sexual perjudicial para menores”, concreta el texto del nuevo marco legal. Pero si supera esa cantidad, la plataforma tiene que cerciorarse de que lo vean mayores de 18. La ley ha desatado una guerra entre quienes, por un lado, consideran que la norma vulnera los derechos a la libertad de expresión y la privacidad y, por otro, el Estado conservador, que ha estado sancionando a las empresas infractoras con multas millonarias.

La HB 1181 fue aprobada en mayo de 2023 con 133 votos a favor, dos abstenciones, 13 ausencias y un solo voto en contra. A pesar de la apelación por parte de grupos civiles y las principales empresas afectadas, entró en vigor en septiembre del mismo año, cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que la ley no infringía ningún derecho constitucional. Y cinco meses después comenzaron a llegar las sanciones.

En febrero de este año, la Oficina del Fiscal General Ken Paxton demandó a Aylo Global Entertainment, la compañía tecnológica dueña de PornHub, por no hacer cumplir las leyes de verificación de edad. También demandó a WebGroup Czech Republic (WGCZ), dueña de XVideos, XNXX, Bangbros y PornTube. Y a Hammy Media, propietaria de xHamster. Y a Multi Media LLC, propietaria de Chaturbate. A xHamster, por ejemplo, el fiscal le impuso una multa de 1,67 millones de dólares, más 10.000 adicionales por cada día de incumplimiento desde la presentación de la demanda. Mientras, Multi Media LLC acabó pagando 675.000 dólares, de una multa inicial de 1,78 millones, tras acordar con comenzar el chequeo de edad de sus usuarios.

Otras plataformas han bloqueado sus páginas web en el Estado como protesta. “Sitios como PornHub están huyendo porque Texas tiene una ley que tiene como objetivo evitar que muestren material dañino y obsceno a los niños. En Texas, las empresas no pueden salirse con la suya al mostrar pornografía a los niños. Si no quieren cumplir, deberían irse”, aseguró Ken Paxton. El republicano es uno de los fiscales más conservadores de Estados Unidos. En los últimos años se ha opuesto al matrimonio igualitario, al derecho a la interrupción del embarazo, a la libertad de estudiantes transgénero en el deporte y a los libros sobre sexo en las escuelas.

Según Mike Stabile, director de políticas públicas de Free Speech Coalition, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos en la industria del entretenimiento para adultos, la patrocinadora principal de la legislación antiporno es la senadora Angela Paxton, esposa del fiscal general. La pareja pertenece a la Iglesia Bautista Prestonwood, en la ciudad de Plano, y junto con los pastores Mike Buster y Chris McKenna habría trabajado en la redacción y defensa del proyecto. “Los grupos que han estado impulsando estas leyes son en gran parte grupos basados en la fe, que creen que nadie debería tener acceso a este material”, aseguró Stabile.

El único voto en contra

De los 150 legisladores y 31 senadores en Texas, la única que votó contra el proyecto de la HB 1181 fue la demócrata María Luisa Flores. También fue la única persona que respondió a la petición de entrevista de EL PAÍS entre una decena de senadores, fiscales y abogados implicados en el caso, incluida la oficina del fiscal general.

Flores, abogada de 68 años, a quien apodan Lulu, domina un poco el español. “Con el proyecto de ley, teníamos algunos avisos sanitarios sobre el potencial del material, por lo que era necesario incluir ciertas advertencias. Y pensé que eso era una extralimitación por parte del Senado”, explicó. Le preocupaba que las investigaciones sobre adicción a la pornografía “eran demasiado amplias y no presentaban pruebas sustanciales reales”. Y es cierto que no hay una conclusión definitiva sobre este tema. El único trastorno no relacionado con sustancias, clasificado junto con los trastornos por consumo, es el juego, según un estudio publicado por la revista Nature.

Sin embargo, en la ley, los legisladores aplicaron la lógica que usan con el alcohol y los cigarrillos. En Texas, aunque uno peine canas, debe enseñar el ID al comprar estos productos. La diferencia es que ningún dependiente de gasolinera se queda con los datos. Y que, incluso aunque los conservaran o llegaran a filtrarse, la gente suele ser más reservada con el tipo de porno que consume que con la marca de cerveza que bebe. Como en los paquetes de cigarrillos, la norma reclamaba que las páginas X exhibieran advertencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en fuente mínima de 14 puntos, con el mensaje: “La pornografía puede ser biológicamente adictiva, daña el desarrollo cerebral, está asociada con la baja autoestima, incrementa la demanda de prostitución”. Y el número de la línea de ayuda telefónica a personas con trastornos de salud mental o consumo de sustancias. El pasado 7 de octubre, el Quinto Circuito decidió eliminar las advertencias sanitarias de la propuesta.

La decisión de Flores también fue motivada por la línea subjetiva entre lo que es arte y lo que no. La ley, en su concepto, define que el material sexual “carece de valor literario, artístico, político o científico serio para los menores”. Ella se opone: “El arte que algunos consideran pornográfico no lo es para otros. Esa es una preocupación muy legítima. Y yo tiendo a inclinarme por la expresión artística. Hay que proteger a las personas que están siendo explotadas, y obviamente me opongo a la explotación de los niños y a compartir materiales inapropiados. Entonces, uno tiene que ser capaz de encontrar un equilibrio entre los derechos de la Primera Enmienda y los derechos a la privacidad”.

Por otra parte, Flores entiende que el proceso de verificación es un muro de acceso a las páginas X. “Es casi un elemento disuasorio”, consideró. “El problema es que si voy a un sitio pornográfico, me enojaré al recibir un montón de correo basura. Tu motor de búsqueda va a cualquier cosa y al día siguiente te inundan con información o te bloquean”. Durante la investigación para este reportaje, tras el registro en varios sitios porno se recibieron alertas de correo electrónico en riesgo, mensajes spam, intentos de sextorsión, seguidores fantasmas en las redes y al menos tres promociones semanales que tientan a mirar lo que Chaturbate le puede ofrecer.

Resistencia y VPN

En este momento, casi todos los sitios están bloqueados: PornHub, Brazzers, BangBros, Reality Kings, PornTube, YouPorn, Digital Playground… Al entrar, se puede leer una advertencia en inglés: “Querido usuario, lamentamos que no puedas entrar por culpa del Gobierno del Estado donde vives”. “La ley de Texas para la verificación de la edad es ineficaz, aleatoria y peligrosa”, afirma el aviso. Y añade que “hasta que se ofrezca la solución real, estamos cumpliendo con la ley, como siempre lo hacemos”.

Aunque, como casi siempre, hay un hueco por donde fugarse: se puede engañar al sistema con una red privada virtual (VPN). Así, aunque no se mude de Estado, internet creerá que lo hizo y lo dejará entrar donde quiera. De hecho, el uso de estas aplicaciones en territorio texano aumentó en más del 1.500% en menos de diez días desde el bloqueo.

“Cualquier regulación que requiera que cientos de miles de sitios para adultos recopilen cantidades significativas de información personal altamente confidencial está poniendo en peligro la seguridad del usuario. Además, como ha demostrado la experiencia, a menos que se aplique correctamente, los usuarios accederán a sitios que no cumplan con las leyes o encontrarán otros métodos para evadirlas”, declaró a EL PAÍS un portavoz de Aylo. De una veintena de sitios revisados, los únicos que actualmente verifican la edad, tal como pide la HB 1181, son xHamster y Chaturbate.

Sonríale a la foto

Solo hay que encender la cámara y encajar la cara justo donde lo piden. Las orejas donde van las del icono en pantalla. “Tu escaneo es privado. No se almacenará ni se compartirá ninguna imagen”, asegura un cartel de xHamster mientras el programa hace lo suyo. Y listo. En diez segundos, si tienes cara de adulto, estás dentro.

Xhamster, con sede en Chipre, es uno de los sitios más visitados del mundo: más de 2.450 millones de visitas en los últimos dos años. Para sortear la demanda del fiscal general y continuar dando el servicio en Texas, contrató a un tercero para regular quién entra y quién se queda con las ganas. Esa empresa se llama Yoti y ofrece tres maneras de verificar: estimación facial, escaneo del ID o crearte un perfil en su página web.

La primera opción es la más sencilla. La segunda tarda dos minutos porque te piden más información: el país donde te encuentras, el tipo de documento que tienes, enseñar ambos lados del documento y luego la cara para confirmar que coincide con la foto. Y la tercera es entrar a yoti.com y abrir un perfil con usuario y contraseña, verificar el email con un enlace, descargar una aplicación, agregar la cuenta, escanear un QR y teclear un código. Con Chaturbate el procedimiento es el mismo, solo que la compañía que verifica la edad en este caso se llama Incode.

Pero, ¿quiénes son Yoti e Incode y qué hacen con la información? Yoti es una empresa británica que pretende convertirse en “la plataforma de identidad más confiable del mundo”. La misión de Incode es menos olímpica: “Impulse un mundo de confianza”, dice. La empresa tiene sede en California y, como Yoti, fue fundada en 2014. Incode tiene en su cartera de clientes a Amazon y a Rappi. Yoti tiene a Instagram y a Onlyfans. Compiten entre sí.

Rachael Trotman, gerente de comunicaciones de Yoti, explicó a EL PAÍS que el servicio de verificación que ofrece no almacena ni comparte documentos ni datos biométricos con otras entidades. Según contó, la estimación facial de la edad es precisa, fácil y rápida (se calcula en apenas un segundo). “Es una solución que preserva la privacidad, ya que nadie necesita compartir sus documentos, nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono o información de tarjeta de crédito”, explicó. Si este método falla, por ejemplo, por cuestiones de apariencia personal, recomienda crear un perfil de usuario.

Sobre el argumento de que estas leyes violan la libre expresión, Fernanda Sottil, directora de estrategia de Incode, manifestó: “No creo que sea un tema de libertad de expresión, quizá es un tema de privacidad porque entonces mi data ya empieza a estar en plataformas de terceros”. De acuerdo con su explicación, la data queda en posesión del usuario y este puede controlar quién tiene acceso a qué información y puede revocar ese acceso cuando lo desee. Sin embargo, en el caso de Chaturbate, por ejemplo, solo se permite la opción de escanear el ID.

“Depende mucho de la configuración del cliente [Chaturbate, en este caso] y las políticas de riesgo que tengan por Estado. Los clientes configuran sus flujos de verificación según distintas condiciones”, sostuvo Sottil. Respecto al método de escaneo facial, asegura que tiene una confiabilidad del 99,5%, y que no captura el iris. “Revisa cosas muy sutiles que quizá tú y yo no nos daríamos cuenta. La distancia entre los ojos, las proporciones entre los ojos y la nariz, la presencia de arrugas... Este algoritmo se ha entrenado con millones de usuarios y de datos que Incode recolecta para mejorar su estimación”. “La información biométrica y la data están encriptadas al cien por cien, es una función matemática. Si alguien hackea los servidores de Incode, lo único que ve son líneas de código de unos y ceros y ciertos iconos. No es descifrable a ojo humano, no se puede identificar”, garantizó Sottil.

Para Stabile, el defensor de Free Speech Coalition, todos estos sistemas son engorrosos: “Si estás en tu teléfono e intentas acceder a un sitio web, no vas a ir si te piden que cargues una identificación y escanees tu rostro y lo envíes a un tercero. Están destinados a ser difíciles, a crear restricciones que nadie cumplirá, a castigar a las empresas que son legales”.

La misma política de privacidad de Incode especifica que “ningún método de transmisión de datos a través de internet o de almacenamiento de datos es completamente seguro”. Así lo han dejado claro una serie de hackeos de alto perfil en Estados Unidos. Podrían enumerarse al menos diez casos entre los más grandes y escandalosos de los últimos años, como el que afectó a más de 100 millones de clientes de Capital One en 2019; o el de Marriott International en 2018, que expuso la información confidencial de unos 500 millones de huéspedes.

Propagación nacional

Además de Texas, 17 Estados —Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Utah y Virginia— han implementado medidas similares. Algunas de ellas han sobrepasado el chequeo de la mayoría de edad. El próximo primero de enero en Florida entrará en vigor la ley HB3 que prohibirá que niños menores de 14 años manejen cuentas en redes sociales. Solo podrán hacerlo los adolescentes de 14 y 15, bajo consentimiento de sus padres.

Muchas voces aseguran que si un menor desea acceder a contenido para adultos, probablemente lo encontrará en redes sociales, de manera más directa. Por eso, Free Speech Coalition y sus aliados apuestan por el control parental. “Los padres deben ser la primera línea de defensa protectora de sus hijos. Tienen muchas herramientas a su disposición para protegerlos de contenidos inapropiados”, se lee en la demanda de medidas cautelares contra la Oficina del Fiscal General. Este litigio ha sido interpuesto por Free Speech Coalition, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y las empresas de porno más afectadas. Está siendo llevado por el despacho de abogados Quinn Emanuel. En la batalla, los defensores de las libertades digitales han conseguido que el Tribunal Supremo revise su caso.