¿Ser ‘homeless puede ser ilegal’? El encendido debate de qué hacer con los 650.000 sin techo del país

Una sentencia del Tribunal Supremo encendió el debate. Como se ha vuelto costumbre en los Estados Unidos de los últimos años, las decisiones de la corte más alta del país han definido algunas de las discusiones más calientes a nivel social, desde el aborto, con la revocación del derecho federal de las mujeres para interrumpir el embarazo, hasta la discriminación positiva o la inmigración y las deportaciones. El 28 de junio fue el turno de la situación de las personas sin hogar, un problema ya endémico que en 2023 llegó a su máximo histórico, con más de 650.000 personas viviendo en las calles, un aumento del 12% comparado con el año anterior.

La palabra del Supremo, que votó siguiendo líneas ideológicas claras —los seis jueces conservadores, tres nombrados por Donald Trump, contra las tres juezas progresistas—, dictaminó que las administraciones locales podían imponer leyes que prohíban dormir en la calle, en tiendas de campaña o a la intemperie, y multar o hasta arrestar a personas que no acataran. Desde ese momento, de California, el Estado que tiene la mayor población sin techo con 180.000, hasta Florida, del otro lado del país, la cuestión ha aterrizado con fuerza y se han empezado a adoptar medidas que, a pesar de haber sido declaradas permitidas por la ley, han generado polémica y hasta enfrentamientos entre administraciones.

El dictamen del Supremo fue resultado de una petición impuesta por la ciudad de Grants Pass (Oregon) para que se revisara una sentencia de 2018 de una corte más baja que limitaba la capacidad de las ciudades para responder con desalojos forzados al creciente problema de las personas sin techo. El juez Neil M. Gorsuch, en palabra de la mayoría conservadora del tribunal, dijo que la ordenanza local de Grants Pass, que penaliza dormir o acampar en espacios públicos, y que había sido paralizada, no violaba la Constitución. Según su lectura, no se criminaliza el hecho de no tener casa, sino el de acampar en ciertos lugares. “No hace ninguna diferencia si el acusado es una persona sin techo, un mochilero de vacaciones o un estudiante que deja su dormitorio para acampar en protesta en los jardines de un edificio municipal”, argumentó.

Del otro lado, la jueza progresista Sonia Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, alegaban que la decisión dejaría con todavía menos protecciones a las personas más vulnerables de la sociedad. “Dormir es una necesidad biológica, no un crimen... Para alguna gente, dormir afuera es su única opción”, dijo Sotomayor, agregando que imponer multas y hasta tiempo en prisión por “dormir en cualquier lugar en público a cualquier hora, incluyendo en sus carros, si usan una manta o una camiseta enrollada como almohada” básicamente castiga el hecho de no tener hogar. “Es inconsolable e inconstitucional”, afirmó en sus declaraciones desde su silla, una señal del profundo desacuerdo.

A pesar del disenso dentro del Supremo, la decisión es definitiva y de hecho fue muy bienvenida especialmente por California, uno de los Estados en principio más progresistas del país. El pasado 25 de julio el gobernador, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva para levantar campamentos de personas sin techo, que se han vuelto parte del paisaje en ciudades como Los Ángeles o San Francisco, en todo el Estado. El decreto dirige a las agencias estatales adoptar “políticas humanas y dignas”, lo cual incluye que las personas sin techo deben ser notificadas antes de que se retiren sus carpas de las vías públicas. Aunque la orden no puede forzar a que las ciudades y los condados pasen a la acción, le permite poner en pausa transferencias de recursos millonarias como medida de presión.

Es el siguiente paso de una cruzada contra uno de los principales problemas del Estado. Desde 2021, las autoridades han retirado 11.000 campamentos y recogido decenas de toneladas de basura en vías estatales. La nueva orden ejecutiva prioriza el desmantelamiento de acampadas que “representan un riesgo a la vida, a la salud y a la seguridad” de las comunidades. Por ley, las autoridades guardarán las propiedades y objetos recolectados por 60 días para ver si alguien los reclama.

En San Francisco, donde el problema ha estado presente durante décadas sin una solución, la orden fue recibida con entusiasmo. En este bastión del progresismo estadounidense, la alcaldesa demócrata, London Breed, ha abrazado los poderes que le otorgan la decisión del Supremo y la orden de Newsom. Los ciudadanos ya no aguantan los campamentos que se vuelven prácticamente permanentes, el uso abierto de drogas en ellos y la sensación de inseguridad que genera: el tema es la cuestión más apremiante para alrededor de la mitad de los residentes de la ciudad.

En los últimos días, Breed ha dado la orden a la policía de que pueden multar a las personas sin techo que rechacen un refugio, y hasta usar la amenaza de un arresto también. Con su reelección en juego en las elecciones de noviembre, la alcaldesa ha prometido “limpiar” la ciudad y dar resultados en cuestión de semanas.

Sin embargo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, rápidamente dijo que no acataría la directriz del gobernador Newsom, pues su ciudad —hogar del famoso Skid Row, barrio del centro donde se estima conviven unas 4.400 personas sin techo y que ha tenido población sin hogar desde los años 30— ha visto resultados positivos en su propio programa para manejar la situación de los homeless. Por primera vez en años, de 2023 a 2024 Los Ángeles redujo, levemente, la cantidad de personas que no tienen casa con una estrategia que consiste en moverlos a moteles o refugios. “Esta sentencia no debe utilizarse como excusa para que las ciudades de todo el país intenten arrestar su salida de este problema, o esconder la crisis de las personas sin hogar en ciudades vecinas o en la cárcel”, dijo la alcaldesa Bass. “La única manera de abordar esta crisis es trayendo a la gente dentro con vivienda y servicios de apoyo”.

Tras la sentencia, el debate ha girado más bien en torno al equilibrio entre la aplicación de leyes que prohíben acampar, ya sean existentes o nuevas, y la prestación de servicios de apoyo que faciliten el acceso a la vivienda. Algunos expertos consideran que una de las respuestas más eficientes a este problema es precisamente la construcción de vivienda asequible, un bien muy escaso en la actualidad. La lógica dicta que una vez se les ubica bajo un techo permanente, los problemas de salud mental o drogadicción que suelen acompañar a estos individuos serán más fáciles de atender.

Según los críticos conservadores, esto no ha funcionado. Una legislación de referencia elaborada por el Instituto Cicero, un think tank de Texas, ha servido de base para nuevas leyes en Florida, Georgia, Oklahoma y otros estados republicanos que han tomado medidas contundentes contra los campamentos y han revertido un enfoque que da prioridad al alojamiento de las personas. En cambio, abogan por la detención y diagnóstico de cada caso para que se ofrezcan soluciones prioritarias específicas, como acceso al empleo, tratamiento de drogodependencia, atención a salud mental o, sencillamente, vivienda.

En la Florida de Ron DeSantis, en octubre entrará en vigor, precisamente, una prohibición a dormir en público dirigida específicamente a la gente sin hogar. En Miami Beach, ya está en funcionamiento una norma muy similar y para el mes de agosto se ha intensificado su implementación. La norma estipula 60 días en prisión y una multa de 500 dólares si se rechaza una cama en un albergue.

No cabe duda que la sentencia del Supremo ha envalentonado a las voces que abogan por una mano dura para hacerle frente a una situación que está íntimamente relacionada con la crisis de los opioides y la epidemia de problemas de salud mental graves. Aun así, el decreto del Tribunal deja intactas protecciones civiles al prohibir multas excesivas y violaciones del debido proceso. De hecho, los gobiernos locales pueden ser demandados, precisamente lo que sucedió en Spokane (Oregon) el jueves pasado. Los demandantes, una organización local que atiende a personas sin techo y dos individuos que han vivido esta realidad, uno todavía no tiene hogar, alegan que las regulaciones impuestas por las autoridades “criminalizan el hecho de no tener hogar”. La decisión del Supremo puede ser firme, pero el debate apenas comienza.