Una mujer latina acusada de asesinato por un aborto en Texas podrá demandar a los fiscales del Estado
Lizelle González fue arrestada en abril de 2022 en Texas por haber “inducido un aborto” cuando tenía 19 semanas de embarazo
El rostro de 26 años de Lizelle González apareció en las primeras planas de la prensa en abril de 2022. La joven había ido a pedir ayuda a los médicos del Hospital Memorial del condado de Starr, en Texas, y terminó arrestada y acusada de asesinato por haber “inducido un aborto” cuando tenía 19 semanas de embarazo. Dos años después, es González quien recibe luz verde para demandar al sheriff y los fiscales de Texas por un caso que generó protestas, indignó a los activistas por los derechos reproductivos y, en especial, cambió “para siempre la vida de la demandante”.
El pasado mes de marzo, González presentó una demanda en la que asegura que al acusarla se ignoraron sus derechos civiles. El fiscal de distrito del condado de Starr, Gocha Ramírez, la fiscal asistente Alexandria Lynn Barrera y otros funcionarios, pidieron que se desestimara dicha demanda. Pero no sucederá y tendrán que enfrentar consecuencias. Este miércoles, el juez federal del distrito, Drew B. Tipton, denegó la moción para echar al lado el caso y González podrá seguir con su demanda en la corte, con la que busca una indemnización de un millón de dólares.
Los hechos en cuestión sucedieron en enero de 2022. González llegó a la sala de emergencias del hospital tras usar misoprostol para abortar. En ese momento los médicos vieron que el corazón del feto estaba latiendo y que la joven no tenía contracciones, por lo que al día siguiente le dieron de alta. Luego González regresó al centro con dolor abdominal y sangrado, por lo que le practicaron una cesárea para extraer el feto de su vientre. Fue el propio personal médico del hospital quienes llamaron a las autoridades para informar del incidente, violando así los derechos de la joven a su privacidad como paciente, según aclara su demanda. González pasó dos noches en prisión luego de que las autoridades cargaran con ella, y le impusieron una fianza de 500.000 dólares.
Tras las protestas a las afueras de la cárcel para exigir su liberación y el impacto que tuvo el arresto de González, el propio fiscal Ramírez dijo que había hablado con el abogado de la joven “para decirle que [su] oficina presentará una moción para desestimar” la imputación en su contra. “Al revisar la ley de Texas queda claro que la señora González no puede ni debe ser procesada por las alegaciones en su contra”, e informó que González no afrontaría un juicio.
Los demandados, desde entonces, han manejado que se trató de una “negligencia”, pero el abogado David Donatti, quien representa a González, sostuvo este miércoles que lo que pretenden mostrar “es que la negligencia no explica esta supervisión. Es el papel y la función de los fiscales estar conscientes de los elementos de los estatutos que están acusando”, dijo.
La demanda de González afirma que el arresto y su acusación de asesinato “han cambiado para siempre la vida de la demandante”. González no pudo con tanto, le dañó ver su foto policial en internet y en la prensa, como si no se tratara de la joven que fue en busca de ayuda, sino una “criminal”.
Un caso en medio de dos leyes antiaborto
El caso de González avivó el debate en torno al aborto en Texas, uno de los Estados históricamente más controversiales y con leyes más restrictivas sobre el cuerpo de las mujeres.
El aborto y posterior arresto de la joven se produjo tiempo después de que Texas promulgara la llamada ley de los “latidos del corazón”, que prohíbe los abortos tras las seis semanas y que autoriza a los ciudadanos a demandar a quienes se realicen abortos luego de este tiempo, a menos de que la vida de la mujer embarazada corra riesgo. El incidente también tuvo lugar meses antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo de Roe vs. Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos, y que vino como anillo al dedo a los Estados más conservadores como Texas.
Desde entonces, con el cierre de muchas clínicas de aborto, miles de mujeres han tenido que salir del Estado a realizar esta práctica a sitios como Arkansas, Colorado, Kansas, Luisiana, Misisipi o Nuevo México. Un estudio publicado por la revista JAMA Pediatrics asegura que entre 2021 y 2022 las muertes infantiles en Texas pasaron de 1.985 a 2.240, lo que representa un aumento del 12,9%. Asimismo, la mortalidad infantil por anomalías congénitas crecieron hasta el 22,9%.
El aborto sobre la mesa del debate electoral
Así como la economía, la violencia o la inmigración son temas fundamentales en el debate de los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, el aborto es un tema esencial en discusión. Aunque en los últimos meses Donald Trump se ha cuidado de expresarse demasiado al respecto, aseguró en el debate junto a Joe Biden que deben ser los Estados los que legislen este derecho. Cuando luchaba por su elección en la campaña electoral de 2016, el republicano aseguró que nombraría jueces en la Corte Suprema para anular Roe vs. Wade, y en el último debate también presumió de haber nombrado a los tres jueces que finalmente la anularon. “Orgullosamente, soy la persona responsable de ese fallo”, dijo recientemente.
Aunque Biden anunció hace unos días su salida de la campaña, había prometido restablecer el derecho al aborto en el país. “La idea de que los Estados puedan hacer esto es como decir que vamos a devolver los derechos civiles a los Estados”, dijo en el debate. No obstante, la vicepresidenta Kamala Harris dejó claro en su primera declaración como candidata demócrata su posición como defensora de las mujeres, y esa es quizás una de sus mayores armas contra su contrincante. Aseguró que sabía que Trump, “si tiene la oportunidad, firmará una prohibición del aborto para prohibirlo en todos y cada uno de los Estados”.