Nueva York aprueba una ley para regular los algoritmos de las redes sociales y el uso de datos de los menores

Pocos días después de que la máxima autoridad sanitaria de EE UU plantease la necesidad de advertir del riesgo de las redes sociales para los menores, la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, ha firmado dos proyectos de ley para regular los algoritmos de las plataformas digitales y el uso de los datos de los niños. Esta medida sin precedentes convierte a Nueva York en el primer Estado que regula por ley los algoritmos de las redes sociales, mientras aumentan las denuncias por la adicción que supuestamente provocan a los más jóvenes populares plataformas como Instagram y TikTok.

La firma de Hochul, además, se produce la misma semana que Vivek Murthy, responsable federal de Sanidad, pidiera que se aplicaran etiquetas de advertencia como las del tabaco a las plataformas de redes sociales, atizando el creciente debate sobre el impacto potencial de estas en la salud mental de los usuarios, especialmente entre los adolescentes.

La primera ley, denominada Parar la explotación de la adicción de contenido para niños (SAFE, en sus siglas inglesas), obliga a las plataformas de redes sociales a mostrar por defecto los contenidos de forma cronológica para los menores de 18 años. La segunda, la Ley de Protección de Datos de Menores de Nueva York, impedirá que los sitios web recopilen o compartan los datos personales de los menores de 18 años sin su consentimiento, ampliando las protecciones de privacidad federales existentes para los menores de 13 años.

La primera norma también exige a las plataformas que limiten las notificaciones de las aplicaciones —diseñadas para incentivar la participación de los usuarios— a altas horas de la noche, pues, según los legisladores estatales, pueden dificultar el sueño. Ambas leyes se presentaron el pasado otoño y fueron aprobadas por la legislatura estatal a principios de junio. El Capitolio de Albany, sede del poder legislativo del Estado de Nueva York, ha saludado las dos medidas como un modo de control fundamental de la influencia de las redes sociales sobre los adolescentes.

“Hoy salvamos a nuestros hijos”, dijo Hochul en rueda de prensa. “Hemos escuchado sus gritos de auxilio, recordándonos como adultos que tenemos la responsabilidad moral de proteger a los jóvenes neoyorquinos del daño y de las fuerzas adictivas”. La política comparó la adicción de las redes con el tabaco y el alcohol, pero señaló que en este caso los daños para los usuarios son “la depresión, la ansiedad y hasta el suicidio”. Según una información publicada este jueves por el diario The Wall Street Journal, la red social Instagram recomienda vídeos de contenido sexual a cuentas de menores de 13 años, incluso minutos después de abrir la aplicación.

La fiscal general de Nueva York, la también demócrata Letitia James, abundó por su parte en los beneficios de la legislación, que mira de frente “los aspectos más peligrosos de las redes sociales, las adictivas alimentaciones de algoritmos que explotan las mentes impresionables.” “Estos proyectos de ley facultarán a mi oficina para establecer normas y garantizar que las empresas las cumplen”, dijo James. La fiscalía deberá redactar ahora las regulaciones concretas y Nueva York dará a las compañías un plazo de un año para implementar la ley.

Quienes se oponen al proyecto de ley, entre los que se incluye la industria tecnológica, sostienen que la legislación es probablemente inconstitucional porque vulnera los derechos de los niños amparados por la Primera Enmienda y plantea otras cuestiones sobre cómo pueden funcionar en la práctica las redes sociales más allá de las fronteras estatales. Un portavoz de Meta, la empresa matriz de las redes sociales Facebook e Instagram, trató de contemporizar y subrayó las objeciones de la compañía a algunos aspectos de las leyes, pero celebró también “que Nueva York se convierta en el primer estado en aprobar una legislación que reconoce la responsabilidad de las tiendas de aplicaciones.” La gran mayoría de los padres, recuerda el comunicado de Meta, apoya que se exija a las tiendas de aplicaciones la aprobación parental para descargarlas. “Vamos a seguir trabajando con los responsables políticos en Nueva York y en otros lugares para avanzar en este enfoque”, subrayó la compañía.

La creciente concienciación sobre la necesidad de proteger la salud mental, especialmente de los más jóvenes, está también detrás de otras iniciativas similares, como una de la ciudad de Nueva York, que en febrero demandó a varias redes sociales por “alimentar la crisis de salud mental juvenil”. La denuncia, que fue presentada en California contra TikTok, Meta, Snap y YouTube, de Google, sostenía que las tecnológicas manipulan y crean adicción intencionadamente a los más jóvenes. La demanda, suscrita por la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación y la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York —de quien dependen los extenuados servicios de salud mental—, alegaba que estas compañías manipulan y crean adicción intencionadamente a los usuarios de esta franja de edad, manteniéndolos atentos a sus plataformas y provocando en sus comportamientos efectos no deseables y a la postre nocivos para el desarrollo de la personalidad y la saludable convivencia con su entorno. La acusación se basaba en tres cargos, según las leyes del Estado de Nueva York: negligencia, negligencia grave y alteración del orden público.

Estados como Arkansas, Florida y Luisiana han aprobado leyes que restringen el acceso de las empresas de medios sociales a los adolescentes. El sector ha impugnado algunas de esas leyes, y los tribunales las han visto con escepticismo. Este año, en Ohio, por ejemplo, un juez federal bloqueó temporalmente una ley que prohibía a las plataformas en línea crear cuentas para usuarios menores de 16 años a menos que tuvieran el consentimiento paterno, alegando que la legislación probablemente viola la Primera Enmienda. Dos estados, Texas y Florida, han aprobado leyes que restringirían a las plataformas en línea la moderación de sus sitios; los recursos legales han llegado al Tribunal Supremo esta legislatura y se espera una decisión inminente.