Alto al fuego permanente ¡ya! en los territorios ocupados en Palestina y en Israel

El acuerdo para establecer una pausa humanitaria de cuatro días en los combates entre las fuerzas israelíes y de Hamás y otros grupos armados en la franja de Gaza ―que incluye liberar a 50 rehenes israelíes a cambio de la puesta en libertad de 150 personas palestinas detenidas―, dará un breve respiro a los más de dos millones de civiles que han sufrido la embestida diaria y despiadada de Israel en la Franja ocupada...

El acuerdo para establecer una pausa humanitaria de cuatro días en los combates entre las fuerzas israelíes y de Hamás y otros grupos armados en la franja de Gaza ―que incluye liberar a 50 rehenes israelíes a cambio de la puesta en libertad de 150 personas palestinas detenidas―, dará un breve respiro a los más de dos millones de civiles que han sufrido la embestida diaria y despiadada de Israel en la Franja ocupada.

Es urgente que esta pausa humanitaria se prolongue hasta convertirse en un alto al fuego permanente. Por eso, desde Amnistía Internacional hemos hecho un llamado a todos los negociadores implicados en ese proceso para que hagan todo lo posible para lograr ese objetivo. La secretaria general de Amnistía Internacional ha sido enfática en señalar que “la humanidad debe prevalecer, no sólo un poco de ella”.

Detener los combates durante unos días no es, ni de lejos, suficiente para aliviar los terribles daños causados a la población civil. El alto al fuego debe tener una duración suficiente que permita la circulación libre y segura de civiles, que les permita recuperar, sepultar y llorar a las personas muertas; debe permitir que el personal humanitario atienda y trate de manera adecuada a las personas heridas y que fluya la ayuda para reparar los hospitales y clínicas y recibir materiales esenciales.

Es igualmente urgente que se permita el acceso a la franja de Gaza a observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; de la Comisión de Investigación para Israel y los Territorios Palestinos Ocupados; del Relator Especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados; así como de la Corte Penal Internacional y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, para que investiguen la situación sobre el terreno, incluidos los ataques aéreos y terrestres ilegítimos y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes.

Respecto de las personas que permanecen como rehenes en Gaza, las autoridades israelíes han afirmado que son al menos 240. El derecho internacional prohíbe la toma de rehenes y el secuestro de civiles. Las personas tomadas como rehenes deben recibir un trato humano y con apego al derecho internacional, no deben ser exhibidas en vídeos en Internet ni coaccionadas para hacer declaraciones.

La información brindada por autoridades israelíes permite afirmar que entre las personas tomadas como rehenes hay 33 niños y niñas, personas mayores y personas extranjeras o con doble nacionalidad, así como soldados israelíes. Hamás ha liberado hasta ahora a cuatro mujeres rehenes civiles: dos el 20 de octubre —ambas ciudadanas estadounidenses— y dos el 24 de octubre.

Los Convenios de Ginebra, sus protocolos adicionales y el derecho internacional humanitario consuetudinario prohíben la toma de rehenes, que se considera un crimen de guerra. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define este crimen como el hecho de apoderarse de otra persona (rehén) o detenerla, y amenazarla con matarla, herirla o mantenerla detenida para obligar a un tercero a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la seguridad o la liberación del rehén.

Durante más de 40 días el mundo entero ha observado, con horror, que día a día más y más civiles pierden la vida. Estamos asistiendo a una catástrofe humanitaria sin precedentes: en Gaza han muerto más de 14.000 personas, entre ellas 5.500 niños. Más de 1.200 personas han muerto durante los ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados en Israel el 7 de octubre.

Amnistía Internacional documentó con pruebas violaciones del derecho internacional, incluyendo crímenes de guerra, cometidas por ambas partes en este conflicto: de un lado, el grupo armado Hamás tomó como rehenes a cientos de personas civiles y, a su vez, el Estado de Israel respondió con una devastadora campaña de bombardeos en Gaza y territorios aledaños, incluidos ataques indiscriminados e ilegítimos, con uso de sustancias prohibidas como el fósforo blanco. Además, el Estado de Israel intensificó el bloqueo ilegal a Gaza, que dura ya 16 años.

Violaciones al derecho internacional por parte del Estado de Israel

Desde 2007, Israel ha impuesto a la franja de Gaza un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo que castiga colectivamente a toda su población. En junio de este año, Amnistía Internacional publicó una investigación sobre la ofensiva del Estado de Israel contra la Franja realizada en mayo, en la que concluimos que Israel había destruido ilegalmente viviendas palestinas, a menudo sin necesidad militar, en lo que equivale a una forma de castigo colectivo contra la población civil.

En nuestro informe de febrero de 2022, Amnistía Internacional expuso cómo las fuerzas israelíes cometieron en Gaza (así como en Cisjordania e Israel) actos prohibidos por el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Apartheid, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil con el objetivo de mantener un sistema de opresión y dominación sobre los palestinos, constituyendo así el crimen de lesa humanidad de apartheid.

A partir del ataque armado de Hamás, el endurecimiento del bloqueo ilegal de Gaza por parte del Estado de Israel dejó a 2 millones de personas sin acceso a agua potable, alimentos, suministros médicos y combustible, y provocó el colapso del sistema sanitario en un momento en el que más de 25,000 personas están heridas. Al menos 1,5 millones de gazatíes han tenido que desplazarse forzadamente de sus hogares a causa de los ataques y de las órdenes del ejército israelí de que se trasladaran al sur de la Franja.

Las autoridades israelíes han aumentado el uso de la detención administrativa —una forma de detención arbitraria— de personas palestinas en la Cisjordania ocupada, han ampliado las medidas de emergencia que facilitan el trato inhumano y degradante de personas privadas de la libertad, y no han investigado los incidentes de tortura y muerte bajo custodia desde la escalada del conflicto.

Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han detenido a más de 2.200 hombres y mujeres palestinas, según el Club de Presos Palestinos. De acuerdo con la organización de derechos humanos israelí HaMoked, entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, el número total de personas palestinas recluidas en régimen de detención administrativa, sin cargos ni juicio, pasó de 1.319 a 2.070.

Nuestra colega Heba Morayeb, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, advirtió que la detención administrativa es una de las herramientas fundamentales de Israel para aplicar su sistema de apartheid contra la población palestina.

Las ejecuciones sumarias y la toma de rehenes perpetradas por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre son crímenes de guerra y deben ser condenados como tales, pero las autoridades israelíes no deben usar estos ataques para justificar ataques ilegítimos y castigos colectivos contra la población civil en una Franja de Gaza asediada.

Desde el 7 de octubre, según las autoridades de Israel, cuatro personas detenidas han muerto en instalaciones de detención israelíes en circunstancias que aún no se han investigado imparcialmente. Dos de estas cuatro personas son trabajadoras de la franja de Gaza ocupada, recluidas en régimen de incomunicación por el ejército israelí en centros de detención militares, cuyas muertes sólo se hicieron públicas por el ejército después de una investigación del periódico israelí Haaretz.

En virtud del derecho internacional, la tortura y otros malos tratos cometidos contra personas protegidas en un territorio ocupado es un crimen de guerra. La detención de personas protegidas fuera del territorio ocupado, como las personas palestinas procedentes de los Territorios Palestinos Ocupados que están recluidas en Israel, también constituye una violación del derecho internacional humanitario ya que equivale a traslado forzoso.

Firmas por la paz

Indignadas por los estragos causados a la población civil en la zona de Medio Oriente, un coro global de más de un millón de personas han firmado la petición de Amnistía Internacional exigiendo cese al fuego. Los días 11 y 12 de noviembre, activistas y simpatizantes alrededor del mundo realizamos activaciones para exigir que se proteja a toda la población civil en peligro: cientos de miles de personas nos manifestamos para reclamar un alto al fuego.

La única manera de evitar más pérdidas de vidas civiles y permitir que la ayuda vital llegue a quienes la necesitan desesperadamente en Gaza es que los Estados actúen para reclamar un alto al fuego inmediato y duradero que sea acatado por todas las partes del conflicto de la Franja de Gaza ocupada.

Un alto al fuego permanente brindará oportunidades para conseguir la liberación de más rehenes y llevar a cabo investigaciones internacionales independientes sobre los crímenes de guerra cometidos por todas las partes, con el objetivo de abordar la larga impunidad y las causas estructurales de este conflicto.

Desde Amnistía Internacional estamos convencidas que es posible poner al fin a la escalada constante de terror que viven millones de personas en Medio Oriente. Para ello, es esencial que todas las víctimas accedan a verdad, justicia y reparación, pero también es indispensable el desmantelamiento del sistema de apartheid que ha implantado Israel contra la población palestina.

Hoy más que nunca necesitamos unirnos y hacer presión a los Estados para demandar un alto al fuego inmediato y permanente, por ello desde este espacio invitamos a las personas lectoras a firmar la petición que tenemos en nuestra página, juntos y juntas podemos contribuir a poner fin al sufrimiento de la población civil en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel.