Los daños al erario de López Obrador

Como gatos al estambre. Cada cuatro meses la prensa se da un festín con los resultados de miles de auditorías que son publicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México. La emoción es comprensible. México tiene uno de los procesos de auditoría más complejos y dinámicos de Latinoamérica.

Lo malo es que pocos saben interpretar esos datos. Este año, la prensa reporta que el Gobierno de López Obrador gastó de manera irregular 67.000 millones de pesos, o 44.000...

Como gatos al estambre. Cada cuatro meses la prensa se da un festín con los resultados de miles de auditorías que son publicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México. La emoción es comprensible. México tiene uno de los procesos de auditoría más complejos y dinámicos de Latinoamérica.

Lo malo es que pocos saben interpretar esos datos. Este año, la prensa reporta que el Gobierno de López Obrador gastó de manera irregular 67.000 millones de pesos, o 44.000, o solo tuvo observaciones por 25.000. El nivel de indignación depende de qué fuente se consulte.

En este texto se muestra el resultado de analizar 20.804 auditorías hechas durante 19 años con lupa. Mostraré el tamaño real de las irregularidades encontradas en el Gobierno de López Obrador y la cantidad de esas irregularidades que, debido a su gravedad, ya han sido clasificadas como un posible daño al erario. Asimismo, ventilo cómo se compara la labor actual de la auditoría con la de años pasados. Esto es relevante porque el auditor superior fue seleccionado por Morena y ello ha levantado sospechas sobre su independencia. Finalmente, mostraré quiénes son los principales responsables de los daños al erario, y cómo las irregularidades se concentran en áreas prioritarias para López Obrador.

Las irregularidades

La prensa mexicana está subestimando la cantidad de irregularidades que se han encontrado en el sexenio de López Obrador.

Con base en los datos de la Auditoría Superior es posible identificar que falta documentación probatoria para 99.000 millones de pesos. Esta cantidad es exorbitante. Representa el 73% de la totalidad el gasto en pensiones para adultos mayores durante 2021.

No todas las irregularidades son igualmente graves. De hecho, una parte de ellas terminan siendo aclaradas a través del tiempo. Las que tienden a permanecer son las que desde un inicio la ASF clasifica como posibles daños al erario. Es por ello que la forma más segura de analizar los resultados de la auditoría es identificar dónde se encuentran estos casos.

Lo hice y López Obrador no sale bien parado.

La auditoría contabiliza 44.000 millones de pesos como posible daño al erario solo durante su primer año de mandato. Esto equivale a 1,6 veces el presupuesto total de Sembrando Vida, uno de los programas estrella de su Gobierno, y a casi el 100% de lo presupuestado para educación media superior este año.

A pesar de ello, resulta interesante notar que las irregularidades sí parecen ser menores con López Obrador que con Peña Nieto.

Durante el último año de Peña se encontraron 70% más irregularidades y 55% más daños al erario que durante el primer año de López Obrador. Es decir, en 2018 la ASF encontró irregularidades por 168.000 millones de pesos, de los cuales 68.000 fueron considerados posibles daños al erario. No hay un solo año en la historia de la Auditoría Superior en el que se hayan encontrado más irregularidades que en el último de Peña Nieto.

Menos auditorías

Lo que a muchos deja sin sueño es saber si la razón por la cual la Auditoría Superior le está encontrando menos irregularidades a López Obrador es porque el auditor fue electo con la anuencia de Morena.

Los datos no permiten determinarlo con certeza, pero lo que sí se observa es una tendencia a realizar menos auditorías que antes.

En lo que va del sexenio de López Obrador se han realizado 1.360 auditorías, lo que equivale a revisar el uso de 11 billones de pesos en un año. A Peña Nieto, en cambio, le auditaba un promedio anual 12 billones de pesos. Además, se le llegaron a realizar hasta 1.879 auditorías en un año. Esto significa que, en promedio, a Peña se le auditó 8% más dinero y se le hicieron 33% más auditorías anuales que a López Obrador.

La pandemia no fue la razón por la que se auditó menos en 2020. La cantidad de auditorías se determinó antes de que esta comenzara, el 12 de febrero del 2020. Más aún, en 2021 también se tienen planeadas relativamente pocas auditorías, un total de 1.506. Esto no es necesariamente malo. De hecho, la ASF hace demasiado y probablemente haría un mejor trabajo si se enfocara en tener menos auditorías con mayor calidad.

Lugares donde ocurren las irregularidades

Los resultados de las auditorías muestran que, a diferencia de lo que se piensa, la gran mayoría de las irregularidades del sexenio de López Obrador no se deben a la cancelación del aeropuerto de Ciudad de México. Si bien esa fue una decisión controversial y costosa, no se cuenta cómo daño al erario porque el gasto fue debidamente comprobado.

Los verdaderos daños a la hacienda pública se encuentran en partidas donde no se pudo comprobar el uso de los recursos. Esto sucedió sobre todo en el dinero gastado por los gobernadores, particularmente por una de las favoritas para suceder a López Obrador en la presidencia, Claudia Sheinbaum, el gasto en salud, y el de desarrollo económico.

Primero, se observan enormes irregularidades en el gasto que realizan los gobernadores. De hecho, solo estos gastos explican el 54% de los daños totales al erario documentados durante el sexenio de López Obrador.

Donde más irregularidades se observan es en Ciudad de México, con un posible daño al erario estimado en 8.000 millones de pesos.

La principal fuente de irregularidades es un caso reportado en la observación de auditoría 2019-A-09000-19-0621-06-001. Según se describe, el Gobierno de Ciudad de México debió haber reintegrado a la Tesorería de la Federación el uso de 4.600 millones de pesos. No se ha hecho. Tampoco se ha comprobado cómo se usó, si es que se usó. Además, la Ciudad de México realizó 818 pagos por montos mayores a los que establecen los tabuladores autorizados por el Seguro Popular.

Segundo, existen posibles daños al erario por 20.000 millones de pesos debido a tres partidas de salud. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) con un daño acumulado de 8.800 millones, el Seguro Popular con 7.400 millones, y el programa atención a la salud y medicamentos con 3.700 millones. El Seguro Popular se incluye porque existía en 2019 y por tanto es parte de las instituciones auditadas durante su sexenio.

Las irregularidades se explican por desórdenes administrativos, pagos irregularidades y dinero que quedó perdido. El IMSS, por ejemplo, recibió 1.300 millones de pesos para el programa de atención a la salud, pero aparentemente el dinero se perdió. Los recursos fueron transferidos a una cuenta concentradora y, de acuerdo con la auditoría 1.393, fueron usados para pagar dos cheques de proveedores. No hay comprobantes claros de quiénes eran esos proveedores o cómo se relacionaban con el programa original.

Finalmente, otra área con grandes irregularidades es el gasto en desarrollo económico donde se tienen documentados daños por 9.000 millones de pesos. Esta cantidad está integrada por la suma de más de 400 irregularidades entre las que destaca, por su tamaño, un caso de Pemex.

De acuerdo con la auditoría 392, Pemex Exploración y Producción incurrió en un posible daño patrimonial por 505 millones de pesos porque no penalizó a un contratista que le entregó un trabajo casi seis meses tarde. Al perdonarlo sin razón aparente Pemex perdió 26 millones de dólares. El caso resulta interesante porque desde 2016 la ASF ya había documentado que los contratos no se están dando por medio de licitaciones.

En general, lo que el análisis nos muestra es que la distribución de las irregularidades que suceden con López Obrador son muy distintas de las que veíamos con Peña Nieto. El sexenio pasado las más grandes irregularidades se observaban en Veracruz y Chihuahua, no en Ciudad de México. Además, los daños al erario se encontraban un poco más concentrados en gastos educativos.

Es claro que el desorden administrativo y los contratos a modo se están volviendo un lastre para el Gobierno. Se necesita una profunda transformación del servicio público a fin de que este se profesionalice a nivel federal y local. Sin ello, será imposible usar eficientemente el gasto para reducir la pobreza y la desigualdad.

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