El acceso a la salud en México: más de 50 millones de mexicanos con carencias

Socorro Romero García y su hija Patricia, de 33 años, han vivido 11 años entre hospitales y diagnósticos debido a la insuficiencia renal que padece Patricia. Los últimos años han pasado entre análisis, cócteles de medicamentos y a la espera de un trasplante de riñón que no llega. Dos veces por semana, doña Socorro viaja más de 30 kilómetros, desde el municipio de Nicolás Romero en el Estado de México al ...

Socorro Romero García y su hija Patricia, de 33 años, han vivido 11 años entre hospitales y diagnósticos debido a la insuficiencia renal que padece Patricia. Los últimos años han pasado entre análisis, cócteles de medicamentos y a la espera de un trasplante de riñón que no llega. Dos veces por semana, doña Socorro viaja más de 30 kilómetros, desde el municipio de Nicolás Romero en el Estado de México al Hospital General Eduardo Liceaga, en Ciudad de México, para acompañar a su hija a sus hemodiálisis, un tratamiento de tes horas a través del que limpian las toxinas de la sangre de su hija, como lo harían sus riñones si estuviesen sanos. “Lo más difícil ha sido la economía, tienes que ver cómo ir solventando los gastos. Al principio es doloroso, es agotador, lloras porque no tienes dinero ni para los pasajes. Afortunadamente la atención ha sido buena, pero sí hay medicamentos que tenemos que comprar y tengo un salario de 1.700 semanales, la enfermedad de mi hija y a más nietos que cuidar”, relata la señora Socorro sentada en un escalón, cercano a las inmediaciones del centro de salud, con un puñado de familiares que también esperan a sus pacientes afuera de uno de los hospitales públicos más grandes del país.

Romero García trabaja en el área de limpieza de un Walmart y al menos una vez por semana acompaña a su hija en sus estudios en el Hospital General. Pese a los kilométricos viajes y los obstáculos de la travesía la familia Romero García reconoce que la sanidad pública es su única alternativa porque no tienen los recursos para costear un tratamiento privado. “Es muy difícil tener a un hijo enfermo de por vida, te duele y hay un miedo constante de que se te muera, pero son ejemplos, de que no te puedes doblar, siempre hay que buscar soluciones”, afirma mientras se guarece bajo la sombra de un árbol de un sol de plomo y come un pedazo de chicharrón que ha comprado para distraer el hambre. Como ella, cientos de personas sin afiliación a algún sistema médico recurren a este centro médico, adscrito a la Secretaría de Salud, para una consulta regular o ante una emergencia. Solo en 2023, este hospital reportó un millón de atenciones, un 30% más respecto al año previo.

En México, el acceso a la salud sigue siendo un privilegio. El país tiene apenas 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de los 3,7 que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La protección de la salud con acceso y cobertura universal ha sido una aspiración por mucho tiempo en México, una meta que este Gobierno puso sobre la mesa apenas llegar en 2018. Seis años más tarde y con una pandemia de covid-19 inédita, el acceso de servicios de sanidad no solo no avanzó, sino que retrocedió para casi 30 millones de personas, según las cifras oficiales. La promesa de un sistema de salud igual al de Dinamarca ha quedado en retórica en el último tramo del Gobierno de López Obrador y, por el contrario, siguen sin subsanarse algunos de los problemas más latentes en esta materia desde hace dos décadas: déficit de personal, hospitales sin camas o equipos, citas de especialidad con filas de espera de meses y carencia de medicamentos que deben cubrir los propios enfermos.

De la eliminación del Seguro Popular al arribo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y ahora al Imss Bienestar, este Gobierno ha pasado por distintas facetas institucionales para abordar la cobertura universal. Sin embargo, la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Inegi publicada da cuenta que hasta 2023 un 62,1% de la población estaba afiliada en alguna institución de salud, una caída respecto al 82,5% de 2018.Las cifras del Inegi van en línea con los datos previamente publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): En 2022, 50,4 millones de mexicanos reportaron carencia en sanidad, un incremento del 150% respecto a los 20,1 millones de 2018.

Los especialistas en salud advierten que estos rezagos no pueden evaluarse sin considerar la inédita crisis sanitaria derivada de la irrupción de pandemia de covid-19. La evaluación de claroscuros en el sector salud pasa por reconocer que este Gobierno recibió un sistema de salud que venía languideciendo desde años atrás. Sin embargo, los expertos coinciden en que los distintos intentos de reorganización interna, la falta de un presupuesto robusto y el alud que supuso la crisis del coronavirus terminaron por desnudar las costuras de un sistema público sanitario que ahora tendrá que volver a replantearse si es que desea avanzar en la promesa de la cobertura de la sanidad gratuita para 129 millones de mexicanos.

La apuesta por una recentralización de la atención pública en sanidad

Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador apenas llegar a Palacio Nacional fue el garantizar la cobertura universal en los servicios de sanidad. Para alcanzar este objetivo, el Ejecutivo apostó por una reconfiguración institucional: eliminar el Seguro Popular, una herencia panista, y dar pie a la creación, en noviembre de 2019, del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) Tres años más tarde, debido a la falta de planeación, el Insabi naufragó y dio paso al llamado IMSS-Bienestar.

El director del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo, informó en abril pasado que ya operaban en 23 Estados del país y con una red de 635 hospitales ofrecían atención a 53,2 millones de mexicanos, un 85% de la población que no tiene seguridad social. Sin embargo, aún hay nueve Estados que decidieron no adherirse a este plan federal, entidades gobernados por partidos de la oposición, y mantienen bajo su gestión la administración y gestión de la salud. Algunas de estas entidades son Jalisco, Nuevo León, Querétaron, Yucatán, Guanajuato, entre otras.

Laura Flamand, coordinadora de las redes de estudios sobre desigualdades del Colegio de México, explica que el Insabi se creó con la intención de centralizar los servicios de salud en el Gobierno federal, una apuesta arriesgada debido a la grandeza y diversidad en las necesidades del país entre Estados. A la fecha hay un grupo de Estados que están en el Insabi y ahora el IMSS Bienestar, pero hay otras entidades que han optado por operar de manera local. La especialista refiere, con la perspectiva de la distancia, que era preferible optar por una transición gradual entre sistemas de salud, precisamente para evitar que la población se confundiese sobre qué tipo de cobertura tenía una vez que desapareció el Seguro Popular o el programa Prospera. “Lo grave de esto es que tú puedes tener un derecho, pero si tú no eres consciente de ese derecho, no lo puedes hacer exigible. Desmantelar sin tener un plan concreto creo que fue una equivocación”, zanja.

La irrupción de la pandemia de covid-19

En febrero de 2020, la Secretaría de Salud confirmó la llegada del coronavirus al país. El primer caso identificado oficialmente de un paciente de 35 años con antecedentes de haber viajado a Italia, fue el inicio de una travesía que a junio de 2023 sumó 7,6 millones de casos confirmados y 334.336 defunciones. Sin embargo, un reciente estudio independiente desafía los datos oficiales y afirma que 6,4 mexicanos de cada 1.000 murieron a causa de la pandemia, precisa el análisis. Se trata de una cifra casi tres veces mayor a la registrada por el Gobierno mexicano mediante el sistema de vigilancia epidemiológica.

Aún con la memoria fresca de los hospitales de camas sin ventiladores y las largas filas de familiares buscando tanques de oxígeno para auxiliar a sus pacientes de covid-19, los especialistas reconocen que la crisis sanitaria fue un factor determinante en el balance del sector. Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y quien fuese vocero de la Comisión Universitaria de la emergencia coronavirus apunta que la pandemia impuso una realidad que definitivamente tuvo un impacto sobre lo que ocurrió en el sector salud en México. “El gran disruptor es la pandemia porque cambió absolutamente las prioridades, las capacidades, la dinámica de todo el sector, sería injusto decir no se alcanzaron los objetivos como si no hubiera pasado nada en medio, como si no hubiera habido este fenómeno llamado pandemia de covid-19 que, en realidad, cambió todos los planes que podían haber tenido el Gobierno”, menciona.

Entre los aciertos en los que incurrió este Gobierno y derivó de la pandemia fue el desarrollo de una vacuna contra este virus, la vacuna Patria. “La vacuna Patria es una plataforma que se va a utilizar cuando se necesite en una emergencia y México no tenía eso en el 2019. La vacuna Patria nos va a servir para la siguiente pandemia. La experiencia que se tuvo con la vacuna de AstraZéneca para hacer parte de la producción en México eso también es un logro increíble y con la vacuna Cancino que también se hizo producción aquí en México. Necesitamos un programa nacional de desarrollo biotecnológico que nos que nos haga recuperar la soberanía y que no tengamos que depender de los insumos y del exterior”, afirma Rodríguez.

El experto toma de base los objetivos prioritarios delineados en 2020 por este Gobierno que hablaban de una reducción de mortalidad infantil, coberturas de vacunación o reducción de casos de dengue. Objetivos que a nada de terminar la pandemia no solo no se cumplieron sino que además se agravaron. Este documento menciona que si en 2016 el porcentaje de recetas surtidas en su totalidad era solo del 69%, se lograría llegar al 100% en 2024. Además, indicaba que al cierre de este sexenio el 90% de niñas y niños de un año de edad debería contar con el esquema completo de vacunación.

De la colaboración de la ONU a una “megafarmacia” para garantizar el abasto de medicamentos

López Obrador borró del mapa el sistema de compra y distribución de medicamentos que durante años llevaban a cabo el IMSS (la seguridad social mexicana) y las empresas farmacéuticas. Esgrimiendo de nuevo el argumento de la corrupción, decidió que todas las compras las centralizara Hacienda y una empresa pública llevara a cabo la distribución. Después, esa responsabilidad pasó al propio Insabi, en cooperación con la agencia especializada de la ONU. Y ahora, con los nuevos cambios, pasará de nuevo al IMSS y finalmente a una Megafarmacia del Bienestar, un almacén central desde el que se enviarán a los centros de salud más remotos las medicinas que les falten para surtir las recetas médicas.

“Habíamos tardado mucho en construir una unidad para compra consolidada en el IMS donde se planeaba con años de anticipación las compras de los medicamentos, la unidad tenía sus problemas tenía sus deficiencias, pero creo que hubiese sido mucho más afortunado si querían mover la unidad Hacienda por ejemplo y se trasladará ese personal a Hacienda, pero no perder a ese personal que ya teníamos y ahora la verdad ha sido una cadena de desaciertos”, refiere Flamand.

En medio de estos cambios administrativos e intentos fallidos y mientras los anaqueles seguían vacíos y las protestas de pacientes arreciaban, la Administración federal reculó y volvió a permitir la participación de algunos intermediarios en la compra de medicinas. En paralelo, tanto las entidades de sanidad Estatales como las dependencias gubernamentales como la Secretaría de la Defensa o la misma Pemex comenzaron a realizar sus propias adquisiciones de fármacos por separado. Los especialistas se muestran escepticos ahora sobre la eficiencia que pueda tener este mega almacen de medicamentos localizados en el municipio de Huehuetoca (Estado de México), en el centro del país. Las interrogantes principales versan sobre los tiempos y costos de distribución para los pacientes más alejados de este almacen, por ejemplo, si un paciente requiere un medicamento en Sonora o Baja California Sur.

Presupuesto al alza, pero insuficiente

El Presupuesto de Egresos de 2024 recortó en un 55% el desembolso a la Secretaría de Salud respecto al año previo para otorgar unos 97.000 millones de pesos, sin embargo, esta rebaja la reasignó al IMSS-Bienestar, el nuevo encargado de brindar atención médica gratuita. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMSS-Bienestar tendrá este año 128. 624 millones de pesos, un 14,5% más de lo que se aprobó en 2023 al Insabi. A pesar de los incrementos registrados en 2022 y 2023 al presupuesto de salud, para los expertos México sigue gastando poco respecto a lo recomendado internacionalmente.

México tiene el gasto en salud más bajo por habitante entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país cuenta con el gasto por habitante más bajo en salud entre los países de la OCDE, 1.181 dólares, cantidad que no sólo equivale a menos de una cuarta parte del promedio de la organización, que alcanza los de 4.986 dólares, sino que también se cuenta por debajo de economías latinoamericanas, como Colombia y Costa Rica.

Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, refiere que hoy lo que vemos y es muy claro a través de las encuestas de la Encuesta Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública es que el acceso a los servicios de salud es muy malo e insuficiente y, en consecuencia, los pacientes hoy más que nunca tienen que buscar su atención en los servicios privados. “La capacidad instalada de los servicios de salud no da para más, porque las instituciones no le ofrecen a la población la ubicación de los servicios que requieren. Las personas para ir a una clínica de atención médica del Seguro Social del IMSS o del ISSSTE se tienen que trasladar una hora, dos horas y llegan a un servicio saturado donde les prescriben los medicamentos, pero les pueden decir que no lo tienen en existencia. Yo creo que actualmente estamos peor que cuando empezó el sexenio y no necesariamente por un programa de la Administración, sino porque siempre sencillamente la pandemia vino a dar un golpe terrible”, asevera.

Flamand refiere que México está gastando por ahí de 4,5% del gasto total del PIB en salud mientras que la OMS recomienda destinar el 6% del PIB a este rubro. La experta advierte que desde 2015 el desembolso en salud en el país sufrió un duro batacazo y pese a los pequeños incrementos, éste no se ha recuperado. “Ya no podemos estar haciendo planes sexenales, tenemos que hacer un plan con el mayor consenso posible a 20 o 30 años, un plan que abone a batir las desigualdades entre subsistemas que ya proteja igual a la gente que tiene seguridad social y a la gente no asegurada y que también proteja del mismo modo a las personas en las diferentes entidades federativas. Es un sexenio de oportunidad perdida en salud creo que tiene que ver con que se atravesó la pandemia, pero creo que había la oportunidad para sentar las bases para un sistema universal y lamentablemente ni el gobierno, la construyó ni como sociedad la exigimos”, concluye la experta.

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